Mendoza, 27 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó este jueves media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, un paso clave que habilita su avance hacia la etapa de explotación y vuelve a instalar en la agenda provincial el debate sobre la diversificación económica y el desarrollo minero bajo estándares de control estrictos.
El proyecto, impulsado por el oficialismo y respaldado por el diputado Guillermo Mosso, fue presentado como una oportunidad histórica para que la provincia incorpore una “industria madre de industrias” sin renunciar a la institucionalidad que caracteriza a Mendoza. Según el legislador, la aprobación llega en un contexto de legitimidad política tras la ratificación electoral del 26 de octubre, donde la ciudadanía mostró respaldo al rumbo pro-minero del gobernador Alfredo Cornejo.
La iniciativa se apoyó sobre un expediente que atravesó todas las instancias legales previstas: dictamen técnico de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, evaluación de 16 organismos sectoriales —incluidas Irrigación, Hidráulica, Patrimonio, Biodiversidad y Áreas Protegidas— y el aval de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (SEAM). También se destacó una audiencia pública récord, con casi 4.000 inscriptos y más de 7.000 ponencias, donde el 67% de los participantes se manifestó a favor del emprendimiento. De igual manera, se llevó adelante la Consulta Libre, Previa e Informada a comunidades originarias conforme al Convenio 169 de la OIT.
Desde el oficialismo insistieron en que el proyecto actual representa una versión completamente distinta a la presentada en 2011: no utiliza sustancias prohibidas por la Ley 7722, incorpora relaves espesados en lugar de diques de cola y prevé un sistema de toma tirolesa que limita el uso de agua para no alterar los caudales naturales del arroyo. A esto se suma la creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), que permitirá un monitoreo continuo y participativo durante todas las etapas: construcción, operación y cierre.
En paralelo, se argumentó que la iniciativa podría convertirse en un motor de desarrollo tecnológico, logístico e industrial para la provincia. La denominada “minería 4.0” —basada en sensores, automatización e inteligencia de datos— permitiría implementar sistemas de control capaces de detectar fallas o anomalías en tiempo real, un avance que desde el oficialismo consideran esencial para evitar incidentes ambientales como los ocurridos en otras provincias años atrás.
Uno de los puntos subrayados en el debate legislativo fue el impacto que el proyecto tendría sobre Uspallata, ya que contempla la construcción de una subestación transformadora que permitiría mejorar el abastecimiento eléctrico en una región históricamente afectada por cortes y fluctuaciones.
En términos macroeconómicos, PSJ Cobre Mendocino prevé USD 560 millones de inversión inicial (CapEx), USD 120 millones anuales de operación (Opex) durante 16 años —con posibilidad de extenderse hasta 28— y un impacto fiscal estimado en USD 1.400 millones, cifras sujetas a ajustes tras la ingeniería de detalle. El oficialismo remarcó además que el concentrado de cobre “sí implica valor agregado” porque captura el 83% del valor total del mineral, mientras que la refinación representa apenas un 5%.
En el marco geopolítico y productivo más amplio, la cordillera de San Juan y Mendoza se consolidaría como el “futuro Añelo del cobre”, con proyectos de envergadura como Los Azules, Altar, Pachón, San Jorge, José María y Filo del Sol, que podrían posicionar a la región como epicentro de la producción nacional de este recurso estratégico.
El debate también reabrió la discusión sobre la distribución fiscal entre Nación y provincias. De acuerdo con los argumentos oficiales, más del 55% de la carga impositiva de un proyecto minero es absorbida por el Estado nacional, lo que impulsa pedidos de un esquema federal más equilibrado en materia de recursos no renovables.
Con la media sanción obtenida, el proyecto deberá ahora pasar al Senado provincial, donde se espera un debate igualmente intenso. Desde el oficialismo sostienen que no se trata de “dar un cheque en blanco”, sino de avanzar con una actividad regulada, controlada y sujeta a un marco legal robusto. Para sus impulsores, Mendoza enfrenta una posibilidad histórica de ampliar su matriz productiva sin desplazar a las actividades tradicionales, sino potenciando encadenamientos, empleo y tecnología.
