En las últimas horas, la Fiscalía de Estado presentó un pedido de inconstitucionalidad del Decreto N° 2502/22 ante la Suprema Corte de Justicia contra la medida del gobernador Rodolfo Suarez para lograr refinanciar parte de la deuda con vencimientos en 2023, sin el aval legislativo.
Se trata del tercer rechazo elevado al máximo tribunal: antes lo hicieron el Partido Verde y el Frente de Todos. Según describe diario Los Andes, la acción de inconstitucionalidad elevada es un documento de 60 páginas, en las que el fiscal desglosa las razones para interpretar que la emisión de títulos públicos dispuesta en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500, no es una reestructuración de deuda habilitada por el art. 68 de la Ley de Administración Financiera N° 8.706.
En tal sentido, según el titular del organismo de control, dicha operación de crédito requiere para su validez la previa autorización de la Legislatura con el voto de 2/3 de los presentes, conforme lo exige el art. 41 de la Constitución de Mendoza.
“Al no contar con dicha autorización, es inconstitucional y debe ser declarado nulo, teniendo en cuenta además la gravedad institucional que reviste el invadir competencias de otro poder estatal”, planteó Simón.
Y anadió: “La consecuencia de no declarar la inconstitucionalidad del Decreto impugnado sería no sólo transformar en letra muerta lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución de Mendoza, sino también desvirtuar la voluntad legislativa y permitir al Poder Ejecutivo realizar nuevas operaciones de crédito cada vez que tenga un vencimiento de deudas anteriores, sin intervención alguna de la Legislatura”.
Fuente Mendoza Today
