La Justicia realizaba un allanamiento en la mañana de este miércoles en el aeropuerto internacional de Ezeiza, relacionado con las irregularidades denunciadas sobre la empresa encargada de realizar los hisopados de diagnóstico de covid-19 a los pasajeros que arriban al país.
Al mismo tiempo, otro allanamiento se llevaba a cabo en la sede de Palermo de Aeropuertos Argentina 2000, informaron fuentes de esa empresa.
A la vez, según pudo saber Clarín, otros operativos se realizaban de modo simultáneo en una sede de Sanity Care Group, empresa que tiene a cargo desde hace años la atención médica en Ezeiza; y en la Fundación Educativa San Lázaro, una organización sin fines de lucro controlada por AA2000.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella.
“El allanamiento forma parte de la diligencia del proceso penal. La empresa está a la entera disposición de la Justicia”, señalaron a este diario desde Aeropuertos Argentina 2000.
El escándalo se originó cuando trascendió que los testeos en el aeropuerto de Ezeiza eran llevados a cabo por una empresa sin antecedentes en estudios clínicos.
Pocas horas después de que se conocieran los nulos antecedentes de la empresa en materia de análisis clínicos, Aeropuertos Argentina 2000 anunció que había iniciado una auditoría y que mientras tanto reemplazaría al sospechado laboratorio por uno de trayectoria.
El actor principal de esta trama es Marcos Aguirre, un prestador importante de PAMI y dueño de Sanity Care Group, quien había casi cerrado un acuerdo con la fundación Nexus para testear masivamente a los turistas.
Pero algo ocurrió y abandonó de pronto Nexus para armar una alianza con Bio Fab Reserch, del empresario Jorge Fabrello. Sucedió poco antes de que el Gobierno obligara a hisoparse a todos los viajeros que llegan del exterior. Un negocio pequeño se volvió millonario y Nexus, que se autodefine como “referente del sector” y amplios vínculos con el ministerio de Salud, quedó afuera. Los empresarios asocian el destape del escándalo de Ezeiza con esa ruptura.
Del nuevo acuerdo entre Aguirre y Fabrello nació LabPax, que el periodista de La Nación Diego Cabot descubrió más que floja de papeles. Fue creada de apuro por dos monotributistas sin antecedentes en servicios de salud. LabPax firmó un contrato con Aeropuertos Argentina 2000 y se quedó con el negocio.
En realidad lo firmó con la fundación San Lázaro, que maneja la sobrina de Eduardo Eurnekian, presidente de AA2000. La fundación recibiría el 15% de la facturación total. Mucho dinero. Como dueñas de LabPax figuran Paola Perillo Orellan y Laura Cáceres. Una está inscripta en la categoría más baja del monotributo con una facturación de $18.000 por mes. Su socia, un poco más: $34.700 mensuales.
Según recolectó Clarín, varios turistas se sorprendieron porque en Ezeiza los resultados de los hisopados se entregaban en menos de 5 minutos, cuando en realidad el test por antígenos debería demorar al menos 15 minutos. Eso generó muchas dudas sobre la calidad y seriedad de los diagnósticos.
En la lista de irregularidades también apareció la denuncia del bioquímico Jorge Chizzolini: se quejó porque todavía figura como director técnico de LabPax aunque ya no trabaja allí. Y acusó a la empresa de continuar utilizando su firma digital y matrícula profesional en los informes de los testeos.
El escándalo obligó a AA2000 a voltear el contrato con LabPax. “La compañía ha decidido reemplazar al prestador del servicio y ha propuesto a Stamboulian Servicios de Salud que asuma la dirección técnica e implementación de los testeos en nuestros aeropuertos”, señaló en un comunicado días atrás.
LGP
Fuente Clarin
