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Buenos Aires, 18 de diciembre del momento-Total News Agency-TNA-La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) por presuntas infracciones y delitos vinculados a la seguridad operacional del sistema de navegación aérea, en el marco del paro de controladores que afecta a los aeropuertos de todo el país en plena temporada alta de viajes.
La presentación fue realizada por el apoderado legal de EANA, Agustín Ortiz de Marco, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, y quedó encuadrada bajo la Prevención Sumaria Nº 779AER/2025, caratulada como “Averiguación de Delito Contra la Seguridad de la Aeronavegación”. La denuncia fue formalizada el 17 de diciembre de 2025, luego de la primera jornada de la medida de fuerza.
Según detalla el escrito judicial, el paro de controladores aéreos impactó en más de 24.000 pasajeros a través de demoras, reprogramaciones y alteraciones en vuelos nacionales, generando un escenario que, a criterio de EANA, trasciende el conflicto laboral e ingresa en el terreno penal, al comprometer potencialmente la seguridad de las operaciones aéreas.
El organismo estatal, responsable de la gestión del servicio de navegación aérea en la Argentina, sostuvo que durante la protesta se produjeron interrupciones de tareas operativas esenciales y la colocación de elementos físicos vinculados a la medida de fuerza en instalaciones críticas, como torres de control. En particular, la denuncia hace referencia a la instalación de banderas en el exterior de torres de control, una conducta que, según EANA, no solo obstaculiza el normal funcionamiento de la infraestructura aeronáutica, sino que implica un riesgo concreto para terceros.
En ese sentido, la empresa advirtió que el eventual desprendimiento de esos elementos o la suspensión de funciones clave podría poner en peligro la seguridad de aeronaves en vuelo o en maniobra, así como la integridad física de pasajeros, tripulaciones y personal técnico, especialmente en aeropuertos con alto volumen de tráfico.
La denuncia subraya que la decisión de avanzar con la medida de fuerza en un período de máxima demanda aérea, como el inicio de la temporada de verano y las fiestas de fin de año, agrava el impacto operativo y expone al sistema a riesgos que deben ser evaluados por la Justicia. En respaldo de sus argumentos, EANA acompañó imágenes y documentación que fueron incorporadas al expediente, el cual ahora quedó bajo análisis del juzgado federal.
En el escrito también se recordó el marco legal aplicable a este tipo de situaciones y los derechos y garantías previstos en los procesos penales, tanto para eventuales víctimas como para testigos, conforme a lo establecido en la Ley 27.372 del Código Procesal Penal de la Nación.
Desde ATEPSA, en tanto, el conflicto fue defendido públicamente a través de comunicados y publicaciones en redes sociales, donde el sindicato argumentó que la huelga responde a reclamos salariales, reincorporación de trabajadores despedidos, estabilidad laboral y condiciones operativas, en un contexto que califican como de emergencia dotacional en distintos aeropuertos del país.
Pese a la denuncia judicial, el gremio anunció que las medidas de fuerza continuarán durante diciembre, en el marco de un cronograma de paros escalonados que se extenderá hasta el 29 de diciembre, incrementando la tensión en el sistema aeronáutico nacional.
El paro comenzó con una primera franja horaria entre las 8 y las 11 de la mañana del miércoles 17, afectando vuelos domésticos en todo el territorio. Las compañías aéreas reportaron demoras, reprogramaciones y cancelaciones parciales, con impacto dispar según el operador. Aerolíneas Argentinas informó retrasos y adelantos en decenas de vuelos, mientras que las aerolíneas de bajo costo debieron ajustar su programación para mitigar el efecto sobre los pasajeros.
Con la causa ya radicada, el juez Rafecas deberá ahora evaluar la existencia de responsabilidades penales, definir eventuales medidas probatorias y determinar si las acciones gremiales denunciadas configuran delitos relacionados con la seguridad de la navegación aérea. El expediente se suma así a un conflicto que reaviva el debate sobre los límites de la protesta sindical en servicios esenciales y la necesidad de garantizar la seguridad operacional en un sector crítico para la conectividad y el turismo del país.
