Por Daniel Romero
Washington – 17 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El presunto memorando de entendimiento de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán volvió a encender las alarmas diplomáticas y de seguridad en Medio Oriente. El texto, difundido por medios internacionales y aún sin firma formal definitiva, plantea un cese de hostilidades, la reapertura progresiva del estrecho de Ormuz, alivio sobre las sanciones petroleras, desbloqueo de activos y un eventual fondo de desarrollo para Teherán por al menos US$300.000 millones. Irán ya incumplió acuerdo anteriores.
Irán no llega a esta negociación como un actor sin antecedentes. En 2005 fue declarado en incumplimiento por el OIEA por fallas y ocultamientos en su programa nuclear; entre 2006 y 2010 desoyó resoluciones del Consejo de Seguridad que exigían suspender el enriquecimiento; desde 2019 quebró límites centrales del JCPOA; y en 2025 volvió a ser señalado por el organismo nuclear por falta de cooperación y rastros de uranio en sitios no declarados.
Por eso, el problema del nuevo memorando no es sólo qué promete Irán, sino cuándo recibe los beneficios: el régimen tiene antecedentes de usar la negociación para ganar tiempo, aliviar sanciones y desplazar hacia adelante las obligaciones verificables.
Ahora, detrás de la arquitectura diplomática aparece una pregunta inevitable: si Irán logra levantar el bloqueo, reactivar sus exportaciones de crudo y productos petroquímicos, acceder a fondos congelados, cobrar ventas pendientes y recomponer margen financiero antes del acuerdo final, ¿qué incentivo concreto tendrá luego para firmar compromisos irreversibles sobre su programa nuclear, sus milicias regionales y su poder militar?
El punto más sensible del borrador no está sólo en lo que promete, sino en el orden en que lo promete. Los artículos 4, 5, 10 y 11 otorgan a Irán beneficios operativos y económicos inmediatos o tempranos, mientras que las cuestiones nucleares de fondo, el destino del material enriquecido y el esquema final de verificación quedarían para una negociación posterior de hasta 60 días, prorrogable por acuerdo de las partes.
El artículo 4 establece que, inmediatamente después de la firma del memorando, Estados Unidos levantará el bloqueo naval, evitará interferencias contra Irán y restablecerá el tráfico marítimo a plena capacidad en un plazo máximo de 30 días. Además, compromete el retiro de fuerzas estadounidenses de las zonas circundantes dentro de los 30 días posteriores a la firma del acuerdo final.
El artículo 5 obliga a Irán a adoptar medidas para garantizar la reanudación del movimiento de buques mercantes entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, también en un plazo de 30 días, hasta alcanzar niveles previos a la guerra. El texto menciona la necesidad de remover obstáculos técnicos y neutralizar minas, una cláusula que reconoce de hecho que el control del paso marítimo seguirá dependiendo, en buena medida, de la conducta y capacidad operativa iraní.
El artículo 10 es uno de los más delicados: compromete al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a emitir exenciones para permitir exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y derivados, junto con todos los servicios asociados: banca, seguros, transporte y operatoria logística. Es decir, no se trata únicamente de permitir que Irán venda petróleo, sino de rehabilitar la arquitectura comercial y financiera necesaria para que pueda cobrarlo.
El artículo 11 completa la ecuación económica: dispone que, en función del avance hacia un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de Irán serán liberados y puestos a plena disposición del régimen, con permisos y licencias estadounidenses para garantizar su uso. El beneficiario final será determinado por el Banco Central de la República Islámica de Irán.
La combinación de esos cuatro artículos genera el núcleo de la controversia. Irán obtendría oxígeno marítimo, petrolero y financiero antes de cerrar el acuerdo definitivo. En cambio, los compromisos sustantivos sobre el programa nuclear aparecen formulados de manera más general: Teherán reitera que “jamás producirá armas nucleares”, pero el destino del material enriquecido y las demás cuestiones técnicas quedarían para el acuerdo final.
