El fiscal Marijuan aseguro que hubo un “descontrol” en el manejo de los planes Potenciar Trabajo

Guillermo Marijuan está a cargo de la investigación sobre irregularidades en el Potenciar Trabajo, reveladas en un informe de AFIP

Después de que se diera conocer un informe elaborado por la AFIP que determinó que, entre los 1.383.279 beneficiarios del Potenciar Trabajo, hay más de 250.000 que tienen a su nombre bienes registrables, o declararon Bienes Personales o compraron dólares, el fiscal Guillermo Marijuan comienza las tareas de investigación preliminar el próximo lunes.

Se trata de uno de los planes sociales más importantes y es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. “Si una persona está solicitando ayuda por estar desocupada, no puede de forma alguna estar comprando dólares al oficial para después acopiar o revender”, diagnosticó Marijuan, y continuó: “Además, si superan el mínimo imponible para pagar Bienes Personales se supone que no necesitan la ayuda del Estado, y con el fallecimiento también cesa el derecho, no es algo que se pueda heredar”.

De todos modos, según los primeros datos revelados por AFIP, no se trata de personas que pagan bienes personales sino que declararon a su nombre tener algún bien (puede ser desde un rodado hasta una casa).

Al ser consultado por cómo es el proceso para cobrar el plan Potenciar Trabajo, Marijuan definió sin eufemismos. “Hubo todo un descontrol”, dijo, en diálogo con Radio con Vos, y siguió: “Desde mi punto de vista, las inscripciones se deberían hacer por quien necesita el plan en numerosas sedes, para que no lo tengan que hacer movilizar al ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, las municipalidades”.

“Si se hacían bien las cosas, la gente entregaba la solicitud y se cargaba en una base de datos”, ejemplificó, y precisó: “[Pero] hubo un montón de casos en donde se organizaban piquetes y cortes de calle donde entregaban listados al ministerio [de Desarrollo Social], y ahí capaz metieron gente que estaba en estas condiciones”.

El fiscal a cargo de la investigación preliminar también cuestionó que no exista un primer entrecruzamiento de datos para verificar que el solicitante no sea una persona en relación de dependencia. “El organismo no puede agarrar una lista y darle de alta en un plan si no chequeó de quién se trata”, señaló Marijuan.

Y protestó: “Además, la tarjeta que personaliza el pago no te la puede entregar un piquetero o puntero en mano, te la tienen que enviar a tu casa y vas a cobrar a fin de mes como corresponde”.

En este sentido, tras evaluar antecedentes similares, Marijuan anticipó que una posibilidad es solicitar la baja de planes. “Ya lo hemos hecho muchas veces”, aseguró, y expresó: “Veremos qué es lo mejor para el Estado”.

Según Marijuan, particularmente para quienes aparecieron como compradores de moneda extranjera en la AFIP, hay un escenario probable. “Hay situaciones que nos vamos a encontrar seguramente en donde, por ejemplo, haya gente que estaba en condiciones de recibir el plan, que lo necesitaba, y fue contratado por unos pesos más por un inescrupuloso que le pidiera que le compre los dólares”, dijo, y apuntó: “Lo metió en un lío al beneficiario de ese plan, porque imagínate si le dan la baja o lo suspenden”.

La decisión de Desarrollo Social
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, resolvió dar por terminadas las auditorías sobre el Potenciar Trabajo que dispuso hace poco más de un mes su antecesor, Juan Zabaleta, y que implicaban un acuerdo con universidades nacionales para un relevamiento presencial de los beneficiarios para obtener información demográfica. En su lugar, la funcionaria dispondrá un sistema de validación de identidad digital, más un formulario online, que se pondrá en práctica a fines de este mes y que busca acelerar el control sobre la distribución de los planes sociales.

En el edificio de los murales de Evita reconocieron que es imposible que casi un 20% del padrón del Potenciar Trabajo haya “trampeado” el sistema por estar en una situación económica incompatible con la necesidad de percibir un plan social.

Fuente La Nación