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Por Agustín De Beitia
En una decisión de gran trascendencia para la restauración de la memoria histórica, la Justicia ordenó la reposición de una placa en homenaje al juez Jorge Quiroga, miembro de la Cámara Federal en lo Penal que entre 1971 y 1973 se encargó de enjuiciar y condenar a terroristas, y que fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 27 de abril de 1974.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal hizo lugar así a un pedido de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, al que adhería la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Argentina, para volver a colocar en el acceso al edificio del tribunal la placa, que había sido removida en 2012 por decisión del entonces presidente del cuerpo, Gustavo Bruzzone.
Esa remoción había sido dispuesta en medio de una ofensiva ideológica del kirchnerismo, que extremó durante sus años en el poder el intento de reescritura de nuestra historia.
La decisión de restablecer ahora el homenaje a Quiroga fue adoptada en un Acuerdo General de la Cámara que tiene como presidente al juez Mariano Alberto Scotto, y a Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. La Corte Suprema de Justicia había encomendado a la Cámara evaluar el reclamo.
La resolución conocida esta semana fue adoptada el pasado 23 de abril, cuatro días antes de que se cumplieran 51 años del atroz crimen del magistrado, asesinado de 14 balazos en la vía pública, cerca del edificio de esa Cámara, en Viamonte 1147.
En sus considerandos, el juez Cicciaro afirmó “que el recordatorio emplazado en esta Cámara nunca debió ser retirado”.
El magistrado recordó que ya se había opuesto en 2012 a la remoción de la placa y a otro pedido posterior para retirar también un cuadro recordatorio del doctor Quiroga, emplazado en este caso en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción No. 20, por considerar que el asesinato del juez, ocurrido durante un gobierno constitucional, forma parte de una secuencia histórica que explica los hechos posteriores, tal como reconoció en su momento la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que menciona ese crimen en la conocida causa No. 13 por la que fueron condenados varios integrantes de las juntas militares.
Cicciaro argumentó también, como ya lo había hecho en el pasado, que “el hecho de que el nombrado Quiroga perdiera la vida como consecuencia de su condición de juez justificaba que se mantuviera el recordatorio de quien fuera magistrado del mencionado juzgado por espacio de casi una década, como había venido ocurriendo a partir de su asesinato”.
Su voto fue respaldado por los jueces Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Ignacio Rodríguez Varela y Magdalena Laíño. En contra se expidieron Ricardo Matías Pinto, Mariano A. Scotto, Hernán Martín López y Pablo Guillermo Lucero.
En el mismo Acuerdo General, la Cámara hizo lugar también a otro pedido de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina para instalar una placa recordatoria en homenaje a la doctora Carmen María Argibay y dispuso aplicar a los legajos del doctor Quiroga y de la doctora Argibay el “Procedimiento de Guarda y Conservación de Documentos Históricos”.
La Cámara Federal en lo Penal de la Nación que integraron nueve magistrados y tres fiscales, repartidos en tres salas, comenzó a funcionar el 7 de julio de 1971, durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, cuando los juzgados eran impotentes para hacer frente a la violencia guerrillera, y fue disuelta el 25 de mayo de 1973, durante el gobierno de Cámpora, cuando se dictó una amnistía y se liberó a todos los guerrilleros presos que volvieron a tomar las armas y causaron un baño de sangre en la Argentina. El desborde terrorista ya no tendría a partir de entonces contención legal: después del asesinato de Quiroga, los atentados sufridos por otros dos jueces de esa Cámara, Enrique Munilla Lacasa y Carlos Malbrán, y las intimidaciones a otros que los llevaron al exilio, ningún otro juez quiso tomar ese tipo de casos cuando el Estado, tiempo después, quiso recrear un órgano similar.
Fuente La Prensa
