Un fallo basado en cuestiones procesales vuelve a poner bajo la lupa el rol de fiscales, jueces y sus vínculos en causas de corrupción
Buenos Aires, 30 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- En una decisión que sacudió el escenario judicial y político, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento por corrupción del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, ordenando que el expediente vuelva a la instancia anterior para un nuevo pronunciamiento.
El fallo fue adoptado por mayoría en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar al planteo de la defensa del ex mandatario. La resolución no implica una absolución ni descarta los hechos investigados, sino que se limita a cuestionar el procedimiento que llevó a confirmar el procesamiento.
Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, autores del curioso fallo, nombrados por Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Mariano Borinsky fue nombrado juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, por el Decreto 1377/2011, firmado por Cristina Fernández de Kirchner y el entonces ministro Julio Alak, con acuerdo previo del Senado.
En cuanto a simpatías o vínculos políticos, se lo suele ubicar mediáticamente como un juez con buena llegada al macrismo por sus visitas a Mauricio Macri en Olivos durante la presidencia de éste; el propio Borinsky reconoció encuentros y partidos de paddle, aunque sostuvo que también concurrió por temas vinculados a la reforma del Código Penal.
Carlos Javier Carbajo— fue nombrado vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía N° 3, por el Decreto 1172/2018, firmado por Mauricio Macri y el entonces ministro Germán Garavano, también con acuerdo del Senado.
El caso:
El punto central del fallo se apoya en una cuestión técnica pero de alto impacto: según los camaristas, la Cámara de Apelaciones que había confirmado el procesamiento avanzó más allá de lo solicitado por la propia acusación, vulnerando principios básicos del derecho penal como el principio acusatorio, el debido proceso y el derecho de defensa.
En términos jurídicos, el argumento es claro: si tanto la defensa como el fiscal habían solicitado revisar el procesamiento e incluso avanzar hacia una falta de mérito, el tribunal no podía confirmar la acusación sin afectar la lógica del sistema acusatorio. Bajo ese criterio, Borinsky y Carbajo entendieron que se produjo un “exceso de la pretensión acusatoria”, lo que obliga a retrotraer el proceso.
Sin embargo, el fallo abre un debate más profundo sobre la coherencia del sistema judicial. La decisión se apoya en una interpretación estricta del proceso, pero evita pronunciarse sobre el fondo de la causa, en la que se investiga un presunto esquema de direccionamiento de contratos de seguros estatales, con comisiones millonarias y un perjuicio económico significativo para el Estado.
Según la acusación, el entramado incluyó 45 contratos, 25 intermediarios, una estructura con características de organización destinada a desviar fondos públicos y comisiones por más de 3.364 millones de pesos, con un rol central del broker Héctor Martínez Sosa, cercano al ex presidente.
La controversia jurídica se potencia por el rol del fiscal de Cámara, José Luis Aguero Iturbe, cuya intervención resultó clave para el desenlace. Fue precisamente su planteo —orientado a escuchar testigos propuestos por la defensa como Vilma Ibarra y Santiago Cafiero— el que habilitó la revisión del procesamiento.
Dentro del ámbito judicial y político, Aguero Iturbe es identificado como un hombre de fuerte linaje peronista, hijo de Oscar Héctor Aguero Iturbe, quien se desempeñó como Procurador del Tesoro de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem, un dato que vuelve a colocar bajo análisis las conexiones históricas dentro del poder judicial y político argentino. Cabe destacar que Alberto Fernandez fue funcionario de ese gobierno, desempeñandose como Superintendente de Seguros de la Nación entre 1989 y 1995, un organismo clave encargado de regular el mercado asegurador en Argentina. Ese cargo dependía del Ministerio de Economía y tenía fuerte incidencia en la supervisión de compañías de seguros, intermediarios y normativa del sector.
La lógica del fallo también genera interrogantes. Por un lado, reafirma garantías esenciales del proceso penal; por otro, deja abierta la discusión sobre si esas garantías pueden terminar funcionando como herramientas para dilatar o debilitar investigaciones complejas de corrupción.
En disidencia, el juez Gustavo Hornos sostuvo una postura opuesta y consideró que el recurso de la defensa debía ser rechazado. Argumentó que la resolución cuestionada no era una sentencia definitiva y que no existía un agravio actual que justificara la intervención de la Casación en esta etapa del proceso.
Hornos también remarcó que el procesamiento estaba debidamente fundado en las pruebas reunidas, incluyendo indicios de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales, facilitado por el Decreto 823/2021, que habría permitido la incorporación indebida de intermediarios y el pago de comisiones superiores a las del mercado.
La decisión de la Casación no cierra el caso, pero sí redefine su curso. El expediente vuelve ahora a la Cámara Federal, que deberá dictar un nuevo fallo teniendo en cuenta los cuestionamientos planteados por el máximo tribunal penal.
Más allá del impacto inmediato, el fallo deja una señal política y judicial de fondo: en la Argentina, incluso las causas de corrupción más avanzadas pueden quedar sujetas a revisiones procesales que alteran su rumbo, en un sistema donde el equilibrio entre garantías y eficacia investigativa sigue siendo objeto de fuerte discusión.
