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Por Guido Carelli Lynch
Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, dirigirá el Consejo de la Economía Popular. El plazo legal venció hace tres meses. Duro comunicado de la UTEP contra el Gobierno.
El 3 de noviembre del año pasado, Alberto Fernández firmó el decreto 728/22 que impide nuevas altas del Potenciar Trabajo, el programa estrella de Desarrollo Social que cobran 1.200.000 personas y que esta gestión duplicó en sus primeros 3 años. La misma normativa instruía al ministerio de Economía, al de Trabajo y al de Desarrollo a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular en un plazo no mayor de 60 días. Ya pasaron más de 5 meses.
El Ejecutivo se dispone finalmente a corregir esa falta y a avanzar con la conformación de un área que coordinará toda la política social vinculada con la economía popular, como mandaba la Ley de Emergencia Social sancionada por unanimidad en diciembre de 2016.
El próximo jueves, si no hay más cambios, el subsecretario en Desarrollo Social y máximo referente de Somos Barrios de Pie Daniel Menéndez asumirá como secretario ejecutivo del flamante Consejo. La sesión inaugural del nuevo organismo ya se suspendió por los menos tres veces.
Conspiraron hasta ahora la agenda de los actores involucrados, pero también y sobre todo la tensa y delicada relación entre las organizaciones sociales del oficialismo, que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Gobierno.
Alberto Fernández y Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie.
Este jueves sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que el último informe del FMI plantea cambios en la política social y que el Ejecutivo empuja una nueva auditoría presencial para revisar quiénes son los 160 mil beneficiarios del programa Nexo. El reporte del Fondo proyecta la inserción laboral de 400 mil beneficiarios del Potenciar, un horizonte imposible en el corto plazo. El organismo de crédito, además, alertó sobre el “solapamiento” de diferentes planes de asistencia social que, sumados, superan el salario mínimo y, según la visión de los técnicos, desalientan la creación de empleo formal.
La UTEP apuró un comunicado. “Mientras crece el hambre y la pobreza, los alimentos no llegan a nuestros comedores y la preocupación de quienes tienen la misión de combatir esta realidad desde el estado, sigue siendo como ajustar desde abajo a pedido del FMI”, señaló la agrupación que conduce el dirigente del Evita Esteban “Gringo” Castro.
El sindicato de la economía popular tendrá representación en el flamante Consejo. Además de Castro se sentarían las secretarias adjuntas Norma Morales, de Somos Barrios de Pie; y Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, cercana a Juan Grabois. Economía, Trabajo y Desarrollo Social deberán designar a sus delegados.
Las organizaciones llegarán al Consejo con un temario definido. En primer lugar, propondrán y reclamarán una batería urgente de medidas para atacar las cifras crecientes de indigencia. Además, buscarán archivar la discusión sobre un posible desacople de los planes sociales del salario mínimo y pedirán mantener el Consejo del Salario Mínimo como instancia paritaria. Todo indica que el Gobierno ya aceptó ese requerimiento, sin importar que el nombre legal del flamante cuerpo es Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.
Por último, las orgas exigirán al Gobierno que avance con una resolución administrativa de Economía que permita el blanqueo -a través del monotributo social-productivo- de 7 millones de trabajadores informales.
El proyecto original duerme en el Congreso. La ministra de Trabajo Kelly Olmos y Tolosa Paz ya dijeron que no hay margen para que el Ejecutivo avance en materia impositiva, potestad del Congreso.
“La primera tarea del Consejo es evitar que el FMI les siga robando los ingresos del salario social sin justificación a miles de compañeros”, dijo Dina Sánchez a este diario. Agrupaciones de la UTEP marcharán junto la CTA Autónoma durante la primera reunión del Consejo
Desde las organizaciones sociales recordaron que la intención del Gobierno de avanzar sobre los beneficiarios de planes sociales que cobran de manera simultánea -Tarjeta Alimentar, AUH, Potenciar, Nexo, Plus, entre otros- no es nueva. En diciembre, la UTEP marchó por primera vez contra el Gobierno cuando el Ejecutivo estudiaba medidas para dar de baja a beneficiarios que cobraban el doble del salario mínimo, lo que hubiera significado un recorte de 200.000 personas a la nómina, según calculan ahora. “Es una mezcla de ajuste y un ordenamiento por los requerimientos de la Justicia. No hay mucho margen para achicar la política social”, señaló una fuente oficial.
Tolosa Paz, en tanto, rechazó que las revisiones se traten de una imposición del Fondo. “No hay margen para un ajuste. El FMI ya lo sabe”, dijo a Clarín. Por ahora, el Consejo de la Economía Popular se dispone a sesionar.
Menéndez, que tendrá un cargo equivalente al de la secretario de Estado, habló en el verano con el Presidente y conversó los detalles de su designación con el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos. El vicepresidente del flamante partido Patria de Los Comunes, que lidera y conduce el jefe del Movimiento Evita Emilio Pérsico, quiere competir por la intendencia de 3 de Febrero. Su lugar en la Subsecretaría de Políticas de Integración y Formación de Desarrollo Social lo ocupará Leonardo Urrejola, también referente de Somos Barrios de Pie.
Fuente Clarin
