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BUENOS AIRES, 9 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA- La abrupta renuncia del subsecretario de Ciberdefensa, coronel (R) ingeniero Marcelo Adrián Ozán, profundizó la crisis abierta en el Ministerio de Defensa por las denuncias administrativas vinculadas a la venta del predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) y las presuntas irregularidades en licitaciones de equipos críticos, obras y sistemas de entrenamiento. La dimisión, aceptada por el ministro Luis Petri el pasado 1 de diciembre, llegó apenas 19 días después de la oficialización de su designación, un lapso que expone la creciente presión institucional sobre un área clave para la seguridad nacional.
El decreto 795/2025 había sido publicado el 12 de noviembre con alcance retroactivo al 15 de septiembre, aunque en los hechos Ozán ejerció el cargo desde la fecha del Boletín Oficial. Hasta entonces actuaba como asesor de la subsecretaría, estructura que depende de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, liderada por Marcelo Rozas Garay, y que mantiene control funcional sobre el CCCD, bajo mando del general de brigada Luis Guimpel. Todos quedaron bajo escrutinio luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abriera dos expedientes con códigos KLGZ-246 y EEVY-5.
La primera denuncia advierte presuntas omisiones de deberes de funcionario público, anomalías en los procedimientos y falta de un plan de transición ante la enajenación del predio del CCCD, ubicado en Puerto Madero, uno de los segmentos inmobiliarios de mayor valorización del país. La subasta, realizada por USD 34 millones y ganada por el fideicomiso Madero 6 bajo el marco del Decreto 950/2024, obliga al traslado de la estructura operativa encargada de proteger la infraestructura digital crítica del sistema de Defensa. La PIA remitió cuestionarios al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Xavier Isaac, y al propio comandante del CCCD para evaluar las decisiones adoptadas, el eventual deterioro de capacidades y el impacto estratégico de la desarticulación del predio actual.
La segunda denuncia apunta a supuestas irregularidades en licitaciones por USD 21,8 millones para la compra de equipamiento, adecuaciones edilicias y un simulador de entrenamiento. Según la presentación, estas adjudicaciones habrían sido direccionadas a proveedores previamente seleccionados mediante el uso del “secreto militar”, figura que impide verificar valores de referencia y limita los controles cruzados. La PIA investiga si se favoreció a determinadas empresas, si existieron sobreprecios y si se vulneraron normas de transparencia en un sector particularmente sensible.
La crisis administrativa coincidiría con un deterioro en los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de ciberdefensa. El 1 de septiembre concluyó la misión en Argentina del asesor estadounidense designado por el Departamento de Estado para elaborar y monitorear el Plan de Acción del País (PAP), documento que articula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con estándares de interoperabilidad militar, desarrollo de fuerza laboral, resiliencia operativa y protección de sistemas críticos. Ese plan, rubricado en 2024 por Petri y Guimpel en presencia del embajador Marc Stanley, es considerado un instrumento esencial para consolidar la alineación estratégica con Washington.
Sin embargo, fuentes técnicas del área confirmaron que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares no distribuyó el PAP entre los principales mandos militares —Estado Mayor Conjunto, Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, omisión que habría estancado su implementación. En la última evaluación, realizada el 22 de agosto, el asesor estadounidense Gus Santiago constató que el nivel de madurez cibernética permanecía en el mismo valor de un año atrás: 2.6 sobre la escala adoptada, señal inequívoca de que los objetivos no avanzaron más allá de las formulaciones iniciales.
La falta de progresos amenaza áreas críticas: la protección de sistemas de aviónica avanzada, el blindaje de redes de datos, la seguridad del software operativo de los nuevos cazas F-16 y la capacidad de respuesta ante intrusiones complejas. Para Washington, el cumplimiento del PAP es un requisito para compartir inteligencia de alto nivel, transferir tecnología sensible y cofinanciar proyectos de modernización. En términos diplomáticos, la inacción erosiona la confianza y proyecta dudas sobre la capacidad local para sostener una cooperación de largo plazo.
La renuncia de Ozán se lee así como un síntoma de una estructura que enfrenta cuestionamientos cruzados: sospechas administrativas, tensiones internas en Defensa y alertas externas sobre el estancamiento en la agenda bilateral de ciberseguridad. El Gobierno aún no anunció a su reemplazante, mientras crece la expectativa por conocer si el Departamento de Estado enviará un nuevo asesor o si se congelará temporalmente la asistencia técnica. Para un país que avanza en la modernización de capacidades militares y que necesita reconstruir credibilidad en materia de defensa digital, el vacío en la subsecretaría aparece como un riesgo adicional en un terreno donde las demoras se pagan caro.
