Por Dario Rosatti
Córdoba, 17 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El escándalo que envuelve a Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi sumó ahora un episodio que, lejos de bajar la tensión, volvió a encender alarmas dentro del fuero federal cordobés. En el corazón de esa nueva polémica quedaron las acordadas 74 y 75 de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, una secuencia que primero rechazó el pedido de la jueza Liliana Navarro para postergar una reunión de acuerdo y, de inmediato, habilitó el tratamiento y la designación de Ezequiel López Messio al frente de la nueva Oficina Judicial del distrito. En otro contexto el trámite podría haber sido leído como una decisión administrativa. En el actual, quedó bajo una luz mucho más inquietante.
La razón es simple. López Messio había sido ofrecido como testigo por la denunciante Celina Laje Anaya, la funcionaria que en 2025 rompió el silencio y expuso una trama de hostigamiento, violencia de género y presuntas maniobras irregulares dentro de la Cámara Federal cordobesa. Sin embargo, cuando declaró, lo hizo en términos muy favorables a Sánchez Torres y Montesi. Y ahora, en medio del avance de las imputaciones y de las indagatorias pedidas por los fiscales, terminó beneficiado con un nombramiento de alto relieve institucional, con rango equivalente a secretario letrado de la Corte Suprema. Ese encadenamiento de hechos fue el que disparó el murmullo más incómodo dentro de tribunales.
Que un tribunal federal tenga entre sus integrantes a un matrimonio, asegurando mayoría automática, ya es mas que preocupante y de corroborarse presiones a testigos o premios sería un escándalo mayor, para más cuando los nexos de los denunciados con la Corte Suprema y la policita son de dominio público.
El contexto vuelve ese movimiento todavía más delicado. Como ya había advertido Total News Agency en octubre de 2025, la denuncia de Laje Anaya no se limitaba a maltrato interno, sino que apuntaba a una presunta maniobra para reconfigurar una sala judicial sin el sorteo reglamentario, con el fin de asegurar mayorías en expedientes de fuerte peso económico y político. Ese cuadro, que en su momento pareció para algunos apenas una denuncia interna grave, terminó creciendo hasta desembocar en una causa penal que hoy ya roza a la cúpula de la Cámara, suma imputaciones por abuso de autoridad, violación de deberes, falsedad ideológica y coacción, y amenaza con proyectarse al Consejo de la Magistratura e incluso tensar vínculos con la Corte Suprema.
En ese escenario, la acordada 74 tuvo un peso decisivo. Allí, con Navarro de licencia, Montesi, Sánchez Torres y Eduardo Avalos rechazaron el pedido para diferir el tratamiento de los temas vinculados a la implementación de la Oficina Judicial, pese a que el propio antecedente interno había admitido antes la conveniencia de tratar esos asuntos con la presencia de todos los miembros. Inmediatamente después, mediante la acordada 75, avanzaron con la designación de López Messio como director de la nueva estructura. Esa velocidad, combinada con el contexto judicial que ya rodeaba a la Cámara, fue lo que volvió el nombramiento particularmente llamativo para buena parte del foro cordobés.
Según pudo saber Total News Agency, esa secuencia se produjo además en un clima atravesado por versiones cada vez más insistentes sobre posibles presiones a testigos. En ese marco, un abogado del foro y fuente de esta agencia sostuvo que, para despejar dudas, deberían impulsarse cruces de llamadas y revisión de cámaras tanto del edificio de la Justicia Federal de Córdoba como de algunos locales gastronómicos(con picardia cordobesa sugirió ya habrian sido realizadas) frecuentados por funcionarios judiciales. La sugerencia no aparece como un dato menor: refleja hasta qué punto el caso ya desbordó la discusión estrictamente jurídica y empezó a meterse en una zona mucho más áspera, donde lo que se pone en duda no es sólo una resolución o un nombramiento, sino el contexto en el que se toman ciertas decisiones cuando el poder judicial queda bajo sospecha.
Por eso, esta segunda parte del caso ya no discute solamente si Sánchez Torres y Montesi podrán defenderse de las acusaciones penales. Lo que empieza a asomar es otra pregunta, todavía más perturbadora: si en medio de un expediente por presunta manipulación de causas, violencia institucional y posibles represalias internas, la Cámara avanzó con un nombramiento que, por sus protagonistas, por su timing y por el ruido que generó, terminó alimentando aún más la sospecha sobre el verdadero funcionamiento del fuero federal cordobés. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser de una persona. Pasa a ser del sistema.
