Por pascual Albanese
Decir que somos un país presidencialista es una obviedad constitucional propia de todo el continente americano. La singularidad de la Argentina, un país que combina instituciones débiles con una intensa participación popular, deriva de su carácter hiperpresidencialista. El Presidente de la República, que junto con su vicepresidente son los dos únicos mandatarios electos por el voto popular de toda la ciudadanía, es el vértice del sistema de poder. De su fortaleza o debilidad, depende entonces la solidez del sistema político. Es en vano discutir si está bien o mal. Mientras sea así, esa regla imposible de ignorar determina que la creciente devaluación del poder presidencial es la mayor dificultad que afronta hoy la gobernabilidad de la Argentina.
En los últimos días, esta situación de ingobernabilidad tuvo dos expresiones emblemáticas. Si el sábado 1° de mayo la expresión de esa evaporación del poder de Alberto Fernández presentaba como su síntoma más elocuente a la imposibilidad fáctica de remover al Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo (un episodio inédito en la política argentina de las últimas décadas), 72 horas después ese mismo debilitamiento se manifestó en la decisión de la Corte Suprema de Justicia que avaló el derecho de la ciudad de Buenos Aires a resolver sobre la continuidad de las clases presenciales en el distrito, en contraposición con el decreto de Poder Ejecutivo Nacional que prohibía su realización.
En ambos episodios quedaron en evidencia las dos caras más evidentes de esta crisis política. La permanencia de Basualdo ratifica hasta qué punto la hegemonía de Cristina Kirchner dentro de la coalición gubernamental limita el espacio de maniobra del gobierno. El fallo de la Corte, que en teoría resuelve un conflicto interjurisdiccional, en la práctica demuestra cómo el poder central no está en condiciones de garantizar el acatamiento de sus decisiones en el desafío más relevante que afronta actualmente la Argentina, que es la emergencia sanitaria. En el primer caso, Fernández se vio obligado a retroceder ante la jefa de la coalición oficialista. En el segundo, tuvo que hacerlo ante el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, erigido por imperio de las circunstancias en virtual jefe de la coalición opositora.
Lo que sucedió con Basualdo no constituye un acontecimiento de menor cuantía. El abierto desconocimiento de la autoridad presidencial, y de paso del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por un funcionario de tercer nivel en la estructura del Estado descolocó al Ministro de Economía, Martín Guzmán, y reduce sensiblemente su capacidad de interlocución en una instancia crucial de sus gestiones ante el Club de París y el Fondo Monetario Internacional para materializar una renegociación de la deuda pública.
En términos prácticos, la figura de Guzmán simboliza el principal nexo operativo entre la Argentina y la comunidad financiera internacional, en un mundo globalizado en el que la distinción entre el “adentro” y el “afuera” pertenece cada vez más al pizarrón de los académicos que a la realidad de los hechos. En ese posicionamiento, y no en su nula base de sustentación política interna, reside la única fuente de fortaleza del ministro, un poder intangible que sólo sería perceptible mediante su renuncia.
Pero los acontecimientos imprevistos no necesariamente son producto del azar. A veces son un subproducto de la necesidad. El factor detonante del conflicto desencadenado con Basualdo, que fue la discusión sobre el incremento de las tarifas de la electricidad es la punta del iceberg de un debate que condensa en un punto la encrucijada política del gobierno: el avance en el equilibrio de las cuentas públicas, una condición básica en la negociación con el FMI, cuya concreción demanda una progresiva reducción de los subsidios al consumo, o las exigencias propias de la contienda electoral que se avecina.
La resolución de ese dilema táctico deriva entonces de la evaluación política que la coalición gubernamental hace de su poder real. El “kirchnerismo”, cuya jefatura indiscutida corresponde a Cristina Kirchner, su sede operativa al Instituto Patria, su articulación organizativa a La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, y su base de sustentación territorial a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kiciloff, y en particular al conurbano bonaerense y más específicamente a su Tercera Sección Electoral, con epicentro en La Matanza, entiende que en esa contienda se juega su destino. Por eso tiene una respuesta inequívoca a ese interrogante: desde aquí hasta las elecciones legislativas no resulta conveniente adoptar ninguna medida que pueda afectar su bastión electoral en el Gran Buenos Aires.
