La crispación que el proceso independentista generó en Cataluña va a la baja. Así lo certifican las denuncias por delitos de odio con motivos ideológicos que se interpusieron durante los últimos doce meses. Fueron 104, lo que supone un descenso del 55 por ciento en comparación con las registradas durante 2019. La caída roza el 70 por ciento si hablamos del año anterior, cuando se produjeron 324 ataques por esta causa, según reflejan las cifras de los Mossos d’Esquadra. Entre estos, el que en noviembre de 2018 sufrió Antonio cuando volvía a su casa tras participar en una marcha de policías, que Jusapol había convocado en Barcelona para reclamar la equiparación salarial con los Cuerpos autonómicos. Portaba una bandera de España y con ella accedió a una estación de Metro, cuando alguien lo empujó. La agresión, según certificó la sentencia, se debió a motivos ideológicos. Su autor, condenado a más de tres años de cárcel, es un activista independentista que había participado en otra protesta esa misma mañana, en rechazo a la de los agentes. La víctima de este ataque sufrió heridas en la cara y en las piernas. Diciembre de ese mismo año. Barrio de Horta, también en la capital catalana. Un hombre agrede e insulta a dos mujeres –madre e hija– que portan una bandera ‘estelada’, tras la manifestación independentista contra la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad. Tras aceptar los hechos, la Audiencia Provincial le impuso seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral y dos de lesiones leves. Son solo dos ejemplos, pero los datos policiales reflejan que el conflicto político en el que se vio inmerso el territorio tuvo un coste social, que afectó a la convivencia ciudadana. El auge de denuncias por delitos de odio por cuestión de ideología comenzó el año del referéndum ilegal, 2017, cuando, tras la votación y en un solo trimestre se produjeron más de la mitad de los registrados en todo el año anterior. Tres meses en los que se sucedieron las cargas policiales para tratar de impedir el 1-O, la declaración de independencia del Parlament, el posterior ingreso en prisión de varios políticos soberanistas y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero la crispación y el «aumento de la conflictividad sociopolítica», en palabras de la inspectora Monsterrat Escudé, encargada de desgranar el balance delincuencial esta semana, va a la baja. Durante los últimos doce meses se registró la cifra más baja de denuncias por este motivo –a excepción del encierro por la pandemia– desde 2016, cuando se formalizaron 54. Ataques o amenazas de muerte a políticos, discusiones verbales en su mayoría, insultos, enfrentamientos y, muy a menudo, «denuncias cruzadas» entre las víctimas; «personas antagónicas desde un punto de vista ideológico», según indicó Escudé, aunque se negó a aportar detalles sobre la adscripción tanto de agredidos como de agresores. Sí lo hizo un informe de Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, que atribuyó nueve de cada diez incidentes violentos relacionados con la política a aquellos partidarios a la independencia. Acoso
Durante 2020, contabilizaron 380 incidentes por odio ideológico, de los que un 70 por ciento se produjeron de forma presencial y, el porcentaje restante, a través de redes sociales. Eso sí, este balance también muestra una gran disminución respecto a años anteriores –en este caso también debido al encierro por el Covid–, ya que durante los pasados doce meses habían registrado 1.166 incidentes, como ataques a sedes de partidos, entidades o sus representantes, incluso reporteros; y también la quema de banderas o imágenes del Rey. En cuanto a sus autores, el estudio apuntaba a una transversalidad ideológica, «desde la extrema izquierda de la CUP, alentadores directos o indirectos de la gran mayoría de campañas de acoso y odio a posiciones constitucionalistas, al supremacismo xenófobo de la extrema derecha independentista representada por Catalunya Catalana o sectores próximos a los CDR, como el colectivo L’Estaca y sus campañas de acoso al propio independentismo en su papel de guardianes de las esencias de la nación catalana». Si bien, según el cómputo policial, este tipo de delitos van a la baja, han aumentado las personas atacadas por su condición sexual, –fueron 575 solo durante el pasado año– y éste supone el delito de odio más perpetrado en la comunidad, seguido de los que obedecen a motivaciones racistas o xenófobas. Y ello sin tener en cuenta que, según datos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ocho de cada diez no llegan a oídos de la policía. Para hacer aflorar esa cifra negra, los Mossos ponen el foco en la atención a las víctimas. Por este motivo, el Cuerpo ha puesto en marcha una unidad específica para investigar los delitos de odio y discriminación. Los ataques más denunciados son lesiones, amenazas, trato degradante y daños. En cuanto al perfil de los detenidos durante 2021, la Policía catalana alerta de que el 19 por ciento aún no habían cumplido la mayoría de edad –igual que el 11 por ciento de las víctimas–. Para tratar de atajar esta problemática, los agentes quieren formar durante este año a 190 alumnos de primero y segundo de ESO para que se conviertan en su enlace en los centros educativos y asesoren a sus compañeros para prevenir estas conductas.
Fuente ABC