Buenos Aires, 17 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno de Javier Milei decidió jugar una carta fuerte en la pelea por la reforma laboral y llevó el conflicto directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de per saltum, con el objetivo de dejar sin efecto la cautelar que suspendió más de 80 artículos centrales de la ley. La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y apunta a que el máximo tribunal intervenga sin esperar el recorrido normal de la apelación. En la Casa Rosada entienden que no está en discusión sólo una reforma puntual, sino la autoridad del Congreso para dictar una ley nacional y la posibilidad de que un juzgado de primera instancia la congele con efecto general en todo el país.
El recurso fue presentado contra el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo de Raúl Horacio Ojeda, que el 30 de marzo suspendió provisoriamente 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral tras una acción impulsada por la CGT. La central obrera planteó la inconstitucionalidad de un paquete amplio de cambios sobre la Ley de Contrato de Trabajo, representación sindical, huelga, tercerización, plataformas digitales, régimen indemnizatorio y derogación de la ley de teletrabajo, entre otros puntos. El juez hizo lugar a la cautelar con alcance general y decidió mantener el statu quo hasta que se resuelva el fondo del asunto.
En el Gobierno consideran que ese fallo fue un golpe directo a una de sus reformas económicas más relevantes y, además, una intromisión impropia de la justicia laboral sobre una ley de alcance nacional. Por eso, en el escrito ante la Corte, la Procuración sostuvo que existe “gravedad institucional”, cuestionó la competencia del juez laboral y pidió que, con la sola presentación del per saltum, queden suspendidos los efectos de la cautelar hasta que el máximo tribunal resuelva de forma definitiva. La apuesta oficial es clara: acelerar los tiempos, romper el cerco judicial armado por la CGT y restablecer la vigencia de una norma que el mileísmo considera clave para flexibilizar el mercado de trabajo y bajar costos de contratación.
La ofensiva judicial del Ejecutivo se apoya, además, en un antecedente que en Balcarce 50 leen como una señal favorable. El 10 de abril, la jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la demanda de la CGT debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la justicia laboral, al entender que se trata de una controversia contra el Estado Nacional por una ley general y no de un conflicto individual o sectorial de trabajo. Ese fallo no levantó la cautelar, pero sí fortaleció el argumento del Gobierno de que el juzgado laboral carecía de competencia para intervenir de la forma en que lo hizo.
El trasfondo político de esta jugada es tan importante como el jurídico. Para Milei, dejar congelada la reforma implicaría aceptar que la resistencia sindical y la judicialización pueden desarmar una de las piezas centrales de su programa sin siquiera llegar al debate de fondo. Por eso el oficialismo eligió el camino más agresivo y excepcional que ofrece el sistema judicial. El per saltum no es una apelación común: es un salto de instancia pensado para situaciones extraordinarias, y justamente con esa lógica el Gobierno quiere instalar que el caso excede una disputa procesal y toca el funcionamiento mismo de la división de poderes.
Del otro lado, la CGT sostiene que la reforma introduce modificaciones regresivas y permanentes sobre derechos individuales y colectivos de los trabajadores, afecta garantías constitucionales como la protección del trabajo, la libertad sindical y la progresividad de los derechos sociales, y por eso celebró el freno judicial como un límite a una avanzada que considera inconstitucional. A ese frente se sumaron además otros reclamos sectoriales: por ejemplo, la UDA consiguió suspender provisoriamente la aplicación de la esencialidad educativa prevista en la misma reforma, otro indicio de que la batalla judicial recién empieza y de que el conflicto podría multiplicarse incluso aunque la Corte tome el caso.
En definitiva, el Gobierno busca que la Corte Suprema le devuelva rápido la iniciativa sobre una reforma que considera vital para su proyecto económico, mientras la central sindical intenta consolidar en tribunales el freno que ya consiguió en primera instancia. La pelea, por ahora, ya dejó de ser sólo laboral. Se transformó en una pulseada política de fondo entre la administración de Milei, el sindicalismo peronista y un poder judicial al que el oficialismo quiere obligar a definir, cuanto antes, si la reforma laboral seguirá congelada o vuelve a entrar en vigor.
