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El presidente Alberto Fernández encara la segunda parte de su gestión dejando atrás las elecciones de medio término, con la esperanza de haber superado la peor parte de la pandemia y buscando rediseñar su relación con diversos actores políticos e institucionales, entre ellas, la que lo une a los mandatarios provinciales.
Tal como adelantó en sus discursos de la última semana, el Presidente enfrenta un mes de diciembre clave para avanzar en el diálogo con la oposición y la elaboración de un plan plurianual que enviará al Congreso y que fijará las metas económicas para los próximos años, de cara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien la agenda de los próximos meses parece tener como tema excluyente el acuerdo con el FMI -y más allá de la posibilidad de que algunos de los gobernadores opositores sean convocados al diálogo anunciado días atrás por el Jefe de Estado- el vínculo entre la Presidencia y las capitales provinciales será, obligadamente, en base a un temario más amplio.
En la Casa Rosada se entiende que el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro son dos interlocutores privilegiados para llevar adelante la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jurisdicciones.
“Se conocen, saben trabajar en tándem”, comentó a la agencia de noticias Télam una fuente que trabaja cotidianamente con ambos.
La coordinación entre Manzur y De Pedro hace que, por estas horas, sean vistos en los pasillos de Balcarce 50 como los posibles encargados de llevar adelante un “capítulo de reuniones extraparlamentarias” por el tema FMI con los mandatarios provinciales, mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, podría hacer lo propio desde el Congreso con los representantes legislativos.
Pero, por fuera del tema central que supone la negociación por la deuda, la relación estará signada en el corto plazo por el Consenso Fiscal que, desde hace varios años, se firma a mediados de diciembre.
Respecto de la adhesión o al posible rechazo a ese compromiso, los equipos que ya trabajan en la confección de borradores subrayan que, desde que Alberto Fernández llegó a la Presidencia, los acuerdos fiscales han sido suscriptos mayoritariamente, con niveles de adhesión mayores a los conseguidos durante el macrismo.
“El primer año, sólo faltó un gobernador que no había asumido. El año pasado, (Horacio) Rodríguez Larreta y (Juan) Schiaretti. La verdad, no es una cuestión de que los opositores no firman. Firman por que tenemos un muy buen diálogo con los gobernadores opositores”, señalaron en Casa Rosada.
De Pedro, desde el inicio de su gestión, ha buscado diferenciarse del macrismo, al que califica como “discrecional” a la hora de distribuir recursos y obras: en ese análisis incluye el otorgamiento -por decreto- de fondos para la Policía de la Ciudad y el financiamiento del “Paseo del Bajo” porteño, que podría haberse utilizado para decenas de obras vitales en las provincias.
“Tuvimos una fuerza política que gobernó cuatro años, centralista, una fuerza política que nació en la Ciudad de Buenos Aires con un desprecio hacia la política y el interior”, dijo en un acto junto a Juan Manzur.
El tucumano, por su parte, conoce en carne propia los avatares que puede suponer el consenso fiscal.
Esta semana, una persona que trabaja cotidianamente junto al Jefe de Gabinete comentó a la prensa acreditada en Casa Rosada el traumático vínculo que mantenía con el macrismo: “No le giraban fondos y le proponían que se endeudara, cosa que el no hizo. Durante al menos dos años, Tucumán vivió prácticamente con lo suyo, pagando sueldos y pudiendo hacer muy pocas cosas de las importantes”.
Pero, además de la cuestión fiscal, la relación entre el Gobierno y los estados provinciales estará mediada por la obra pública, una inversión “virtuosa” desde la perspectiva social, porque impulsa especialmente el empleo local y, con él, la reactivación de la economía.
En lo que refiere a la planificación y la ejecución de los emprendimientos hay dos oficinas que son centrales: la de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis; y el Ministerio de Hábitat, de Jorge Ferraresi.
Cerca del exjefe comunal de San Martín exhiben en estos días una planilla de cálculo que muestra montos millonarios, con emprendimientos en ejecución y por ejecutar, distribuidos de manera federal.
“Las obras llevan diferentes tiempos. Están las que se realizan en 2, 3 meses, varias en medio año y muchas en 2, 3, 4, 5 años o más, dependiendo del tamaño y el impacto. Entonces los valores no pueden ser tomados como valores absolutos del año 2021 o 2021/2022, porque hay trabajos que se extienden más allá del 2023 incluso”, explican desde esa repartición.
Aclarado ese punto, el Ministerio tiene bajo el concepto “proyectos” unas 1382 obras por 170 mil millones de pesos distribuidas en todo el país.
Por otra parte, en Hábitat afirmaron que en diciembre de este año estarán entregando la vivienda número 30 mil y que habrá 115 mil en ejecución.
En ese punto, el trabajo de los gobernadores es preponderante ya que la concreción de los desarrollos habitacionales depende -en buena medida- de la capacidad de los ejecutivos provinciales para conseguir terrenos y dotarlos de conectividad.
Así, con interlocutores probados, con otros que aportan desde la experiencia de haber estado “gestionando desde el otro lado del mostrador” y a través de la obra pública, la Casa Rosada buscará reforzar su presencia en el territorio.
Al ser consultado sobre lo que vendrá en este campo, un influyente funcionario concluyó: “El año que viene va a ser, esperemos, el primero normal. Se va a poder viajar, se va a poder mostrar todo lo que no se pudo hacer antes por la pandemia, se van a poder ‘cortar cintas’ en todo el país. Eso también va a contribuir a que se perciba mejor el trabajo del Gobierno que quedó invisibilizado por el coronavirus”.
Fuente Mendoza Today
