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EspañaLas pensiones de viudedad han aumentado en 2025 con respecto a los importes fijados el año anterior, siguiendo el criterio de revalorización aprobado por el Gobierno. La actualización se recoge en el Real Decreto-ley 1/2025, en vigor desde el 1 de enero, y afecta a todos los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado. El incremento, del 2,8% para las pensiones generales, 5,9% para las de viudedad y 9,1% para las de viudedad con cargas, se ha aplicado sobre los importes de 2024 conforme a la evolución del índice de precios al consumo.
Este ajuste implica una subida directa en las pensiones mínimas de viudedad. Los titulares con cargas familiares pasan a percibir 15.786,40 euros anuales, frente a los 14.466,20 euros de 2024. En el caso de los beneficiarios con 65 años o con una discapacidad igual o superior al 65 %, la cuantía se sitúa en 12.241,60 euros al año. Por su parte, quienes tienen entre 60 y 64 años reciben 11.452 euros, y los menores de 60 años cobran 9.275 euros anuales.
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Gráficos: Unidad de Datos
La revalorización se enmarca dentro del sistema de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que establece que las pensiones contributivas deben actualizarse cada año en función del IPC medio de los doce meses previos a diciembre. Este mecanismo ya había supuesto un aumento del 3,8% en 2024 y ahora se aplica con un porcentaje ligeramente inferior, aunque mantiene el compromiso de proteger a los pensionistas frente a la inflación.
Complemento para la brecha de género
Además de la actualización general, el complemento para la reducción de la brecha de género también ha sido revisado, alcanzando en 2025 los 35,90 euros mensuales. Esta medida continúa reforzando el papel redistributivo del sistema de pensiones, especialmente en los casos donde existen trayectorias laborales interrumpidas por cuidados u otras circunstancias estructurales.
El nuevo cuadro de importes responde también al objetivo de avanzar en la equidad del sistema. El Gobierno ha señalado la necesidad de mantener el equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social, especialmente en pensiones como la de viudedad, que representan una fuente de ingresos vital para muchas personas mayores y hogares con situaciones de vulnerabilidad.
Fuente El Confidencial
