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En las últimas horas, fiscales federales que intervienen en causas de lesa humanidad le solicitaron por medio de un oficio al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, que intervenga ante el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que funcionaba en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y que fueron virtualmente disueltos por decisión del titular de esa cartera, el mendocino Luis Petri.
“Desde hace más de una década, los Equipos han contribuido de manera determinante en la calidad del trabajo de los Fiscales en los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, señala el documento al que tuvo acceso Data Clave, y remitido a Casal por parte de 36 fiscales federales.
La misiva es firmada por integrantes del Ministerio Público Fiscal como Juan Murray, Adolfo Villate, Pablo Ouviña, Carlos Amat, Pablo Parenti, Cecilia Garzón, Alejandro Jorge Alagia, Diego Vigay, Martín Palazani, Dante Vega, Carlos Gonela, Leonardo Filippini, Felix Crous, Josefina Minatta, Gabriela Obetko y Javier De Luca, entre otros.
En ese sentido, los firmantes afirman que “la documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el aporte a sus interpretaciones sobre los reglamentos y prácticas burocráticas de las Fuerzas Armadas, han sido esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las acusaciones y las sentencias”.
“Queremos destacar el compromiso y profesionalismo de sus integrantes en la tarea asignada durante todos estos años. Los distintos informes elaborados por los Equipos de Relevamiento y Análisis del Ministerio de Defensa por pedido de los fiscales y tribunales han venido constituyendo un recurso fundamental al que necesitamos continuar recurriendo en el marco de nuestra labor como representantes del Misterio Público Fiscal en las distintas causas en la que tenemos intervención”, remarcaron.
Los funcionarios judiciales destacaron además “la frecuente convocatoria de los integrantes de estos Equipos para que declaren en calidad de expertos en muchos de los juicios orales que se sustancian” por delitos de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones del país.
“Más allá de formar parte de otro poder del Estado, se trata de una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestra tarea cotidiana al intervenir en esta clase de causas”, aseguraron.
Los firmantes de esta nota dirigida a Casal consideran además que “la pérdida de tal instrumento estatal (los ERyA) “redundará en desmedro irremediable para la labor judicial”.
“Especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”, remarcaron.
Los fiscales federales le solicitan también al Procurador que “considere la posibilidad de transmitir esta inquietud a las autoridades competentes”, en relación a Petri, quien tomó la decisión de disolver estos equipos.
Además, los acusadores reclaman que se garantice “la continuidad como auxiliares de la Justicia, de los Equipos mencionados, sin mengua de sus capacidades y de su integración”.
La carta es acompañada por un anexo documental, en el que se detallan los informes producidos por estos equipos que posibilitaron condenas en causas como “Plan Cóndor-Orletti I”; “Sheraton I”; “Sheraton III”; “Comisaría de Ramos Mejía”, “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”; “Esma Unificada”, “Campo de Mayo”; “Campo de Mayo Vuelos de la Muerte”; “Mercedes Benz” y otros expedientes.
Fuentes judiciales, le señalaron a Data Clave que un fiscal federal con una vasta trayectoria en juicios de lesa humanidad le envió una queja a Petri, lo que motivó un llamado de atención por parte de Casal a este funcionario judicial.
Ante esta situación, fiscales con actuaciones destacadas en causas de lesa humanidad, le enviaron al Procurador interino esta nota. Ante la inquietud de sus subordinados, Casal trasladó el reclamo al Ministerio de Defensa.
A fines de marzo, Petri ordenó el desmantelamiento de los ERyA al despedir a diez de los 13 trabajadores que se desempeñaban en ese organismo.
El equipo fue creado en 2010, cuando se dispuso la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas relativos a la última dictadura cívico militar.
Desde su creación confeccionaron más 170 informes que fueron aportados a la instrucción de varias causas de lesa humanidad y relevaron más de 17 mil legajos relacionados con el personal militar de las tres armas que estuvieron relacionados con la represión ilegal.
En declaraciones a la prensa, el ministro justificó la decisión al considerar que este equipo de investigación era en realidad “un grupo parapolicial de persecución contra las Fuerzas Armadas”.
Organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad presentaron denuncias en la justicia y ante instancias internacionales para que se impida el desmantelamiento de estos equipos de investigación.
Fuente Mendoza Today
