El Ministerio de Trabajo ha celebrado este jueves la última reunión del diálogo social para negociar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025. Tanto los sindicatos UGT y CCOO como las patronales CEOE y Cepyme han asistido, aunque estas últimas ya rechazaron oficialmente la propuesta del ministerio el pasado cinco de noviembre. Las conversaciones se iniciaron en enero, pero en estos once meses Trabajo no ha logrado atraer a los empresarios a la reducción de la jornada por ley, a pesar de ofrecer algunas medidas compensatorias menores.
Según ha confirmado a la salida del encuentro el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, “el acuerdo finalmente no ha sido posible”, por lo que las negociaciones continuarán en los próximos días solo con los sindicatos, con los que espera consensuar un texto de manera “inminente”. Como CEOE y Cepyme no se han sumado finalmente, Pérez Rey ha reconocido que “el texto cambiará” porque “algunos aspectos solo tenían sentido con la patronal dentro”. En concreto, ha mencionado que decaen las ayudas directas a las empresas propuestas, aunque no ha entrado en más detalles.
En los últimos meses, Trabajo había ofrecido a las patronales un conjunto de bonificaciones para las nuevas contrataciones que hicieran las empresas pequeñas (de menos de 10 trabajadores) como consecuencia de la reducción de la jornada y asesoramiento para implantar los nuevos horarios. También se barajaron ayudas directas de 6.000 euros a las microempresas de determinados sectores y dar mayor flexibilidad en la distribución irregular de la jornada.
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Javier Jorrín
“Les expreso mi perplejidad. Once meses después CEOE y Cepyme se sientan en la mesa a decirnos que la reducción solo se puede hacer por la negociación colectiva“, ha explicado el número dos de Yolanda Díaz, que ha afeado a los empresarios la no presentación de contrapropuestas a sus borradores y ha llegado a calificar la situación de “tomadura de pelo“. En opinión del ministerio, las organizaciones empresariales están “jugando con otros intereses ideológicos o partidistas relacionados con no parecer que la patronal apoya una política del gobierno“.
La postura de CEOE y Cepyme expresada en su comunicado de hace unas semanas es que reducir la jornada laboral por ley en todos los sectores y empresas “debilita” el marco de la negociación colectiva y “aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.
Inicio de los trámites legislativos
Según ha reconocido el secretario de Estado, la demora en las negociaciones ya ha provocado que sea inviable aprobar una reducción intermedia de jornada a 38,5 horas en 2024, medida comprometida en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar y que pretendía hacer más llevadero el cambio a las empresas. En su lugar, el Ministerio de Trabajo defiende legislar directamente las 37,5 horas previstas para 2025. “Vamos directamente a las 37,5 horas en 2025, no hay tiempo material para el paso intermedio“, ha declarado Pérez Rey.
En este escenario de negociación bipartita, los sindicatos van a tratar de llevar más el texto a su terreno, por lo que consideran que todavía es pronto para hablar de un acuerdo cercano con el Gobierno. De hecho, no hay fecha para la próxima reunión con el ministerio. El secretario de Estado ha trasladado una visión más optimista, adelantando que este viernes el ministerio colgará el anteproyecto de ley de reducción de jornada en consulta pública.
La ley cambiará también el registro horario obligatorio introducido en 2019 y elevará las sanciones a las empresas que lo incumplan
No obstante, se trata de un paso formal en el que no se publicará un texto normativo cerrado, sino solo el anuncio del inicio de la tramitación legislativa. Tras esta consulta pública, el texto aún tendrá que definirse con los sindicatos y los organismos consultivos como el Consejo Económico y Social (CES) deberán pronunciarse.
Además de la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la ley cambiará también el registro horario obligatorio introducido en 2019 y elevará las sanciones a las empresas que lo incumplan. Como ha trascendido en los últimos meses, el registro pasará a ser digital para todas las compañías, también las pequeñas, para que sea interoperable por la Inspección de Trabajo en remoto.
Fuente El Confidencial