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Buenos Aires, 10 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-La situación financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de la escena luego de que los balances oficiales de la entidad, presentados hasta el ejercicio 2023-2024, no registraran ingresos provenientes de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, pese a que la firma actúa desde diciembre de 2021 como agente recaudador del sponsoreo internacional de la selección argentina.
De acuerdo con los estados contables correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, TourProdEnter figura no como aportante sino como deudora de la AFA por un monto cercano a los 13 millones de dólares. Esa cifra surge de la conversión del pasivo declarado en pesos al tipo de cambio oficial vigente al cierre del ejercicio, lo que refuerza las dudas sobre el flujo real de fondos hacia la casa madre del fútbol argentino.
La controversia se profundiza al contrastar ese número con los volúmenes de recaudación que, según documentación judicial en Estados Unidos, habría manejado la empresa de Faroni. Entre enero de 2022 y octubre de 2025, los ingresos por sponsoreo internacional de la selección habrían alcanzado más de 260 millones de dólares. Sin embargo, los balances analizados reflejan que solo una fracción mínima de ese total impactó en las cuentas formales de la AFA, muy lejos del esquema contractual que establece que el 70% de lo recaudado debía ingresar a la entidad y el 30% restante corresponder al intermediario.
En ese contexto, la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió avanzar con una serie de citaciones formales. Para la próxima semana fueron convocados los contadores que firmaron los balances de la AFA entre 2020 y 2024, quienes deberán explicar inconsistencias detectadas en distintas cuentas, entre ellas rubros genéricos como “otros créditos”, “fines diversos” y gastos vinculados a selecciones nacionales y utilización de marcas.
El foco de los inspectores también apunta a movimientos que, según el proceso de discovery tramitado ante tribunales estadounidenses, habrían derivado fondos hacia empresas presuntamente vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, así como a sociedades sin beneficiarios finales claramente identificados. Esos elementos no aparecen detallados en los balances aprobados por la asamblea de la entidad.
A la par del frente contable, la situación institucional suma tensión política. En los últimos días, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió el respaldo público de intendentes alineados con el kirchnerismo del conurbano bonaerense, en medio del intento de trasladar el domicilio legal de la asociación desde la histórica sede de la calle Viamonte al predio de Ezeiza. Desde la IGJ advirtieron que ese cambio no será autorizado mientras permanezcan pendientes la aprobación y aclaración de los balances observados.
Además, el organismo de control evalúa la posibilidad de designar un veedor o aplicar sanciones económicas si la AFA no colabora con la entrega de información requerida. La citación alcanza también a los auditores de la Liga Profesional de Fútbol, lo que amplía el alcance de la revisión sobre el manejo financiero del fútbol argentino.
El escenario se vuelve particularmente sensible a pocos meses del inicio del Mundial de fútbol en Estados Unidos, un evento que concentra la atención internacional y que, paradójicamente, es uno de los principales motores de ingresos de la AFA. Mientras la dirigencia destaca los superávits declarados en ejercicios recientes, los organismos de control ponen el acento en el destino concreto de más de 110 millones de dólares en gastos y cuentas que aún no cuentan con respaldo suficiente.
La resolución de estas inconsistencias no solo será clave para la aprobación de los estados contables, sino también para despejar las sospechas que rodean el circuito de recaudación internacional y la transparencia de la conducción del fútbol argentino.
Fuentes consultadas: Clarín; balances oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino presentados ante la Inspección General de Justicia; documentación judicial de Estados Unidos citada por medios nacionales; declaraciones de funcionarios de la IGJ difundidas en prensa argentina.
