Rosario: Allanaron sede de Camioneros en busca de armas y pruebas del uso sindical de “tiradores narco”

Por Germán de los Santos

Avanza la investigación sobre los ataques a la planta de La Virginia y la empresa Razzini

OSARIO.-Luego de los ataques a balazos contra la planta de La Virginia y la empresa Razzini en Rosario, la fiscalía de esta ciudad realizó cuatro allanamientos a las sedes del sindicato de Camioneros, la obra social y la mutual y al gremio de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. La medida judicial generó que afiliados al segundo gremio realizaran una multitudinaria concentración en la puerta de la entidad para repudiar los procedimientos, en momentos en que los agentes policiales realizaban la inspección en busca de armas.

Está situación se da en el contexto del uso casi cotidiano en esta ciudad de las balaceras como forma de extorsión. Con tiradores que pueden llevar adelante un amenaza narco, un ataque mafioso dentro de un interna sindical o una intimidación ordenada por delincuentes comunes. La violencia en esta ciudad se visualiza en la estadística de los disparos: se notificaron 796 denuncias por extorsiones en los primeros seis meses de 2022, 434 balaceras en ese período y 172 crímenes en lo que va del año.

Los operativos ordenados ayer se produjeron en medio de hechos de violencia que tuvieron como protagonistas al sindicato de Camioneros, que conduce Sergio Aladio, que encabeza una línea interna opositora a Hugo y Pablo Moyano, que respaldan en Rosario al titular del gremio de recolectores Marcelo Andrada.

Aladio ordenó entre el martes 26 y el jueves 28 julio pasado bloquear el ingreso a la planta de La Virginia, ubicada en avenida Circunvalación, en la zona noroeste de Rosario. Los gremialistas montaron una carpa y cruzaron dos camiones en la colectora donde está ubicada la planta, en la que trabajan unos 500 operarios.

Con esa acción se pretendía lograr que los trabajadores del área de logística y transporte, que están afiliados a otros gremios, pasen a formar las filas de Camioneros. La empresa Futura Logística, que trabaja para esa firma, realizó una denuncia y la policía santafesina detuvo el 29 de julio a 19 personas que vestían pecheras del sindicato que lidera Aladio, que impedían el tránsito y el ingreso de los empleados.

La semana pasada, la fiscal Viviana O Connell imputó por los delitos de “amenazas coactivas y desbaratamiento de la empresa” a las 19 personas ligadas al sindicato de Camioneros, que quedaron en libertad. En la audiencia, la fiscal consideró que el bloqueo del acceso a la planta provocó una pérdida económica entre 4,5 y 5 millones de pesos a la empresa Logística Futuro.

“Se ve que la metodología de bloqueos se utiliza para resolver distintas cuestiones, como este caso una elección gremial o reclamos a las empresas. Es un accionar que está en contra del Estado de Derecho y donde se comenten distintos delitos y no se puede aceptar”, señaló la fiscal O Connell.

Luego de la detención de las personas que vestían pecheras del sindicato de Camioneros se produjeron dos ataques a balazos, contra el Grupo Razzini, un corralón de materiales, y las oficinas de la empresa La Virginia.

La sospecha de la fiscal Valeria Haurigot, que está al frente de la Unidad Especializada de Balaceras, es que detrás de los atentados a estas dos empresas pudo haber estado gente vinculada al gremio de Aladio o a sus competidores internos, el sindicato de Recolectores, encabezado por Andrada. Es una hipótesis inicial, remarcaron las fuentes judiciales.

El domingo 31 de julio fue baleado el frente de la empresa Razzini con tres disparos. Verónica Razzini, titular de esta firma, fue quien denunció al mismo sector gremial que conduce Aladio por bloquear durante 90 días en 2020 los locales de la empresa. En los próximos días comenzará el juicio contra cuatro personas ligadas al gremio de Camioneros que realizaron las intimidaciones y agresiones contra la empresa hace dos años.

