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Cristina Kirchner no formó parte de este juicio. No estuvo en el banquillo. Ni siquiera fue procesada por este caso. Pero la condena contra Lázaro Báez, a la pena máxima que el tribunal podía imponerle, es un golpe indudable para ella.
No solo porque no hay empresario que haya tenido una relación tan estrecha con Néstor Kirchner como la que tuvo Lázaro Báez, que fue su amigo y socio comercial. Sino, sobre todo, porque el Tribunal Oral Federal 4, por mayoría, vinculó a la vicepresidenta con la génesis del caso: sospecha que el dinero lavado vino, al menos en parte, de los presuntos negocios espurios que hizo Báez durante el gobierno de Cristina Kirchner, con contratos de obra pública que le habrían permitido hacer la fortuna que después lavó. Nunca antes la justicia argentina había dictado una sentencia semejante, condenando lavado de dinero de la corrupción al más alto nivel.
El impacto jurídico que tendrá sobre la vicepresidenta esta sentencia todavía se desconoce, pero se trata, de mínima, de un muy mal augurio, “una pésima señal” de lo que puede venir, tal como lo definió esta mañana un funcionario kirchnerista que cada día dedica horas a trabajar en la delicada relación del Gobierno con los jueces y, resignado, esperaba el golpe.
Si Báez hubiera sido absuelto, el kirchnerismo lo celebraría como la prueba de que las investigaciones por corrupción que avanzan contra la expresidenta no son más que una maniobra de lawfare de la que los propios tribunales desconfían. Pero sucedió todo lo contrario.
Los jueces no dieron a conocer todavía los fundamentos del caso. Cuando eso pase, se confirmará que el tribunal que condenó a Báez vinculó a Cristina Kirchner con el delito precedente de este lavado.
La incógnita era, desde hace semanas, si el tribunal iba a considerar como delito precedente solo el fraude tributario de Austral Construcciones o, también, los hechos de corrupción en la asignación de obra pública que se juzgan en el caso “Vialidad”, que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo. Por dos votos contra uno, incluyó los dos, según confirmaron a LA NACION dos fuentes del tribunal.
La sentencia ordenó decomisar ocho veces el monto lavado, que según el fiscal fueron 54.872.866 dólares. Un récord más en un caso sin precedentes: la primera gran investigación contra el empresariado kirchnerista, una causa en la que el juez responsable de la instrucción, Sebastián Casanello, siguió una ruta de cuevas de la city y guaridas off shore por el mundo, y en la que se incautaron activos como nunca antes se había hecho, por 200 millones de dólares.
El impacto sobre el caso Vialidad
Cristina Kirchner no fue parte de este juicio, pero está imputada -la imputó el fiscal Guillermo Marijuan– en una segunda parte del caso que todavía no fue elevada a juicio. Casanello la indagó y le dictó la falta de mérito. La orden de que la vicepresidenta fuera investigada en este expediente y citada a declarar como acusada la tomó la Cámara Federal. También fue la Cámara Federal la que le indicó al juez de instrucción que incorporara como delito precedente, además del fraude tributario, los hechos investigados en la causa Vialidad. Aquel fallo contra la actual vicepresidenta lo firmaron Martín Irurzun y Eduardo Farah, que paradójicamente fue repuesto este mes, a instancias del kirchnerismo, en la Cámara Federal, de la que había sido trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri después de que firmó la liberación de Cristóbal López.
El juicio en marcha que sí tiene a Cristina Kirchner en el banquillo es el del caso Vialidad. Se trata de un juicio que está lejos de una definición. Todo este año, y posiblemente parte del próximo, se lo llevarán las declaraciones de testigos, estiman funcionarios que trabajan en el caso. ¿Cómo impacta en ese juicio lo que resolvió hoy el TOF 4?
Se trata de investigaciones separadas y el hecho de que el tribunal haya incluido hoy como delito precedente el conjunto de hechos que se investigan en ese caso no implica un adelanto de culpabilidad sobre la vicepresidenta.
Un funcionario que trabaja en la acusación en el juicio por el reparto de la obra pública dijo a LA NACION que confía en que el fallo contra Báez tenga un “efecto empuje” y alegó que refuerza la sospecha sobre que Cristina Kirchner y Báez integraban una asociación ilícita.
En el Gobierno sostienen lo contrario. “Es una burrada jurídica”, dijo un funcionario kirchenrista la LA NACION.
El tribunal oral que condenó a Báez se apoya en que el lavado de dinero es un delito autónomo y en que la jurisprudencia y doctrina mayoritaria entiende que para dar por probado el origen ilícito de los fondos no hace falta una sentencia condenatoria del “delito precedente”. Hay decenas de fallos que ya lo han sostenido.
¿Pero qué pasaría si el juicio por el caso Vialidad determinara que no hubo delito? ¿Si dijera, por ejemplo, que los hechos que se le imputan al empresario no existieron? Por lo pronto, en la condena de Báez quedaría en pie el conjunto de ilícitos tributarios (la otra parte del “delito precedente”). Esos hechos se investigan en varios casos, pero ninguno está cerca aún de tener una sentencia. Contra el fallo lloverán recursos, pero la cantidad de procesos abiertos contra Báez hace muy difícil hoy pensar en un escenario en el que la condena pudiera ser revisada por la caída de todos los delitos precedentes.
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