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Por Eduardo Van Der Kooy
Disconforme con la gestión de Alberto Fernández, la vice dedicó el año electoral a sus causas. Logró dos sobreseimientos, evitando juicios, y reclama otro en una causa por lavado de dinero que involucra a sus hijos.
Cristina Fernández da por perdida la elección legislativa. Eso explicaría por qué razón durante el año electoral y en plena campaña decidió enfrentar una encrucijada desdoblada: en primer término, la que plantean desde hace años sus causas de corrupción; en segundo, la atención imprescindible y repentina de su salud.
No existe garantía, aunque haya voluntad, que la vicepresidenta pueda estar activa y presente en tres momentos cruciales que le aguardan al Gobierno. El cierre de campaña el jueves, la noche del domingo 14, los días posteriores que exigirán, según el desenlace, alguna reconfiguración en el poder.
Esta última resultaría, tal vez, la instancia menos problemática. Cristina hizo flamear a Alberto Fernández tras la debacle en las PASO con la simple divulgación de una epístola. De la misma manera, a fines de 2020, había comenzado a marcar diferencias con la gestión. Seguro que en esta coyuntura no será prescindente.
Si se toma como referencia aquella carta inaugural podría entenderse la aceleración que Cristina buscó imprimir a su compromiso judicial. ¿Actuarán del mismo modo los jueces de Comodoro Py si se consolida la derrota en las legislativas? ¿O evitarán, mientras se definen los vientos políticos, pronunciarse sobre otras cinco investigaciones que la ex presidenta tiene todavía en curso? Ella conoce como pocos la sensibilidad del Poder Judicial para amoldarse al posible nacimiento de nuevos tiempos.
La vicepresidenta logró sacarse de encima este año dos mochilas incómodas. En abril obtuvo el sobreseimiento, junto a Axel Kicillof, en la causa por la venta del dólar a futuro. Fue obra de la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. En octubre, recibió el mismo perdón por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Sin dudas, la decisión política más aberrante de sus dos mandatos.
Cristina Kirchner en la audiencia especial pedida por ella para argumentar la invalidez del juicio por el Pacto con Irán.
La causa había sido elevada a juicio oral. Fue anulado por el fallo de los jueces Daniel Obligado, Gabriela López Iñiguez y José Michilini, miembros del Tribunal Oral Federal 8. Con un prólogo sin antecedentes que el fiscal Marcelo Colombo se negó a desestimar: una audiencia especial pedida por Cristina para argumentar la invalidez del juicio.
El pasado 21 de octubre, con el trabajo del procurador del Tesoro, Carlos Zannini y la titular de la ANSeS, la camporista Fernanda Raverta, obtuvo una recompensa económica que había sido judicializada en tribunales en épocas de Juntos por el Cambio. Se le concedió el cobro de la doble pensión vitalicia. Se trata se $ 2.500.000 mensuales con una retroactivo que alcanza los $ 120.000.000.
Reeditando una mecánica similar a los dos primeros casos, la vicepresidenta y sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia, solicitaron la semana pasada la nulidad de las causas Los Sauces y Hotesur. Emprendimientos hoteleros e inmobiliarios que, estableció la investigación judicial, habrían servido para el lavado de dinero. Proveniente de los favores de obras públicas concedidos a los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López.
Asuntos de familia
La premura de Cristina posee un motivo adicional a todas las demás causas que la involucran. Es la única que abarca a su familia. Incluida Romina Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Hermana del ex presidente fallecido.
El asunto más delicado sería el de Florencia. Distanciada de las actividades políticas. Sin fueros, a diferencia de su hermano. Hay evidencias que la comprometerían. Su condición de accionista a partir del fallecimiento de su padre en 2010. En especial, su nominación en el directorio de Los Sauces-Hotesur, como vicepresidente de su hermano, a partir de mayo del 2012.
Las anomalías no se verificarían solo en los procedimientos financieros. Hay desprolijidades llamativas. En el caso Los Sauces, dedicada a tareas inmobiliarias, su domicilio fiscal y sede social fue fijado en una dirección falsa. No fue posible corroborar ni un lugar físico ni una página web para una organización que decía dedicarse a las locaciones. Los únicos que conocían el secreto bien guardado, al parecer, eran Báez y López.
El abogado defensor, Carlos Beraldi, tomó argumentos del sobreseimiento del Memorándum de Entendimiento con Irán para reclamar el mismo beneficio para sus defendidos en aquella causa. Mencionó la “inexistencia de delito”. Subrayó la “inexistencia de los supuestos delitos precedentes de las maniobras de activos imputadas”.
Sucede que el “delito precedente” es la ruta del dinero K de la obra pública con juicio en desarrollo. Con pereza, transita aún la etapa de declaraciones de testigos. Solo si concluyera con un sobreseimiento para los imputados (entre ellos Cristina, Báez y el ex secretario de Obras Públicas, José López, el célebre hombre de los bolsos liberado el viernes por la noche) podría calzar aquel fundamento de Beraldi.
