José Luis Escrivá ha sido una de las primeras voces del Gobierno que ha discrepado en público acerca de la reforma de la ley del aborto que se conoció ayer y que por primera vez propone reconocer una baja laboral de tres días para las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido hoy en San Sebastián que la medida está todavía «en discusión» y que existen diferentes puntos de vista dentro del Gobierno. En su opinión, debería lograrse una fórmula que permita una posición de «equilibrio». Es decir, considera que se puede reforzar la «protección» de las mujeres «en sus singularidades», incluso reforzarlo de «una manera contundente», y a la vez garantizar que esa protección sea compatible con que puedan tener una participación «plena» en el mercado laboral sin que sus carreras se vean entorpecidas. Por ello ha asegurado que el proyecto de ley todavía está en proceso de elaboración y que el Gobierno está trabajando para incorporar las aportaciones que lleguen desde los distintos ministerios. El objetivo del suyo, al menos, pasa por «buscar una redacción y una regulación que armonice ambos elementos». La jubilación, en 67 años
Escrivá hacía estas declaraciones momentos antes de participar en la clausura de unas jornadas que la Tesorería General de la Seguridad Social celebra este jueves en la capital guipuzcoana. Allí también se ha referido a la edad de jubilación. En su opinión alargar la vida laboral hasta los 67 años es «más que suficiente» y ha reiterado que en su ministerio no tienen intención de modificar la edad de jubilación. Ha recordado además, que con la entrada en vigor de la reforma laboral, desde el 1 de enero se incentiva a quienes quieran trabajar de forma voluntaria más allá de la edad legal de jubilación. De la misma manera, ha recordado que también se ha ajustado el sistema de jubilaciones anticipadas voluntarias porque «el desincentivo en las rentas demasiado altas probablemente no era suficiente preciso». «El ahorro que esto supone para el sistema también puede beneficiar», ha insistido. Por último, se ha referido a la negociación salarial entre sindicatos y patronal. En su opinión, se trata de una cuestión que únicamente compete a los representantes de los trabajadores y de los empresarios, y, por lo tanto, el Gobierno debería quedarse «con las manos atrás».
Fuente ABC
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