Buenos Aires-27 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis de la ex IOSFA dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una postal cruda del deterioro del sistema sanitario de las fuerzas: una deuda millonaria, prestaciones cortadas, prestadores desfinanciados y una reestructuración que expone el fracaso de gestiones anteriores, especialmente la del actual diputado Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa.
El reclamo del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, designado por el ministro Carlos Presti para administrar el cierre de la ex obra social militar, volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el sistema arrastra un desfalco operativo que el Gobierno no cubre de manera integral y que ahora pretende resolver presionando a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina por deudas acumuladas.
Según informó Ámbito, en una nota firmada por Edgardo Aguilera, Guzmán advirtió que la deuda de las fuerzas de seguridad constituye hoy “la principal causa” que impide normalizar las prestaciones en distintas jurisdicciones. El monto actualizado reclamado solo a Gendarmería supera los $101.692 millones, originado en liquidaciones incorrectas de aportes y contribuciones desde 2017.
El problema es que esa deuda forma parte de un agujero mayor. La ex IOSFA acumuló compromisos por más de $212.000 millones, con prestadores, laboratorios, colegios médicos, centros de salud y proveedores que durante años sostuvieron servicios sin cobrar en tiempo y forma. En la práctica, los afiliados terminaron pagando el costo: demoras, cortes de cobertura, falta de medicamentos y pérdida de confianza del sistema médico.
La responsabilidad política no puede quedar diluida. Durante la gestión de Luis Petri en Defensa, el deterioro de IOSFA no fue resuelto y la administración dejó una estructura quebrada, con deudas acumuladas y sin una respuesta financiera de fondo. Hoy, ya como diputado, Petri carga con el peso de una etapa en la que la obra social militar quedó atrapada entre ajuste, desorden y falta de decisión política.
El DNU 88/2026 dispuso la disolución de IOSFA y la creación de dos organismos separados: OSFA, para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y personal civil de las fuerzas; y OSFFESEG, para Gendarmería y Prefectura. Pero dividir estructuras no alcanza si no se cubre el rojo heredado ni se garantiza una salida ordenada para los afiliados.
Las Fuerzas Armadas ya cancelaron parte de sus obligaciones utilizando fondos del inciso 1, es decir, partidas asociadas a salarios del personal militar. Con ese dinero se pudieron pagar casi $2.000 millones a prestadores de Tucumán. El dato muestra voluntad de ordenar, pero también desnuda una situación grave: se recurre a fondos sensibles para tapar agujeros de gestión.
Mientras tanto, Gendarmería y Prefectura resisten transferir los montos reclamados antes del traspaso definitivo a su nueva obra social. Esa pulseada agrava el conflicto y deja a miles de afiliados en el medio de una disputa entre despachos estatales.
El cuadro es todavía más serio porque el Gobierno no aparece cubriendo de manera contundente el descalce financiero generado durante la administración previa de IOSFA. En lugar de asumir el costo político y presupuestario del colapso, la solución parece apoyarse en reclamar deudas internas, presionar a las fuerzas y administrar la escasez.
La crisis de la obra social militar golpea directamente a hombres y mujeres que integran o integraron las fuerzas, muchos de ellos con salarios ajustados y necesidades sanitarias urgentes. No se trata de una discusión contable: detrás de cada deuda hay tratamientos postergados, consultas suspendidas y familias que dependen de un sistema que el Estado dejó degradar.
La gestión de Carlos Presti intenta ordenar el cierre y la transición, pero hereda un escenario explosivo. El punto central es que la reestructuración solo será creíble si se transparenta el origen del agujero, se determinan responsabilidades políticas y se garantiza financiamiento real para recomponer prestaciones.
La ex IOSFA se convirtió en otra muestra de cómo la mala administración pública termina afectando siempre al mismo sector: los afiliados. Y en este caso, el impacto cae sobre personal militar, fuerzas de seguridad, retirados y familias que esperaban una obra social, no una caja quebrada.
