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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) echó al “auditor militante” de la TV Pública, Rolando Oreiro, que debía investigar el retiro ilegal de $11,4 millones en bolsos en efectivo, ya que el auditor había sido designado en forma irregular para realizar su tarea en Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que está a cargo de Rosario Lufrano y maneja la TV Pública y Radio Nacional.
El organismo de control resolvió pedirle la renuncia al “auditor militante” luego de que Clarín informara que Oreiro estaba en una situación ilegal en la TV Pública, ya que había sido designado como auditor ahí en febrero del año pasado, pese a que había cobrado $5 millones por un retiro voluntario como auditor de la SIGEN en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en 2018.
Fuentes oficiales de la SIGEN confirmaron la “renuncia” de Oreiro, pero dijeron “desconocer los motivos”. Sin embargo, una fuente del Gobierno dijo a Clarín que “hubo un pedido de renuncia de la SIGEN por haber omitido en su declaración jurada que tenía un retiro voluntario”.
Es que, según la normativa vigente, el “auditor militante” no podía ocupar un cargo nuevamente designado por la SIGEN, con un sueldo bruto de $457.550 mensuales como auditor de RTA, hasta que pasaran por lo menos cinco años de su desvinculación de 2018.
Militante histórico del PJ porteño, Oreiro se mostraba abrazado a Cristina Kirchner en su perfil de Whatsapp, hasta que Clarín publicó esa información y cambió la foto por otra donde estaba solo y jugaba al fútbol.
El “auditor militante” Rolando Oreiro, en la nueva foto de su perfil en Whatsapp.
Cuando estalló el escándalo por el retiro irregular de los bolsos con dinero, Rosario Lufrano dijo que ordenó una “auditoría integral” en RTA, a cargo de la SIGEN.
En una entrevista que dio en esos días a Radio Rivadavia, Lufrano sostuvo que instruyó “al auditor externo” para que “tome cartas en el asunto, chequee cuánto dinero se había retirado, cuántas facturas hay para completar el total y si esas facturas están bien confeccionadas, si el detalle de lo que se compró se condice con el precio. Para que el auditor me informe, además, la cadena de responsabilidad. Por qué eso se realizó de esa manera”, dijo Lufrano.
Con sus antecedentes, crecían las sospechas de que la auditoría de Oreiro no tuviera la independencia necesaria para investigar a la gestión encabezada por Lufrano.
Ahora, con la renuncia del auditor que encabezaba esa investigación, se profundiza la crisis en la TV Pública y se demora la entrega del informe de auditoría hasta que la SIGEN designe a un nuevo auditor, algo que todavía no ocurrió.
Clarín pudo confirmar que la semana pasada también renunció Diego Pascual, el director de Personal de RTA, que se suma a otros dos despidos y tres directivos que tienen prohibido el ingreso al canal, como consecuencia del escándalo con los bolsos con dinero en la TV Pública.
En la conferencia de prensa de hace tres semanas, las autoridades de los medios públicos anunciaron el despido de Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas, y de Ernesto Molinero, gerente de Producción, que tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias.
Después de echar a esos dos funcionarios e intervenir las áreas implicadas, les prohibieron el ingreso al canal a Alejandro de la Torre, subdirector de Administración y Finanzas; Ariel Berliner, subgerente de Producción; y Andrea Mendes Guimaraes, jefa de Contabilidad de la TV Pública.
Se trata de empleados de planta permanente que están siendo auditados para ver qué rol tuvieron en este escándalo, ya que está prohibido el retiro en efectivo de semejantes montos de dinero y el pago en efectivo a los proveedores.
“Hasta que no se determine eso, por pedido de la auditoría que está realizando la SIGEN, no pueden ingresar al canal”, dijeron a Clarín fuentes oficiales.
Todos ellos están implicados en la operación ilegal de extracción de $11,4 millones en efectivo de una sucursal bancaria que está dentro del canal y su posterior distribución para pagar en efectivo a proveedores de la miniserie Los amores prohibidos de Belgrano.
El caso del “auditor militante”
El “auditor militante” Oreiro fue designado por el actual Gobierno como titular de la Auditoría Interna de la SIGEN en RTA, en febrero de 2020, pese a que Oreiro cobró alrededor de $5 millones por un retiro voluntario como auditor de la SIGEN en 2018, por lo cual no podía ocupar un cargo nuevamente designado por la SIGEN.
Previo a su renuncia, Oreiro aseguró a Clarín que renunció al cargo de auditor de la SIGEN en el INCAA “el 17 de abril de 2017, aceptada el 7 de junio de ese año por Resolución 102/17 (BO 33640). El importe del retiro se cobró en 2017 y había finalizado antes de mi inscripción en el registro de auditores”, dijo Oreiro.
Si bien es correcta la información respecto a la renuncia a su cargo en el INCAA, ya que se tuvo que ir cuando el Gobierno echó a su presidente Alejandro Cacetta y a dos gerentes del organismo oficial al quedar envueltos en un escándalo de corrupción, en abril de 2017; es imposible que Oreiro haya cobrado su retiro voluntario ese mismo año, ya que su fecha de adhesión al Plan de Retiros Voluntarios del INCAA fue el 14 de junio de 2018, tal como figura en la Resolución 1069/2018, firmada por su entonces titular Ralph Haiek.
De hecho, según fuentes consultadas por Clarín, Oreiro cobró un anticipo de $470.000 en agosto de 2018 por su retiro voluntario de la SIGEN, como empleado del INCAA, más otras 12 cuotas, que arrancaron en septiembre de 2018 con $161.000 y finalizaron en agosto de 2019 con $230.000. En total, Oreiro cobró $2.742.468, que a valores actuales serían alrededor de $5 millones.
El auditor planteó que luego de cobrar su retiro voluntario se inscribió en el Registro de la SIGEN, donde fue designado nuevamente como auditor, aunque esta vez en RTA, en febrero de 2020. “Suscribí contrato con la empresa bajo el régimen de Ley de Contrato de Trabajo, ya que la empresa se maneja por esa normativa contractual laboral y no por régimen de empleo público”, dijo Oreiro.
Sin embargo, un especialista en el sector público explicó que el Decreto 263/18, que establece la normativa para el Retiro Voluntario “es bien claro en su artículo 11, donde dice que ‘los agentes que accedan a cualquiera de los planes de Retiro Voluntario que se aprueban por el presente decreto no podrán volver a ser incorporados bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra por el término de CINCO (5) años contados a partir de su baja”. Y agregó el especialista: “Esa prohibición incluye a RTA, la empresa estatal que maneja la TV Pública”.
Ese es el motivo por el que ahora Oreiro tuvo que renunciar.
Fuente Clarin
