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BUENOS AIRES, 9 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA- — En un giro inesperado que evitó lo que podía haber sido una ruptura directa entre el Ejecutivo y el sindicalismo, el Gobierno decidió finalmente no modificar el régimen de cuotas solidarias en la redacción final de su proyecto de reforma laboral. El cambio representa un retroceso para quienes impulsaban esa restricción —como Federico Sturzenegger— y un gesto de respaldo hacia la CGT, que había advertido una fuerte resistencia si se tocaba ese eje clave de financiamiento gremial.
La norma, al momento de salir del gabinete, retiene las cláusulas que permiten a los sindicatos recibir los llamados “descuentos compulsivos” a los trabajadores de cada actividad, más allá de su afiliación. Esa recaudación constituye hoy la base operativa del presupuesto sindical, con capacidad para movilizar millones de pesos por mes.
La desistida restricción de las llamadas “peajes sindicales” había sido impulsada por Sturzenegger bajo argumento de modernización del mercado de trabajo y de aliviar cargas obligatorias sobre los empleados. El artículo —idéntico al contenido en el derogado DNU 70— condicionaba esos aportes al consentimiento expreso del trabajador, lo que hubiera obligado al sindicato a renegociar los descuentos y, probablemente, significaría un duro golpe a su caja.
La disputa interna en el Gobierno fue intensa: mientras Sturzenegger contaba con apoyos como el de la senadora electa Patricia Bullrich, otros sectores moderados —en especial los allegados a la conducción política del Ejecutivo— argumentaron que la eliminación de las cuotas podría precipitar un conflicto sindical insostenible. Finalmente, en la versión final del proyecto oficial, se optó por preservarlas.
Para la CGT y los sindicatos en general, el anuncio significó un respiro: aunque no se levantan todas sus objeciones —siguen en pie críticas a otros puntos de la reforma laboral, como la redefinición de servicios esenciales, la modificación de la ultraactividad de los convenios y las restricciones al derecho de huelga— conservar las cuotas solidarias implica asegurar su financiamiento estructural a corto plazo.
No obstante, el alivio es parcial: el proyecto incorpora otros cambios que tensionan la negociación colectiva. Mantiene la posibilidad de priorizar convenios por empresa o región —aunque condicionando la representación sindical a sindicatos con personería— y reformula aspectos vinculados a delegados, asambleas e integración de comisiones internas.
Para sectores del empresariado y del Gobierno más liberal, la quita de la limitación a las cuotas solidarias representa una concesión significativa al sindicalismo, vista por muchos como contraria al espíritu de la reforma laboral. Pero la decisión también busca facilitar el avance del proyecto en un contexto de negociaciones tensas, con la certeza de que sin al menos una tregua con los gremios el trámite en el Congreso podría entrar en una fase de parálisis. i
Con este movimiento, el Gobierno envía una señal de pragmatismo: prioriza la viabilidad política del proyecto por encima de una reforma más radical, al menos en su capítulo sindical. Pero la pulseada entre la Casa Rosada, los sindicatos y las fuerzas internas del gabinete podría reactivarse en cualquier momento, ante la vigencia de otros puntos conflictivos que aún mantienen el rechazo de la CGT.
