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El gobierno de Milei impulsará una reforma para cobrar a los extranjeros no residentes por los servicios de salud y universidades.
El portavoz Manuel Adorni anunció los cambios que buscarán implementar en el sistema migratorio.
El proyecto oficial contempla agregar nuevos delitos como motivos para negar la entrada al país o justificar la expulsión de inmigrantes.
El Gobierno de Javier Milei ha anunciado su intención de llevar a cabo una reforma en el régimen migratorio, la cual incluirá el cobro de aranceles en universidades y en la atención sanitaria para los extranjeros que no sean residentes. Además, se prevé sumar más delitos a la lista que actualmente impide el reingreso al país.
Esta información fue proporcionada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Adorni también mencionó que el Gobierno aún no ha decidido si convocará a sesiones extraordinarias ni qué proyectos se discutirán en caso de que se lleven a cabo, aunque anticipó que podrían haber novedades en los próximos días.
“El Gobierno nacional impulsará una serie de modificaciones en el régimen migratorio. La finalidad de estas medidas es avanzar hacia un país más ordenado, que proteja sus fronteras y a los ciudadanos argentinos”, afirmó el portavoz. Sin embargo, no se especificaron los instrumentos (decretos, leyes, resoluciones) que se utilizarán para implementar este plan.
En primer lugar, se buscará que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, lo que representaría una nueva fuente de financiamiento para estas instituciones. “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”, destacó.
Asimismo, se contempla la eliminación de la gratuidad en la atención médica para extranjeros. “Las autoridades nacionales, provinciales o municipales en materia de salud determinarán las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar por los servicios a extranjeros no residentes. En Salta, por ejemplo, esta medida ha reducido en un 95% la atención a extranjeros, generando un ahorro de 60 millones de pesos”, comentó, subrayando que esto pondría fin a lo que él llamó “tours sanitarios”.
En la reforma también se incorporarán más delitos que impedirán el ingreso a Argentina o justificarán la expulsión de un inmigrante. “Si un delincuente es atrapado en flagrancia o se le detiene por atentar contra el sistema democrático, como atacar instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país”, detalló.
Adicionalmente, no se permitirá el ingreso a quienes presenten documentación falsa o cuando se sospeche que su motivo de entrada es distinto al declarado en el trámite migratorio. El proyecto contempla penas de prisión para aquellos que infrinjan la prohibición de reingresar al país.
“La doctrina garantista ha causado estragos en el ámbito migratorio. Los delincuentes, usurpadores y oportunistas deben permanecer al otro lado de la frontera y no venir a Argentina a perjudicar a los ciudadanos que residen aquí”, enfatizó.
Al ser cuestionado sobre las razones detrás de estas medidas, Adorni respondió que el objetivo es que “los residentes argentinos tengan prioridad sobre los no residentes. Brindar atención médica a un extranjero que viene a aprovecharse de los recursos de un argentino es, sin duda, injusto”.
