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Cuando el sanguinario coronel uruguayo Eduardo Ferro abrió la puerta del piso en Peñíscola donde disfrutaba de un retiro a la brisa del Mediterráneo, ellos estaban allí . Era marzo de 2021 y España podía entregar a la Justicia de Uruguay a uno de los responsables del Plan Condor, diseñado y ejecutado a lo largo de los setenta y principios de los ochenta para la erradicación sistemática de la disidencia a las dictaduras latinoamericanas. Ferro creía haber encontrado la paz en la impunidad. Pero dieron con él. Son los policías de la Comisaría General de Información especializados en la investigación de crímenes de lesa humanidad y la persecución de sus autores. Sátrapas, militares, sí, pero también empresarios y todo un elenco de colaboradores esparcidos por madrigueras más o menos lujosas, más o menos evidentes, a lo largo y ancho del mundo. La labor de estos agentes podría compararse a la de fugitivos de la Policía Judicial, si no fuera porque sus perseguidos comparten el denominador común de estar implicados en los delitos más graves del derecho internacional, como el genocidio. Trabajan en red a golpe de cooperación internacional, ya sea a requerimiento de un país extranjero, como en el caso de Ferro, reclamado en Uruguay, o por investigaciones en territorio nacional. De estas, tras la reforma de la jurisdicción universal en 2015, cada vez son menos. Pero ahora, tienen una nueva tarea entre manos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha encomendado a este grupo la investigación del papel que jugó un empresario español en el tráfico de diamantes de sangre procedentes de Sierra Leona en plena guerra civil, de 1991 a 2002. Aquellos que fueron vetados por la comunidad internacional porque se extraían a costa de vidas humanas, financiando al grupo armado que masacraba a la población. Aquellos por los que el expresidente de Liberia Charles Taylor fue condenado en La Haya a 50 años de prisión por crímenes de lesa humanidad con una sentencia histórica en 2012. Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, la decisión trae cuenta de la magnitud del asunto. En enero, Abascal admitió a trámite la querella interpuesta en nombre de Aiah N., un ciudadano de Sierra Leona que se ha dirigido contra el principal accionista de Orfund Group, Manuel T., de nacionalidad española. Le acusa de haber formado parte de la maquinaria para financiar al Frente Revolucionario Unido extrayendo diamantes en Sierra Leona que exportaba como si fuesen de Liberia, sin veto internacional. En la querella, profusa en documentación, se identifica a los accionistas de aquella sociedad, así como a las otras tres mercantiles que habrían participado en el sistema, pero además, relata su propia experiencia. Fue obligado a trabajar día y noche «junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en las minas de Tombodu para extraer los diamantes» que recogía un capitán del FRU. Sitúa en toda la intermediación a ese español al que de momento, la Audiencia Nacional, aún no ha localizado. Ahí entran los expertos de la Comisaría General de Información. Encontrar el paradero, investigar las sociedades, cruzar las fechas… Pero también encontrar más testigos. La causa en La Haya dejó varios nombres. Ahora hay que localizarlos. En espera de que ese trabajo empiece a dar frutos, el juez escuchó el mes pasado a testigos accionistas de las empresas señaladas. No les extrañó vender diamantes de Liberia, cuando lo suyo era el oro, porque según dijeron, en el aluvión a veces aparecían también piedras preciosas. Se desmarcaron así de la procedencia de los minerales. Quien no ha declarado aún es Aiah N., que aún trabaja en una mina donde por temporadas, está ilocalizable. Llevará tiempo contactar para que testifique. La causa empieza ahora a andar y los informes policiales marcarán el camino, pero no solo. Uno de los fiscales de aquel juicio en La Haya contra Taylor, ahora en una ONG suiza que busca justicia para Sierra Leona, ha ofrecido su colaboración.
Fuente ABC
