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El Ministerio de Economía autorizó el incremento en un cargo que está en las facturas de gas. Se trata de un porcentaje de las boletas que está destinado a un fondo especial, que se utiliza para proteger a las denominadas “zonas frías” (con menor temperatura que el promedio nacional). Ese renglón representaba un 4,46% sobre el precio del metro cúbico de gas natural que se consuma o comercializa en todo el país. Desde el 1° de septiembre, pasará a representar un 5,44%.
El Gobierno dice que el impacto en los bolsillos será mínimo, mientras que en la oposición lo ven de otra manera.
La ley de zonas “frías” permite que, además de las provincias patagónicas paguen menos por el gas, zonas como Malargüe (Mendoza) y la Puna. (Noreste). “También se agregan zonas frías en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, San Juan, San Luis y Santa Fe. Solo en Buenos Aires pasamos de 11.000 beneficiarios a 1,2 millones”, puntualiza Federico Bernal, interventor del Enargas.
“Los descuentos serán del 30% para 2,6 millones de usuarios y usuarias nuevos y del 50% a unos 400.000 que además hoy por hoy reciben la tarifa social”, explicó.
Según el funcionario, el incremento en las facturas será de entre $ 4 y $ 5 mensuales, por lo que prácticamente no se sentiría en los bolsillos.
“No es fiscalmente neutro y se incrementará con el tiempo. El punto porcentual adicional (la tasa que sube del 4,46% a 5,44%) implicará un aporte adicional de $3.000 millones de parte del Tesoro para cubrir un mayor aporte de Cammesa si no se incrementa el precio mayorista y su traslado a tarifas eléctricas”, define Mauricio Roitman, presidente del directorio de Enargas en la administración anterior, puesto al que llegó tras un concurso.
“Como se cobra sobre el metro cúbico de gas, el 80% lo paga la industria y usinas (es decir la administradora Cammesa)”, agrega Roitman. La oposición estima un costo fiscal mínimo de entre 3.000 millones y $ 8.000 millones.
El precio de gas está siendo pagado más caro en el invierno -algo que siempre sucede- y por ende, el fondo que recauda este concepto engordará, aún previo a la suba en el cargo de las facturas. A eso hay que sumarle el aumento en la tasa (del 4,46% al 5,44%). En total, son alrededor de $ 8.000 millones.
Por las características, este fondo no tiene que tener superávit, es decir que todo el dinero debe volcarse a descuento en las zonas frías.
Las provincias patagónicas ya cuentan con un 50% de descuento sobre su cuadro tarifario plano. Ahora se agregan más zonas del país, con descuentos de hasta el 70% (en sectores vulnerables) y 50%, para la nueva cobertura.
“Se subsidia el consumo de un combustible fósil (a contramano del mundo y los acuerdos de internacionales del G-20) y se reducen los incentivos a la eficiencia energética”, critica Roitman, quien expuso junto a la bancada de senadores de Juntos cuando se trató esta ley.
“Además, produce un descalce de IVA de las distribuidoras que, por la normativa vigente, debe cubrir el Estado. Se tarda mucho tiempo (más de un año) en recuperarlo) y afecta el OPEX (el gasto operativo) de las empresas que seguramente efectuarán reclamos de “asistencias” (subsidios) al Estado con la ley de su lado”, observa. Se abrirá la puerta para nuevos conflictos judiciales.
“Es un subsidio pro-rico con un enorme problema de inclusión en un contexto aguda restricción fiscal. El propio ministro Guzmán había pedido mantener subsidios energéticos en 1,7% PBI ( y se oponía a subsidios pro-rico con 57% pobreza infantil”, indica Roitman.
Los hogares de altos ingresos de las zonas denominadas “frías” recibirán rebajas por su ubicación geográfica, con independencia de su poder adquisitivo.
“El CEDLAS (de la Universidad Nacional de La Plata ) muestra que la tarifa social es mejor que subsidios generalizados al gas y electricidad. ¿Por qué no se usa y mejora esa herramienta y se insiste con subsidios generalizados y la misteriosa “segmentación tarifaria”?”, plantea Roitman.
Fuente Clarin
