Buenos Aires-14 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensayó este sábado una autocrítica que, aunque tardía, expone el costo político que le dejó una semana de fuerte desgaste: reconoció que hoy tomaría otra decisión respecto del viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante la gira oficial a Nueva York, y admitió que no cree que vuelva a acompañarlo en una comitiva de ese tipo. La frase, pronunciada tras varios días de justificaciones, rectificaciones y nuevas polémicas, reflejó hasta qué punto el episodio golpeó al funcionario en un momento en que el Gobierno intenta sostener un discurso de austeridad y diferenciación respecto de los privilegios de la vieja política.
La controversia se activó cuando trascendió que Angeletti, quien no ocupa un cargo público, integró la comitiva que viajó a Estados Unidos en el marco de la Argentina Week, donde el Gobierno buscó mostrar al país como destino de inversiones. La imagen de la esposa del funcionario junto al grupo oficial, durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson en Queens, terminó de confirmar una situación que hasta entonces no había sido informada oficialmente. Desde ahí, el caso se convirtió en un problema político para la Casa Rosada, no sólo por la presencia de un familiar en el ARG-01, sino también porque el propio oficialismo había promovido normas y discursos para restringir el uso de bienes del Estado con fines particulares.
En una primera defensa pública, Adorni había intentado justificar la presencia de su esposa con una frase que empeoró el cuadro: dijo que había querido estar acompañado porque iba a “deslomarse” en Nueva York. Días después, ya en medio del vendaval, reconoció que esa explicación fue desafortunada y que la palabra elegida había generado un rechazo comprensible. En su nueva intervención, fue un paso más allá y dejó entrever que no repetiría esa decisión. La secuencia es reveladora porque marca un retroceso respecto de sus argumentos iniciales y muestra que el Gobierno tomó nota del impacto del caso.
Pero el problema ya desbordó el plano mediático. La situación derivó en pedidos de informes impulsados por el diputado Esteban Paulón, en denuncias penales promovidas por la diputada Marcela Pagano y por el abogado Gregorio Dalbón, y en una activación judicial que empezó a pedir información sobre la comitiva, la lista de pasajeros y las normas aplicables al uso de la aeronave presidencial. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente preliminar para analizar si existieron irregularidades. En otras palabras, el episodio ya no es apenas un tropiezo discursivo: pasó a convertirse en un expediente con consecuencias institucionales potenciales.
El trasfondo político es particularmente incómodo para Adorni porque existe una contradicción difícil de disimular. El Gobierno había dictado en 2024 el decreto 712, que prohíbe utilizar aeronaves públicas para actividades ajenas al servicio del poder público y que fue presentado como una muestra de orden y fin de privilegios. La pregunta que quedó flotando es obvia: si esa vara era válida para marcar distancia con otras administraciones, por qué ahora debería aceptarse como natural que un familiar de un alto funcionario viaje en una gira oficial sin función pública conocida.
La situación se complicó todavía más con otro episodio reciente: el vuelo privado que Adorni tomó durante el fin de semana de Carnaval para viajar a Punta del Este junto a su familia y al periodista de la TV Pública Marcelo Grandio. El funcionario aseguró que pagó su parte y que todo forma parte de una operación política. Sin embargo, el asunto volvió a generar ruido cuando el propio Grandio, al intentar defenderlo, se enredó al hablar del origen del dinero y dejó abierta una confusión innecesaria. Aunque después aclaró que el pago no salió del Estado, el daño político ya estaba hecho.
Lo que queda a la vista es que Adorni, uno de los rostros más visibles del relato oficial contra la casta, terminó envuelto en una controversia que golpea justo sobre el punto más sensible de ese discurso: el uso de privilegios, la administración de recursos públicos y la diferencia entre lo permitido y lo aceptable. Su admisión de que actuaría distinto no cierra la discusión. A lo sumo confirma que, aun dentro del propio oficialismo, entendieron que el costo del episodio fue demasiado alto como para insistir en la defensa cerrada de una conducta que contradice la estética y la narrativa que el Gobierno eligió para sí mismo.