La causa produce deslizamientos judiciales y políticos. Incumbe al Tribunal Oral Federal 5 que en abril del 2021 ordenó el cese de la intervención a las sociedades de la familia Kirchner. Dispuso la devolución de la administración. Pero hubo votación dividida. Daniel Obligado (el juez de los múltiples beneficios a Amado Boudou) y Adrián Grunberg se pronunciaron a favor. Adriana Pallioti, en contra. Las diferencias internas no están saldadas.
También un sismo se produjo en la Unidad de Información Financiera (UIF). Allí renunciaron su titular, Carlos Cruz y la segunda, Mariana Quevedo. Cruz había llegado de la mano de Alberto. Se vinculó el episodio solo a una presunta mala praxis en relación al escándalo de los Cuadernos de las Coimas. Donde fueron sobreseídos, como arrepentidos, dos ejecutivos de la empresa Techint. Hubo mucho más que eso.
La UIF ha tenido relación directa con la causa Los Sauces-Hotesur. Refiere justamente al presunto lavado de dinero. A juicio de Zannini, el organismo no habría demostrado una actitud consecuente con las necesidades de Cristina. Antes de la cúpula, había sido removido un grupo de abogados intervinientes en la causa. Se adujo que respondían a la administración anterior, del macrista Mariano Federici. Se omitió explicar que el malestar respondió a no haberse prestado a ciertas argucias para ayudar a tumbar, como ahora pretende la vicepresidenta, aquel juicio por lavado.
Todo el trámite kirchnerista en la Justicia ha sido, por razones políticas entendibles, discreto y subterráneo. Distinto a otro caso que estalló en el tramo final de la campaña: la acusación a Mauricio Macri por espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, desaparecido en 2017. Se advierten contrastes notables entre esas situaciones. La lentitud y la infinidad de escollos en cada tema que involucra a Cristina. La celeridad en la causa de espionaje por una tragedia que conserva la mayor deuda con la sociedad: nunca se han terminado de conocer las razones de aquel hundimiento.
Nadie podría cuestionar la diligencia del magistrado, algo que escasea en el Poder Judicial. Tampoco la necesidad que el ex presidente aclare tareas poco transparentes de la AFI durante su Gobierno. La mancha fueron las improvisaciones. Martín Bava, de él se trata, ex combatiente de Malvinas, arrancó su carrera como juez federal en lo Civil y Comercial de Azul. Auspiciado por el ahora gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Dio el salto al Juzgado de Dolores gracias a Alejo Ramos Padilla.
El juez Martin Bava de Dolores. Foto Juano Tesone
Bava hizo una primera citación sabiendo que Macri estaba en el exterior. Corrigió la fecha para su regreso. No pudo tomarle declaración porque omitió pedir el relevamiento del ex presidente del secreto sobre información de Inteligencia. Esperó el decreto respectivo de Alberto y volvió a llamarlo. Aunque la Cámara Federal de Mar del Plata dio curso al incidente acerca de su pedido de recusación. Ese conflicto está previsto que sea resuelto recién dos días antes de las legislativas.
¿No hubiera sido más prudente, antes de la citación, aguardar el veredicto de la Cámara? ¿O era perentorio el espectáculo, con el cual colaboró el macrismo, por exigencias de campaña?. Si la Cámara avala el pedido nada de lo actuado por Bava tendrá validez. El kirchnerismo sigue creyendo que la figura de Macri es el último dique que le queda para evitar, quizá, la perforación del voto duro que lo acompaña hasta ahora.
Nadie sabe, a esta altura, si el Presidente considera, de verdad, lo mismo. Ha repetido ese libreto incluso en sus mensajes de la gira por Roma, en el G-20, y Glasgow, en la cumbre del Clima. Quizás para enmascarar una realidad que hasta el domingo 14 no tiene solución. Luego se verá. Carece de margen interno para ensayar otra cosa. El kirchnerismo marca límites y el viejo peronismo y los sindicatos están agazapados aguardando el desenlace electoral.
Cada uno de sus acercamientos al Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar resolver la multimillonaria deuda fue petardeado desde aquí. También los del ministro de Economía, Martín Guzmán. Su roce fugaz con líderes mundiales tampoco convenció. Hasta trató de ocultar un encuentro con Máxima Zorreguieta, reina de Holanda y asesora financiera del titular de la ONU. La relación que tuvo su padre con la dictadura cae mal al kirchnerismo.
No bien regresó al país Alberto apeló a las compensaciones. Compartió la presentación de un libro con Evo Morales, que llegó a la Argentina en un avión de Nicolás Maduro. El régimen venezolano empieza a ser investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Departió también con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, prófugo de la Justicia en su país. Así será difícil que algún horizonte amanezca.
Fuente Clarin
