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El asesinato de la psicóloga social María Rosa Daglio en Ramos Mejía perpetrado por Alejandro Miguel Ochoa, un motochorro a quien le habían concedido la prisión domiciliaria con motivo del coronavirus, reavivó la polémica por las liberaciones de detenidos durante la pandemia. “No existió ninguna política global de suelta de presos”, aseguró hoy el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien consideró esa percepción como “una irresponsabilidad absoluta que se instaló mediáticamente”.
En ese sentido, manifestó: “Es un disparate que no puede sostener nadie, ningún funcionario en su sano juicio puede abrir las cárceles con ninguna excusa -sea la pandemia o cualquier otra- para liberar gente procesada o condenada”.
Para justificar su afirmación, detalló para Radio La Red que del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -sobre cuya administración tiene potestad el Ministerio de Justicia- egresaron “por todo concepto, como libertad, cumplimiento de pena, traslados o arresto domiciliario” 13.200 personas, en 2018. Fueron -según indicó- 15.200, en 2019; y 9108, el año pasado, durante la primera ola de Covid.
“Se instaló una realidad porque era un discurso relativamente sencillo y fácil de que hubo una suelta masiva de presos por la pandemia. Nadie en su sano juicio puede hacer eso y no ocurrió”, insistió el funcionario cercano políticamente a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y que escolta ahora a Martín Soria en la cartera de Justicia.
“La pandemia generó esa discusión, la discusión se dio. Pandemia mediante salieron 5500 personas menos respecto de 2019 y no veo a nadie reclamándole a [el expresidente Mauricio] Macri y a [su ministro de Justicia, Germán] Garavano, qué hicieron con los presos”, remarcó, con respecto a la administración de Cambiemos.
A pesar de ello, admitió que sí hubo internos que egresaron de las prisiones federales debido a la pandemia de coronavirus. “Debe haber jueces que firmaron solturas anticipadas, pero porque correspondían en la ley”, comentó y agregó: “Habrá que analizar los casos concretos en que los jueces concedieron o no, el Poder Ejecutivo no dispone la libertad o el apresamiento de nadie, el Poder Ejecutivo administra las cárceles”.
En esa posibilidad de evaluar los casos concretos mencionó como “terrible” lo ocurrido en Ramos Mejía, donde Daglio murió por una hemorragia interna ocasionada por el golpe al caer al piso cuando el motochorro que había sido liberado en pandemia le intentaba quitar su cartera. “Eso sin duda que hay que analizarlo y corregir las situaciones de anomalías porque el daño que causa es irreparable”, expresó Mena.
LA NACION
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