El deterioro global muestra una dinámica de imitación entre líderes y estructuras de poder que escalan contra el periodismo
Buenos Aires, 30 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La Argentina volvió a retroceder en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y quedó ubicada en el puesto 98 entre 180 países, tras caer 11 lugares en el relevamiento anual difundido este jueves.
El informe advierte que la libertad de prensa atraviesa su peor momento en 25 años y que más de la mitad de los países evaluados se encuentra en una situación “difícil” o “muy grave”. Según RSF, el deterioro global responde al avance de marcos legales cada vez más restrictivos, al uso de argumentos de seguridad nacional para limitar la información pública y a una creciente tensión entre gobiernos, periodistas y medios.
En el caso argentino, RSF atribuyó el retroceso al aumento de la hostilidad institucional hacia la prensa y a episodios de violencia contra periodistas durante coberturas de manifestaciones. El señalamiento llega en una semana especialmente sensible, luego de que el Gobierno nacional dispusiera restricciones al acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, tras la polémica generada por imágenes registradas con anteojos inteligentes dentro de la sede gubernamental.
La medida abrió un fuerte debate público. Desde el oficialismo se argumentó que existieron razones de seguridad y posibles maniobras de espionaje, mientras que sectores periodísticos, entidades profesionales y organizaciones de defensa de la libertad de expresión advirtieron sobre un precedente preocupante para el trabajo cotidiano de la prensa.
Pero el punto más delicado del informe no es solo el número del ranking, sino la tendencia de fondo: la libertad de prensa parece deteriorarse por una dinámica de retroalimentación internacional. Cuando un presidente, un dignatario o una estructura de poder instala que el periodismo es un enemigo, otros líderes toman ese molde, lo adaptan a su realidad local y elevan un escalón más la confrontación.
Ese mecanismo aparece con claridad en la lectura de RSF, que ubica bajo una misma tendencia a gobiernos de perfiles distintos, pero unidos por un recurso común: desacreditar al periodismo, restringir accesos, judicializar investigaciones, condicionar económicamente a medios o presentar toda cobertura crítica como una operación política.
En esa línea, el reporte menciona los ataques a la prensa por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una práctica sistemática, y advierte que varios líderes de América Latina replican ese manual de confrontación. Entre ellos, RSF señala al presidente Javier Milei y a su par salvadoreño Nayib Bukele, cuyos países también retrocedieron en la clasificación.
La cuestión central es que cada avance contra la prensa habilita el siguiente. Una restricción de acceso puede justificar otra; una descalificación pública desde el poder puede alimentar ataques en redes; una denuncia judicial puede convertirse en advertencia para otros periodistas; y una campaña de desprestigio puede terminar debilitando el derecho ciudadano a conocer información incómoda.
En ese sentido, la libertad de prensa no se deteriora únicamente por censura directa. También se erosiona por acumulación: clima político hostil, presión institucional, violencia callejera, demandas intimidatorias, condicionamientos económicos y un discurso de poder que busca reemplazar al periodismo profesional por comunicación unilateral desde cuentas oficiales o canales propios.
El informe coloca además el caso argentino dentro de una tendencia regional más amplia. El Salvador cayó al puesto 143 tras intensificar la criminalización del periodismo; Ecuador retrocedió al 125 por el impacto del crimen organizado y los asesinatos de periodistas; Perú quedó en el 144; Venezuela se ubicó en el 159; Cuba en el 160; y Nicaragua en el 168, con un ecosistema mediático prácticamente destruido por la represión.
La lectura política del informe vuelve a poner sobre la mesa una tensión de fondo: hasta dónde llega la crítica legítima a medios y periodistas, y dónde comienza una dinámica capaz de afectar el derecho ciudadano a informarse. Para un gobierno que reivindica la batalla cultural y denuncia operaciones mediáticas, el desafío será sostener esa disputa sin alimentar una imagen internacional de deterioro institucional.
En la Argentina, la discusión no es nueva. La relación entre poder político y prensa ha sido históricamente áspera, especialmente cuando los gobiernos se sienten condicionados por investigaciones, denuncias o coberturas críticas. Sin embargo, el ranking de RSF introduce un dato incómodo: el país no solo retrocedió este año, sino que acumula una fuerte caída desde 2022.
El informe llega además en un contexto de alta polarización política, con redes sociales convertidas en campo de batalla, periodistas expuestos a campañas de desprestigio y gobiernos que apelan cada vez más a canales propios para comunicar sin intermediarios.
Para RSF, la libertad de prensa no se mide únicamente por la existencia formal de medios, sino por las condiciones reales para investigar, preguntar, acceder a información pública y cubrir conflictos sin presiones, amenazas ni restricciones arbitrarias.
Así, el informe deja una advertencia de fondo: cuando el poder político convierte al periodismo en adversario permanente, la discusión deja de ser solo entre gobiernos y medios. Pasa a tocar una fibra más profunda: el derecho de la sociedad a preguntar, controlar, investigar y enterarse de aquello que el poder preferiría mantener fuera de escena.