Un día después de que la sede de la empresa Razzini fuera blanco de un atentado a balazos se produjo un ataque a las oficinas de La Virginia, muy cerca de donde se habían realizado los bloqueos del sindicato de Camioneros. Los investigadores establecieron que desde un auto hicieron un disparo contra una de las ventanas de la empresa.

Ante este contexto, este martes la fiscal Haurigot ordenó los allanamientos a las dos sedes gremiales, una obra social y una mutual. Los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) buscaban armas, que supuestamente podrían estar guardadas en estos edificios, pero no hallaron nada.

La orden de la Justicia no contempló por ahora el secuestro de celulares ni de documentación que podría servir para la investigación. Este trámite judicial despertó la ira de los afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Recolección que se concentraron en la sede del gremio para expresar su repudio al allanamiento.

Fuentes judiciales explicaron a La Nación que se allanaron los dos sectores gremiales porque no se descarta que en esta disputa interna se hayan ordenado ataques para perjudicar a la otra rama sindical.

Una de las hipótesis es que detrás de estos ataques se hayan utilizado “soldaditos” de bandas criminales, que a cambio de dinero llevan adelante este tipo de intimidaciones con armas de fuego. Este esquema de relación entre los sindicatos y los grupos narcos tuvo varios capítulos en Rosario en los últimos tiempos, como los que se produjeron en el gremio de Peones de Taxis, en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

El 20 de noviembre pasado fue blanco de un ataque a balazos la sede del sindicato de Camioneros que fue allanada este martes. Los disparos los realizaron dos jóvenes en moto en el frente del edificio que se encuentra en Pasco al 1043. Este hecho se produjo en medio de una saga de ataques a balazos que sufrieron estaciones de servicio y escuelas en esos días previos a las elecciones nacionales.

En la época en que se produjo este atentado contra el gremio que encabeza Aladio había comenzado en Rosario un juicio contra seis afiliados al sindicato de Camioneros, que pertenecían a la rama moyanista, que fueron acusados por el asesinato de Nicolás Savani, registrado durante un tiroteo que se desató en el marco de una asamblea realizada el 12 de abril de 2014 en un camping que la entidad gremial posee en la localidad de Pérez.

La relación entre las bandas criminales en Rosario y los sindicatos quedó probada en varias causas judiciales. En 2019 se produjeron una serie de ataques contra dirigentes del gremio de Peones de Taxis que llevaron adelante “soldaditos” de la banda de Los Monos. En una extensa investigación judicial se probó que el exsecretario general del sindicato Horacio Boix había contratado a los sicarios de los Cantero para atacar a los miembros de la comisión directiva que lo habían desplazado, entre ellos a Horacio Yanotti, actual titular de la entidad.

En el gremio de SOMU ocurrió algo similar. Se produjeron tres ataques contra las oficinas del gremio y las residencias de familiares de Pablo Ghietti, quien en 2018 asumió al frente del gremio en Rosario, donde esa entidad es poderosa por los puertos que hay en la zona.

Al poco tiempo de asumir en el gremio empezó la saga de aprietes contra Ghietti, que a partir de diciembre de 2019 tomó formas más violentas y visibles, cuando una Ford Ranger del gremio quedó envuelta en llamas luego de que desde un auto arrojaran una bomba molotov.

Una semana después un grupo comando entró a la sede del gremio, en barrio Martin, en pleno centro, y baleó a Mariano Ortiz, miembro de la comisión directiva de la entidad. “¿Vos sos Pablo?”, le gritaron varias veces a este hombre que estaba en una oficina cerca del mediodía. Como no respondió le dispararon un tiro en cada pierna y salieron del edificio sin robar ni un solo peso. Los empleados del gremio quedaron aterrorizados.

Luego se produjo otro ataque a balazos se produjo en la casa de la madre de Guietti. Fueron más de diez tiros que agujerearon las paredes. Y un día después el blanco de los disparos fue la propia residencia del secretario general de SOMU en Entre Ríos al 6200.

Fuente La Nación