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Tierra del Fuego se convirtió en las últimas horas en un aleph económico. Ese microcosmos concentra la discusión sobre el peso de los impuestos, la falta de divisas, los precios tecnológicos, la relación entre el sector privado y la política, y, como no, la construcción posible de consensos sobre una economía que pueda crecer de manera sustentable.
Hábil, Sergio Massa empuja una suba de impuestos internos para los productos electrónicos que se producen en la isla y, a la vez, un plan ambicioso de financiamiento para los consumidores. El Ministerio de Economía se llevaría así una tajada más grande de las ganancias de las empresas para mostrar una mejora del déficit fiscal al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a su discurso sobre la presión impositiva, Juntos por el Cambio no cierra el debate a esa posibilidad, dijeron.
El ministro de Economía busca que la alícuota de ese gravamen pase de 7% al 10,5%, confirmaron. En el Palacio de Hacienda afirman es parte de un acuerdo en el Congreso que le adelantaron Carlos Heller, Paula Penacca y Cecilia Moreau, o sea, el oficialismo (La Cámpora incluida). Esa posibilidad, cuentan, está incluida en la “separata” de beneficios fiscales que Massa incluyó en el proyecto de presupuesto 2023 y que pidió tratar para acelerar la baja del déficit fiscal.
“Lo vamos a discutir. No estamos convencidos, la verdad es que creemos que hay que bajar impuestos, pero entendemos que el ministro tiene que ir a la baja del déficit”, dijo un importante referente del Pro en el Congreso. No es la opinión generalizada de quienes revisan el proyecto que envió Massa dentro del partido que fundó Mauricio Macri.
El impacto de la suba de impuestos de celulares, televisores y aires acondicionados se trasladaría a los precios a los consumidores. Curiosamente, Massa anunció días atrás el lanzamiento de un plan de financiamiento en 30 cuotas fijas a una tasa subsidiada para esos mismos productos producidos en territorio nacional, como lo es Tierra del Fuego. Massa recaudaría, de esta manera, una tajada más importante, y que se engrosaría tanto por precio como por cantidad. El consumidor pagará más caro, pero tendrá financiamiento en cuotas y en pesos de un bien dolarizado. El único que pagará un precio elevado será Miguel Pesce, que venía viendo cómo las divisas del dólar soja iban desapareciendo lentamente.
“En los últimos años nos han ido sumando impuestos para compromisos de inversión y ampliación de la matriz productiva. No me extrañaría”, dijeron en la industria fueguina. “No necesariamente [se iría a precio], ya que en categorías como en televisores hay mucha competencia, marcas y ofertas. Lo tenés que sumar al costo y no podés descargarlo”, acotaron. Los televisores son la apuesta del Mundial de Qatar, que ya comienza. Sin embargo, lo más vendido y hoy excluido de Ahora 12 son los celulares. Los habían quitado en tiempos de Matías Kulfas, porque cercenaban las reservas, ya que se vendían muchos, a tasas subsidiadas y en cuotas en pesos. Los celulares son principalmente componentes importados.
De la “separata” propuesta por Massa en Economía empujan con fuerza además la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a los jueces (implican $237.850 millones en 2023) y una compensación que deben recibir los supermercados por haberse hecho cargo del 21% del IVA de la leche cuando venció la alícuota 0% impuesta por Mauricio Macri en 2019. De esta sólo se cobró el primer semestre de 2020 y todavía está en negociación el tercer trimestre. Es una deuda que supera los $900 millones por ese período, licuada ya por la elevada inflación. Los apuntados son dos sectores que maridan con las necesidades del cristinismo: el Poder Judicial y las causas de Cristina; y los precios en las góndolas de cara a las elecciones del año que viene. Economía ya amenazó, por caso, con abrir las importaciones de ropa si no bajan sus valores. “Con US$300 millones de importaciones, les destruyo los precios”, se escuchó en los pasillos de Hacienda.
La oposición, en debate
Tierra del Fuego despertó pasiones en Juntos por el Cambio. Esta vez no fue solo por los impuestos internos (la menor alícuota que se paga representará en 2023 más de $102.000 millones), sino directamente sobre el régimen de producción que beneficia a la isla (que significará más de medio billón de pesos el año que viene).
Días atrás, la Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto para eliminar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego en 4 años con seguros de desempleo por cinco años. La iniciativa empuja la baja gradual del impuesto interno y de los aranceles y barreras de importación. “Para asegurar que los cambios del proyecto no deriven en un incremento de precios”, indicaró la iniciativa. En las últimas horas, en tanto, el comité nacional de la UCR rechazó “de manera tajante” la iniciativa de la CC. Para ese partido, la ley 19.640 “promueve la radicación de industrias y población” en la isla. El comunicado “instruye” a los bloques de diputados y senadores a rechazar el proyecto.
“En la fórmula presidencial radical teníamos ‘Tecnología para Crecer’ (computadoras, tablets y celulares a precio internacional) como parte central de la plataforma electoral. Ahora, a favor del proteccionismo celular fueguino desde el iPhone”, ironizó Lucas Llach en Twitter. “Evidentemente, el dupolio de Tierra del Fuego tiene más poder de lobby que millones de consumidores, pero daremos el debate. Ojalá también discutamos en serio la geopolítica. Se está entregando la provincia más austral y estratégica a China, y casi nadie dice o hace nada”, cuestionó el diputado de la CC y uno de los autores del proyecto, Juan Manuel López.
El debate seguirá, incluso aunque el subrégimen industrial que vencía el año que viene haya sido prorrogado hasta 2038 en octubre pasado (con posibilidades de extenderse 15 años más) por Alberto Fernández. Ahora, en la coyuntura, un economista con el que habla Elisa Carrió define así el posible retoque de impuestos internos: “En 2020, Tierra del Fuego pagaba 0% de impuestos internos. En el presupuesto 2021 se los subieron a 6,55% y no dijeron nada. Esa es la mejor señal de que mientras le cierren la competencia y sean los únicos que venden los productos, no les importa la carga tributaria, que es mínima por las demás exenciones, ya que la trasladan”, avizoró sobre el precio.
Fuente La Nacion
