Buenos Aires, 16 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato especialmente incómodo para la Casa Rosada: antes de asumir como funcionario de Javier Milei, recibió durante casi un año transferencias de dinero de Imhouse, la productora vinculada a Marcelo Grandio, el mismo amigo que después quedó asociado al viaje en avión privado a Punta del Este y a contratos con medios públicos. La información ingresó al expediente a partir del levantamiento del secreto bancario ordenado por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, y vuelve mucho más difícil sostener que entre ambos sólo existía una relación social sin implicancias económicas.
Según la documentación bancaria incorporada a la causa, Adorni recibió diez transferencias entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de 1.670.900 pesos. Hubo dos primeros giros de 50.000 y 60.000 pesos, luego cuatro pagos mensuales de 121.000, tres de 157.300 y un último envío de 605.000 pesos, justo en el mes en que el actual jefe de Gabinete desembarcó en la función pública. El dato no prueba por sí solo un delito, pero sí refuerza algo que la investigación ya viene marcando: la relación entre Adorni y Grandio era más estrecha, constante y económicamente concreta de lo que el oficialismo quiso mostrar en público.
El punto políticamente más delicado aparece cuando se mira la secuencia completa. Los pagos terminaron cuando Adorni asumió en el Gobierno, pero apenas cuatro meses después Imhouse firmó su primer contrato con la TV Pública, y luego quedó vinculada a una serie de acuerdos con Radio Nacional y otros espacios de los medios estatales que ya dependían del área de Comunicación bajo control del propio funcionario. Fuentes citadas en la cobertura periodística sostuvieron incluso que, para determinados proyectos radiales, hacía falta el visto bueno de Adorni. Es decir, el expediente empieza a mostrar una cronología incómoda: primero los pagos privados, después el desembarco en el Estado, y luego los contratos públicos para la productora del amigo.
La gravedad política crece porque no se trata de un caso aislado dentro del expediente, sino de otra pieza que se suma a una cadena de episodios ya bajo investigación. La Justicia ya tiene acreditado que el vuelo de ida a Punta del Este fue abonado por una productora vinculada a Grandio, mediante una transferencia por $6.984.180, equivalente a US$ 4.830 según la factura incorporada al juzgado. Además, una testigo declaró que el propio periodista pidió cotización porque quería “invitar a una familia a Punta del Este” y que luego supo que esa familia era la del jefe de Gabinete. En paralelo, la causa por presunto enriquecimiento también avanza sobre propiedades, hipotecas privadas, consumos en efectivo y viajes al exterior.
El vínculo entre Adorni y Grandio, además, no nació con el Gobierno. La Nación reconstruyó que Imhouse ya estaba detrás de contenidos audiovisuales conducidos por el propio funcionario antes de su salto a la política, entre ellos el ciclo Dos en Pausa, y que más tarde la productora pasó a producir programas emitidos por la TV Pública y su streaming. En otras palabras, no se trata de dos personas que se cruzaron por casualidad, sino de una relación profesional y amistosa de larga data que, una vez dentro del Estado, quedó rodeada de sospechas por la superposición entre dinero previo, amistad personal y negocios posteriores con medios públicos.
Por eso la investigación ya no gira solamente sobre si Adorni aceptó o no una invitación de un amigo para viajar, sino sobre algo bastante más serio: si hubo un circuito de favores, pagos, contrataciones y beneficios cruzados alrededor de un funcionario que construyó su capital político denunciando privilegios, casta y negocios de otros. En Comodoro Py ya analizan pedir a ARCA la documentación fiscal que permita conocer si esas transferencias estaban respaldadas por facturas o por algún tipo de prestación concreta. Ese paso será clave, porque podría aclarar si existió una relación comercial legítima o si, por el contrario, el dinero recibido forma parte de un entramado todavía más comprometedor.
El problema para la Casa Rosada es que cada nuevo dato vuelve más difícil sostener a Adorni sin costo político. Mientras el Gobierno intenta blindarlo con fotos y respaldo interno, la causa judicial sigue acumulando capítulos que tocan el nervio central del mileísmo: la coherencia entre discurso y conducta. Y en esa grieta cada vez más visible, la aparición de transferencias regulares de la productora de Grandio antes de asumir, seguida por contratos estatales después del desembarco oficial, no hace más que agravar una pregunta que ya no se va: cuánto de lo que rodeó al ascenso político de Adorni fue amistad, cuánto fue negocio y cuánto empieza a parecerse demasiado a una trama de favores incompatible con el relato de pureza que el Gobierno quiso vender.
