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Cerca de 800 productores bonaerenses esperan desde hace casi cinco meses que el Gobierno de Javier Milei homologue, de una vez por todas, la emergencia agropecuaria para unos 51 partidos de la provincia. En detalle, de los decretos firmados por el gobernador Axel Kicillof, uno de ellos, el 2157/23 que incluye a 39 distritos, ya cumplió todos los requerimientos y pasó por la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios (Cneyda) que es quien recomienda o no al Poder Ejecutivo que lo homologue. El otro, que involucra a 12 partidos de la Cuenca del Salado (50/24), en cambio, aun falta que dicha comisión se reúna y dé su veredicto.
Guillermo Tramontini, protesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y quien está a cargo de las emergencias en la provincia de Buenos Aires por la entidad, señaló que “los tiempos del sector no son los de la política y eso el Gobierno debe entenderlo”.
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“Esto es por la sequía que sufrieron los productores el año pasado y lo tiene que aprobar Nación para que se pueda tener los beneficios de la AFIP. Para el productor es muy importante que salga esto porque los montos a pagar siempre son considerables. Sobre todo el tema de las ventas forzosas de hacienda. Sabíamos que el ministro de Economía del gobierno anterior, Sergio Massa, no lo iba a firmar porque se estaba yendo, pero nuestra sorpresa es que ya pasaron cinco meses y el actual ministro de esa cartera, Luis Caputo. tampoco lo firma”, dijo a LA NACION.
“La verdad es que ya a esta altura venció el plazo de emergencia [30 de abril]. Por ahí los tiempos del Gobierno no son los mismos del productor. Por eso debe haber más celeridad porque el productor lo necesita. No podemos esperar que se venza la emergencia para que salga el decreto, que si bien tiene validez después la homologación, pero con qué necesidad nos hacen esperar todo este tiempo: es casi el 50% de la provincia de Buenos Aires, casi 800 productores”, agregó.
Vale recordar que esta homologación implica una reducción de aquellos impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas. Además, la AFIP también puede establecer la exención total o parcial del pago del impuesto a los Bienes Personales.
En este sentido, luego de la firma de Caputo, el organismo puede suspender la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos y, si se produjeron ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina, esto podrá deducirse en el balance impositivo del Impuesto a las Ganancias al 100% de los beneficios derivados de tales ventas; esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar.
Ante este escenario, en su momento, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, habló directamente con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, y le hizo hincapié en este tema, pero el funcionario se habría mostrado “un tanto esquivo” en darle una respuesta al respecto. También intervino Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero tampoco tuvo resultados positivos.
“Vilella le dijo a Salaverri que lo estaban viendo, que lo estaban tratando. Pero en realidad el primer decreto ya está tratado y ya se ha cumplido con todo lo que el Gobierno requiere. Lo último que estaba pidiendo el ministro Caputo era un estudio de impacto de la AFIP y ya lo tiene también. Así que no sabemos realmente cuál es la causa de la demora, pensamos que la cosa debe venir por la parte recaudatoria, pero la verdad es que buscar el equilibrio fiscal y monetario en retrasar una emergencia para los productores que realmente la necesitan es poco serio. Porque esto no va incidir en la economía del país”, contó Tramontini.
Según dijo, las dificultades que tuvo el sector el año pasado por la sequía fueron muy grandes y “eso es lo que tiene que entender el Gobierno”. “No es que el productor dejó de tener rentabilidad sino que perdió capital y que ahora lo tiene que recuperar. Ese es el tema porque va a ser la única forma que se vuelva a restablecer la producción que ha quedado muy golpeada con la seca del año pasado”, finalizó.
Tal es la falta de diligencia en la aprobación que días atrás el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, volvió a reclamar al Gobierno para que resuelva de “forma urgente la situación de más de 700 productores afectados por la sequía”.
Fue así que le envió una carta a Caputo y a Vilella, en la que pidió la homologación urgente. “En total, son más de 700 productores afectados por la sequía que ya recibieron los beneficios de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Banco Provincia, pero que no pueden acceder a los beneficios impositivos a nivel nacional ni a los créditos especiales del Banco Nación. Hoy los dos trámites están frenados”, señaló Rodríguez.
“Con el argumento de que lo están revisando, tienen frenado el decreto 2157 y con ello la asistencia a los productores afectados. En tanto, en relación al decreto 50/24, no dieron ningún argumento de por qué no convocan a la Cneyda”, cerró.
LA NACION se comunicó con la Secretaría de Bioeconomía y con el Ministerio de Economía, pero no obtuvo respuestas.
Fuente La Nacion
