Mientras España sigue subvencionando a las petroleras con una rebaja al combustible que no ha cumplido las expectativas, Francia emprende el camino de retirada. París hará caso el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos internacionales que llevan meses pidiendo acabar con las ayudas indiscriminadas para combatir los elevados precios de la energía y centrarse en los sectores más afectados. La medida no será automática, pero mete presión al Gobierno español, que hasta ahora se ha negado a rectificar.
Francia instaurará a partir de octubre una ayuda selectiva para los que utilizan el coche para trabajar que sustituirá la subvención al precio del carburante, que de los 18 céntimos por litro actuales se reducirá progresivamente hasta anularse a finales de año. Como viene publicando este periódico, el mecanismo francés estaba resultando más efectivo que el español, donde las gasolineras se quedan con entre cuatro y ocho décimos de la ayuda, según un estudio del ‘think tank’ económico de Esade. Sin embargo, el ajuste fiscal, que Madrid ignora pero tendrá que llegar más pronto que tarde, no dejaba otra opción al Elíseo.
La rebaja actual cuesta 800 millones mensuales, mientras que la futura ayuda selectiva supondrá unos 2.000 millones para todo el año
El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, justificó este viernes ese nuevo dispositivo “más selectivo” que va a “apoyar al que trabaja” porque “nuestras finanzas públicas no nos permiten” mantener la subvención indiscriminada al precio del carburante. En una entrevista a la emisora Europe 1, Le Maire señaló que la rebaja del precio de los combustibles le cuesta 800 millones de euros mensuales a las arcas públicas, mientras que la futura ayuda selectiva para quienes necesitan el vehículo para trabajar supondrá unos 2.000 millones para todo el año.
Le reconoció que no se va a aplicar a esta crisis de la inflación y de la escalada de los precios de la energía la doctrina “cueste lo que cueste” que se puso en práctica durante la crisis del covid, y que supuso poner dinero público de forma masiva en la economía porque no es posible con la situación actual de las cuentas públicas: “hemos llegado a la cota de alerta”.
El nuevo dispositivo de ayuda para el carburante va dentro de un proyecto de ley sobre el poder adquisitivo que el Gobierno francés debe aprobar esta tarde en un Consejo de Ministros. En ese paquete también estará la prolongación del llamado “escudo de tarifas” que supone la limitación de la subida del gas y de la electricidad, pero también una revalorización del 4% de las pensiones con efectos retroactivos desde el 1 de julio y de las prestaciones sociales.
En la misma línea, se revalorizará el sueldo de los funcionarios, se limitará el aumento de los alquileres de viviendas al 3,5% durante un año y se creará para nueve millones de familias con bajos ingresos un cheque alimentario de 100 euros a los que se añadirán 50 euros por hijo.
El ministro avanzó que este paquete podrá financiarse gracias a los ingresos excepcionales que está consiguiendo el Estado, sobre todo por el impuesto de sociedades, gracias al aumento de los beneficios de las empresas el pasado año, y por la progresión de las cotizaciones sociales debido al crecimiento del empleo.
Mientras España sigue subvencionando a las petroleras con una rebaja al combustible que no ha cumplido las expectativas, Francia emprende el camino de retirada. París hará caso el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos internacionales que llevan meses pidiendo acabar con las ayudas indiscriminadas para combatir los elevados precios de la energía y centrarse en los sectores más afectados. La medida no será automática, pero mete presión al Gobierno español, que hasta ahora se ha negado a rectificar.
Fuente El Confidencial
