El Gobierno español tendría que haber aprobado determinadas exigencias de la Comisión Europea mencionadas en su informe anual sobre el Estado de derecho, especialmente la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La jefa de la delegación española del Partido Popular en la Eurocámara, Dolors Montserrat , ha enviado una pregunta al ejecutivo comunitario en la que inquiere sobre las medidas que puedan ser adoptadas para remediar esta situación.La eurodiputada pregunta a la Comisión si «teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez está acechado en estos momentos por diferentes escándalos de corrupción que implican a su esposa, a su hermano y a ex ministros del Ejecutivo, que incluso afectan a fondos europeos: ¿ Qué plan de actuación va a llevar a cabo la Comisión Europea para presionar al Gobierno a mejorar la lucha contra la corrupción que parece no ser su prioridad? ¿Piensa incluir, además del calendario, la movilización de los recursos necesarios para dotar de presupuesto y personal suficiente para conseguir una correcta aplicación de la presente y futura Ley de Enjuiciamiento Criminal en el diálogo bilateral estructurado sobre el Estado de Derecho con el Gobierno».El informe sobre el Estado de derecho lo elabora cada año la Comisión y sirve para señalar carencias en el funcionamiento democrático de las instituciones. El del año pasado fue especialmente crítico con distintos aspectos de la situación dela Justicia en España, dado que aún no se había renovado el CGPJ , e incluía observaciones específicas en las que dice que el nombramiento de los jueces debería estar en manos de los propios miembros de la Judicatura y no tanto en la de los dirigentes políticos o que se debería separar el mandato del Fiscal General del Estado del del propio Gobierno. Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno mete por la puerta de atrás un cambio legal para rebajar las penas de los presos de ETA Juan Casillas Bayo Elimina en comisión, como exigía Bildu, la disposición adicional única de una ley que evitaba la conmutación de los años de cárcel pasados por los etarras fuera de EspañaMontserrat considera que «no es casualidad que el Gobierno de Sánchez retrase cumplir la ley para mejorar la lucha contra la corrupción mientras le acorralan cada vez más los casos de corrupción» y recuerda que esta exigencia también la ha recogido el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción) «pero el Gobierno socialista no ha mostrado ningún interés en luchar contra la corrupción . Todo lo contrario, ha reducido las penas y el catálogo de delitos, y ha amnistiado a delincuentes; justo en sentido contrario a lo que pide la Unión Europea de tolerancia cero con la corrupción». Actualmente se tramita una reforma de la legislación europea para endurecer la lucha contra la corrupción a través de una nueva directiva. Sin embargo, otros factores basados en la legislación actual ya deberían haberse implementado y puesto en marcha, entre los que figura precisamente la puesta en marcha de la autoridad de protección al denunciante.
Fuente ABC