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La titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Cecilia Saint-André, se presentó este lunes en la Cámara de Diputados y dio detalles de la pauta de gastos prevista para 2026.
Además de la Defensora General, en la Legislatura también se dio cita el ministro de Gobierno, Natalio Mema.
Saint-André dijo el Presupuesto del área que encabeza representa el 0,33% del total y de eso, “casi todo es personal”, que se afronta con Rentas Generales.
“Solo un 4% queda para funcionamiento e inversión del Ministerio”, expresó ante los legisladores que se dieron cita en la Cámara de Diputados.
La Defensora General explicó que para el ejercicio 2026 se destinarán para personal, una suma cercana a los 20 millones de pesos, mientras que para inversión unos 900 millones.
Todo esto, según explico, en base a las previsiones de recaudación que estiman rondaría en los 200 millones en cuanto a depósitos judiciales, 600 millones en materia de tasa de justicia, 8 millones en concepto de honorarios, a los que se sumarían recursos por capacitación y multas.
En cuanto a las necesidades para el ministerio que encabeza, Saint-André destacó la necesidad de avanzar con un nuevo edificio en el Polo Judicial, “para tener un modelo integral del servicio de justicia que se pretende tener”, ya que “no solo soluciona problemas sino que es la solución a una justicia cercana”, indicó.
Por otra parte, dijo que “resulta impostergable una defensoría civil en General Alvear para ponerle fin a la doble competencia del defensor penal juvenil actual”, afirmando al respecto que la coexistencia en un mismo profesional de ambas funciones, implica sobrecarga.
Además, “en San Rafael tenemos una sola asesoría y dos jueces de familia y los asesores intervienen en todas las causas de familia. Esto, teniendo en cuenta que siempre que se creaba un Juzgado de Familia se creaba en espejo, una asesoría”, agregó, y enumeró casos similares en San Carlos, Lavalle, Las Heras y Guaymallén. “Esto es equiparar la cantidad de asesorías con los Juzgados de Familia”.
Rendición de cuentas: entre la atención y la papeleta
Saint-André repasó los principales logros de la gestión y dijo que el principal indicador de impacto de la gestión actual “es la cantidad de personas que asesoramos. Atendemos a personas de todos los contextos socioeconómicos aunque la mayoría son personas en situación de vulnerabilidad. O no saben leer y escribir, o están privados de la libertad, o situación de calle”.
“Más de 130 mil personas fueron asesoradas en 2025”, añadió, y al analizar la distribución por fuero, “la mayor cantidad se da en familia, seguido por penal, algo similar a 2024”. Igualmente, indicó respecto a la cantidad de audiencias realizadas, que en los tres primeros trimestres participaron en 55835 audiencias en todos los fueros.
En cuanto a los objetivos trazados para el futuro, dijo que buscan seguir “aunando esfuerzos en soluciones informáticas con el Ministerio Público Fiscal, para ahorrar tiempo y recursos. Se está trabajando además en el desarrollo de otros sistemas informáticos, que son el primer paso para la incorporación futura de la IA aplicada a los servicios de la defensa, pero para agilización y control de los procesos porque nunca podrá reemplazar al defensor”.
Además, señaló que los avances tecnológicos permitieron un “seguimiento y monitoreo permanente, obtener datos estadísticos en tiempo real del trabaja cotidiano”, algo en lo que continuarán trabajando y por el cual han celebrado acuerdos con la Suprema Corte “activando casillas de notificación electrónica, apuntando a la despapelización y la agilización”.
De igual forma avanzó en la cooperación interinstitucional logrando convenios marco con universidades y facultades de Derecho para prácticas no rentadas de estudiantes; con la Defensoría de las Personas con Discapacidad para trabajar en protocolos específicos, y con el Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial, en materia de capacitación.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
