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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Gobierno presentó una de las reformas penales más amplias de las últimas décadas, con un paquete de modificaciones que endurece penas, restringe beneficios, introduce la imprescriptibilidad para delitos graves y establece que el 82% de los delitos deberá cumplirse de manera efectiva. La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes destacaron que el objetivo central es “terminar con la puerta giratoria” y reforzar la protección de las víctimas.
El proyecto eleva los mínimos y máximos de cerca de una veintena de delitos. Entre las modificaciones más relevantes figura el aumento de la pena por homicidio simple, que pasará de 8 a 25 años a un rango de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado incorpora nuevos supuestos que abarcan a funcionarios de alta jerarquía, docentes, menores, adultos mayores, víctimas en espacios públicos y personas detenidas. El esquema prevé que la pena perpetua sea verdaderamente “a perpetuidad”, sin límites temporales.
Los delitos vinculados a lesiones, abusos de armas, omisión de auxilio, privación de la libertad, trata de personas y amenazas también registran incrementos sustanciales. Especial atención recibe el capítulo de pornografía infantil, cuyas penas se amplían de manera significativa: la producción y distribución podrá alcanzar entre 3 y 12 años, mientras que la posesión con fines de difusión tendrá una escala de 4 a 12 años, muy por encima de la legislación vigente.
La reforma introduce cambios profundos en delitos patrimoniales. El hurto tendrá una pena de 3 años, suficiente para impedir la condicionalidad; el robo se dividirá en figuras diferenciadas según fuerza, violencia o uso de armas, con agravantes específicos para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” o sustracción de dispositivos de comunicación. En estos casos, las penas oscilarán entre 3 y 10 años, dependiendo del nivel de agresión y el contexto.
En materia de delitos contra la administración pública, el cohecho tendrá una escala de 3 a 10 años, con agravantes para contrataciones estatales y penas más altas si el autor es un funcionario de máxima jerarquía. Asimismo, la reforma incorpora la pérdida automática de la jubilación de privilegio para cualquier funcionario condenado por delitos penales.
Uno de los ejes más sensibles es la imprescriptibilidad de delitos especialmente graves. No prescribirán el homicidio agravado, los abusos sexuales en todas sus formas, los delitos de explotación infantil, la trata de personas, los secuestros extorsivos, atentados contra el orden constitucional, terrorismo, narcotráfico y crímenes de organizaciones criminales. También se suman nuevos supuestos que interrumpen la prescripción, como la orden de captura o el pedido de extradición.
El Gobierno enfatiza que el nuevo esquema elimina mecanismos que facilitaban la liberación temprana de condenados. Se restringe la liberación anticipada y se amplía la lista de delitos que no habilitan la ejecución condicional, incorporando homicidio, robo con armas, robo seguido de muerte y todos los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos. Para reincidentes, la exclusión del beneficio será automática.
Otra modificación sustancial afecta la ejecución de las condenas: una vez que el tribunal superior rechace un recurso extraordinario federal, la sentencia deberá comenzar a cumplirse, sin esperar la decisión de la Corte Suprema. El Ejecutivo sostiene que esto agilizará la efectividad del castigo y evitará demoras que hoy pueden extenderse por años.
Finalmente, la reforma fortalece la figura de la legítima defensa, estableciendo una presunción a favor de quien repele un ataque delictivo, y otorga mayor participación a las víctimas en decisiones clave del proceso penal, especialmente cuando se evalúen beneficios para los condenados.
El proyecto será enviado al Congreso en sesiones extraordinarias y se perfila como uno de los debates más intensos del cierre del año legislativo, en un contexto social que reclama mayor seguridad y un sistema penal más estricto.