Durante los próximos meses, la prioridad absoluta y excluyente del gobierno pasaría a centrarse entonces en la adopción de medidas orientadas a evitar el colapso del sistema de salud y a que el avance del actualmente lentificado proceso de vacunación, cuya aceleración tendrá que esperar probablemente hasta mediados de julio, unido a las expectativas favorables sobre un rebote de la actividad económica, incentivado por un escenario internacional extraordinariamente favorable para la Argentina, derivado de la recuperación de la economía mundial y reflejado en el fuerte incremento del precio de los commodities, fortalezcan la chance electoral del oficialismo.
En este contexto político corresponde inscribir el conflicto entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. Fernández, colocado en el medio en la puja entre Kiciloff y Rodríguez Larreta, no casualmente dos figuras que ambicionan disputar la sucesión presidencial, o sea su propia sucesión en el cargo, se vio forzado a laudar a favor del gobernador bonaerense, aunque sin llegar a avalar sus posturas más extremas en materia de restricciones adicionales al tránsito de personas en la región metropolitana.
El agravamiento de la situación sanitaria puso en blanco sobre negro una asignatura institucional irresuelta desde la reforma constitucional de 1994 que consagró la autonomía política de la ciudad de Buenos Aires. La región metropolitana, esto es la aglomeración poblacional más importante de la Argentina, adolece de la ausencia de instancias regulatorias que le permitan establecer políticas conjuntas en diversas materias que así lo requieren. En ese sentido, saltó a la vista que las discrepancias de criterio entre ambas jurisdicciones generaban problemas adicionales que bordearon el ridículo con los controles sanitarios de la policía bonaerense a los ocupantes de los automóviles que ingresaban a su jurisdicción desde la ciudad de Buenos Aires.
Esa antigua falencia institucional fue suplida políticamente durante los primeros meses de la pandemia por el entendimiento entre Fernández, Kiciloff y Rodríguez Larreta, en una etapa de concordia que coincidió con el espectacular ascenso experimentado en la imagen presidencial en todas las encuestas de opinión pública. Pero precisamente ese fortalecimiento de la autoridad presidencial, forjado a través de ese incipiente consenso político con la oposición, fue dinamitado por el “kirchnerismo” a fin de evitar que su profundización abriera camino hacia una reformulación del sistema de poder instaurado en diciembre de 2019.
Resulta entonces que el fallo de la Corte contra un decreto gubernamental que, según el tribunal, afectaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es una consecuencia directa de la ruptura de aquel consenso político construido en medio de la emergencia en marzo de 2020. Con un agravante, no menos paradójico: cuando Cristina Kirchner logra alinear al gobierno en su ofensiva a fondo sobre la actual estructura del Poder Judicial, en un giro materializado con la renuncia de la Ministra de Justicia, Marcela Losardo, y su reemplazo por el rionegrino Martín Soria, la Corte Suprema de Justicia se transforma en la máxima instancia de decisión en el conflicto político más relevante de los últimos tiempos. Previamente, otro fallo, originado en una acción de amparo presentado por la empresa Telecom, propiedad del Grupo Clarín, declaró la inconstitucionalidad del decreto que declara de interés público al servicio de telecomunicaciones y una sala de la Cámara del Crimen intimó al Poder Ejecutivo a no dictar nuevos decretos de necesidad y urgencia durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
Estos hechos ratifican, aunque en una escala muchísimo más vasta, una constante: todas las veces que la vicepresidenta impuso una iniciativa política de envergadura, el gobierno sufre una derrota política. Sucedió en abril del año pasado con el debate suscitado sobre la liberación de presos comunes a principios de la pandemia, siguió con el fracasado intento de la expropiación de Vicentín y continuó con el proyecto de reforma judicial aprobado por el Senado y dormido en la Cámara de Diputados.