En otras palabras, el borrador parece conceder beneficios verificables y monetizables en el corto plazo, a cambio de promesas políticas y negociaciones futuras. Para los críticos del régimen iraní, esa secuencia es el talón de Aquiles del entendimiento: primero se levanta parte de la presión económica, luego se discute el núcleo estratégico.
La preocupación no es abstracta. Irán arrastra un largo historial de tensión con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por el alcance de su programa nuclear, sus niveles de enriquecimiento de uranio, el acceso de inspectores y la transparencia de sus instalaciones. En paralelo, mantiene una red regional de aliados y proxies armados, entre ellos Hezbolá en el Líbano, milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen y estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica.
El texto también llega tras semanas de presión militar, bloqueo naval y tensión en Ormuz, un paso estratégico por donde circula una porción decisiva del petróleo mundial. En ese contexto, permitir nuevamente la salida de crudo iraní representa no sólo una concesión económica a Teherán, sino también una apuesta de Washington para estabilizar los mercados energéticos y evitar una escalada regional mayor.
El presidente Donald Trump presentó la negociación como una salida para evitar una depresión económica global y descomprimir el frente energético. Funcionarios estadounidenses, sin embargo, intentaron relativizar el documento y lo describieron como un instrumento político preliminar, no como el paquete completo de compromisos que —según aseguran— incluiría entendimientos adicionales no divulgados.
Del lado iraní, medios semioficiales cuestionaron versiones filtradas y calificaron algunos borradores como inexactos. Esa disputa comunicacional refuerza la fragilidad del proceso: todavía no hay un texto oficial plenamente validado por todas las partes ni garantías públicas suficientes sobre cómo se controlará el cumplimiento.
La cláusula 13 agrava la sospecha de los críticos. Según el texto difundido, Irán y Estados Unidos sólo iniciarán negociaciones sobre los artículos restantes una vez recibidas garantías sobre el inicio de la aplicación de los artículos 4, 5, 10 y 11 y la continuidad de esas medidas. Traducido: primero debe comenzar el alivio sobre bloqueo, navegación, petróleo y activos; después se avanzaría en el resto.
Ese orden transforma el memorando en una apuesta de alto riesgo. Si Irán obtiene ingresos frescos, libera activos, restablece exportaciones, recompone reservas y gana tiempo político, podría llegar a la mesa final con una posición mucho más fuerte que la actual. Y si además utiliza ese margen para rearmarse, reforzar proxies o sostener su programa nuclear bajo el paraguas del “statu quo”, el costo estratégico para Estados Unidos, Israel y sus aliados regionales podría ser enorme.
El artículo 14 prevé que el acuerdo final sea aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le daría respaldo jurídico internacional. Pero esa eventual cobertura diplomática no responde la pregunta central: ¿qué ocurre si el régimen iraní aprovecha los beneficios iniciales y luego dilata, condiciona o rechaza el acuerdo final?
La experiencia histórica recomienda prudencia. El régimen de los ayatollahs ha demostrado capacidad para negociar bajo presión, ganar tiempo, explotar divisiones entre potencias y convertir alivios parciales en recursos para su supervivencia interna y su proyección regional. Por eso, el eventual pacto no debería medirse sólo por sus buenas intenciones, sino por sus mecanismos de verificación, reversibilidad automática de sanciones, control efectivo del dinero liberado y consecuencias claras ante incumplimientos.
En el papel, el memorando promete paz, comercio marítimo, alivio económico y una nueva negociación nuclear. En la práctica, podría darle a Irán exactamente lo que necesita antes de asumir obligaciones definitivas: dinero, petróleo, tiempo y margen para recomponer poder.
La pregunta, entonces, no es si el borrador suena diplomáticamente ambicioso. La pregunta es si, después de cobrar, vender, mover sus barcos y recuperar oxígeno financiero, Teherán tendrá algún incentivo real para firmar un acuerdo que limite de verdad su capacidad nuclear y militar. El régimen irani es espacialista en torcer, quebrar y violar acuerdos.
