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Buenos Aires, 23 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional avanza en la privatización de AySA y busca formalizar los últimos detalles del proceso antes de que finalice el primer trimestre de 2026, con la intención de publicar el pliego de venta de las acciones estatales entre febrero y marzo próximos. La definición se inscribe en la estrategia oficial de acelerar la segunda etapa del programa de privatizaciones contemplado en la Ley Bases y constituye uno de los movimientos más relevantes del plan económico para el año en curso.
Según fuentes oficiales, el objetivo es que el Estado se desprenda de la totalidad de su participación accionaria en la compañía de agua y saneamiento, actualmente equivalente al 90% del capital social. El 10% restante pertenece a los empleados, bajo el esquema de participación accionaria vigente. Para concretar la operación, el pliego deberá habilitar la compra de al menos el 51% de las acciones por parte de un operador privado, que se convertirá en el socio mayoritario. El porcentaje máximo a vender será el 90%, mientras que cualquier remanente que quede fuera del proceso será ofrecido posteriormente en el mercado bursátil.
El proceso de privatización de AySA comenzó formalmente a mediados del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo dictó un decreto que habilitó la venta de la totalidad de las acciones estatales, luego de que la empresa fuera incluida explícitamente en la Ley Bases como una de las compañías sujetas a privatización. Desde entonces, el oficialismo avanzó con una serie de medidas preparatorias orientadas a ordenar la estructura financiera y operativa de la empresa, con el objetivo de mejorar su valuación y atraer potenciales inversores.
En ese marco, el Gobierno aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, diseñado para dejar a la empresa en condiciones óptimas antes del traspaso al sector privado. El plan incluyó ajustes administrativos, reordenamiento de contratos y lineamientos de gestión destinados a mostrar previsibilidad regulatoria y sostenibilidad económica, dos factores considerados clave para captar ofertas competitivas.
De acuerdo con información relevada en ámbitos oficiales y empresariales, las compañías interesadas en participar del proceso deberán acreditar experiencia en el área de servicios públicos, en particular en la provisión de agua potable y saneamiento. Entre los nombres que aparecen como posibles compradores figuran el Grupo Roggio y dos empresas brasileñas con trayectoria en el sector: Sabesp y Río+Saneamento. No obstante, el Gobierno mantiene un fuerte hermetismo respecto del interés concreto de estas firmas y de otros eventuales actores que podrían sumarse a la compulsa.
Una vez concretada la privatización, el esquema de control y regulación quedará a cargo de dos organismos estatales. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento será responsable de supervisar las tarifas, la calidad del servicio y la atención de reclamos de los usuarios, mientras que la Agencia de Planificación tendrá a su cargo el seguimiento de las inversiones y la planificación estratégica del sistema de agua y saneamiento en el área de concesión.
La privatización de AySA se inscribe en un plan más amplio del Gobierno para reducir la participación del Estado en empresas públicas consideradas deficitarias o susceptibles de gestión privada. En esa misma línea, el Ejecutivo también impulsa procesos similares en compañías como Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales, con el objetivo de avanzar en una reconfiguración profunda del rol estatal en sectores clave de la economía.
Fuentes consultadas: TN; fuentes oficiales del Gobierno nacional; documentación vinculada a la Ley Bases; información empresarial del sector de servicios públicos.