Esta secuencia está inexorablemente condenada a repetirse con el proyecto de unificación del sistema de salud, propuesto por Cristina Kirchner en un acto en diciembre pasado en La Plata, con la propuesta de estatización de la Hidrovía, impulsada desde el Instituto Patria, y desde ya también con cualquier tentativa de modificar la composición y/o las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, cuya concreción requiere de mayorías parlamentarias especiales que el oficialismo no está en condiciones de conseguir ni aún con el mejor de los resultados posibles en las elecciones legislativas.
El balance de esta sucesión de acontecimientos es que en los últimos doce meses la imagen de Fernández, que había trepado a niveles muy superiores a los de Cristina Kirchner, tiende a acercarse a los niveles de aceptación y de rechazo de la vicepresidenta. Esa mimetización permite que ambos puedan responder de un modo bastante semejante al fallo de la Corte, obviando el hecho, gustosamente señalado por sus críticos, de que en junio de 2013, ante una reacción similar de la entonces presidenta en el debate sobre la ley de “democratización de la justicia”, que también fue declarada inconstitucional por la Corte, Fernández señalara que “si Cristina Kirchner no entiende por qué la Corte es un “contrapoder”, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional”. En aquella oportunidad, corresponde reconocerlo, la vicepresidenta fue extremadamente coherente con su actual criterio: “Cuándo alguien plantea al Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, yo me pregunto: ¿contrapoder de quién?, contrapoder del pueblo”.
Por aquella gráfica y tan recordada expresión de Cristina Kirchner de que “todo tiene que ver con todo”, el pedido de renuncia a Basualdo, con su impacto sobre el ministro Guzmán, y por ende para la necesaria vinculación de la Argentina con el sistema financiero internacional, más que una nueva demostración del dominio de la vicepresidenta dentro de la estructura gubernamental, puede interpretarse entonces como un nuevo signo del paulatino debilitamiento del vértice del poder político, con el consiguiente riesgo para la gobernabilidad, en circunstancias en que tampoco la oposición institucional tampoco estaría, ni por asomo, en condiciones de ocupar un eventual vacío de poder.
En ese sentido, y en un momento caracterizado por la agudización de la crisis del vértice del poder central, corresponde puntualizar que otra de las consecuencias políticas de la decisión de la Corte es una ratificación del principio constitucional de las autonomías provinciales, encuadrado en lo que los especialistas definen como el ”federalismo de concertación”. Al respecto, el fallo de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossatti, que tiene el singular valor agregado de estar suscripto por dos convencionales constituyentes que participaron 1994 en la redacción del actual texto constitucional, contiene un párrafo contundente: “El ideario federal en que descansa nuestro sistema de gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios coordinan sus facultades para ayudarse y nunca para destruirse”.
Cabe recalcar el hecho, no necesariamente paradójico, de que tres de los cuatro magistrados que fallaron a favor del reclamo de la ciudad de Buenos Aires, pertenecen a la Región Centro (Maqueda a Córdoba y Rosatti y Ricardo Lorenzetti a Santa Fe) y forman parte de lo que durante el gobierno de Mauricio Macri llegó a calificarse, casi despectivamente, como la “mayoría peronista” de la Corte. En efecto: los tres comparten un inequívoco origen peronista. Más aún: mal que les pese a algunos combativos voceros oficiales, Maqueda fue ministro de José Manuel De la Sota en Córdoba y Rosatti intendente de Santa Fe y luego Ministro de Justicia nada menos que con Néstor Kirchner.
Estas referencias exceden lo meramente jurídico. Apuntan también a que los gobernadores, una categoría a la que quedó legalmente asimilado Rodríguez Larreta, no sólo resultan políticamente fortalecidos por el contenido de un fallo que limita la discrecionalidad del poder central, sino que están cada vez más impelidos a asumir un protagonismo en la actual coyuntura. Ciertos movimientos atribuidos al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y también a algún otro mandatario peronista, como el sanjuanino Sergio Uñac, así como en otro plano el factor disrruptivo que implica el lanzamiento de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires, indican que algo está empezando a moverse en esa dirección, con tiempos que, como sucede en las situaciones de crisis, nadie está en condiciones de prever y mucho menos de manejar.
