Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 4 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un dato de fuerte impacto: el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el funcionario le habría pagado en efectivo US$ 245.000 por las remodelaciones realizadas en la casa del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.
La cifra declarada por el constructor difícilmente pueda ser justificada a la luz de los ingresos conocidos del funcionario. No solo porque supera ampliamente el valor que, según trascendió, habría sido informado por la compra original de la vivienda —unos US$ 120.000—, sino porque obliga a la Justicia a reconstruir si ese volumen de dinero puede ser respaldado con documentación válida y consistente con sus declaraciones patrimoniales.
Según fuentes judiciales, las obras incluyeron pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín de una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados. El dato más sensible es la modalidad: el pago habría sido realizado en efectivo, una circunstancia que no solo complica la trazabilidad del dinero, sino que abre de lleno la puerta a nuevas líneas de investigación.
En ese sentido, en ámbitos judiciales ya se analiza que a las acusaciones existentes por presunto enriquecimiento ilícito debería sumarse la posible comisión del delito de evasión fiscal, en caso de confirmarse que esos fondos no fueron declarados ni debidamente registrados ante los organismos tributarios.
En este punto, resulta clave recordar que fue Total News Agency (TNA) quien informó en exclusiva que Adorni poseía la casa de Indio Cuá y que, al mismo tiempo que la remodelaba, alquilaba otra vivienda dentro del mismo country, una situación que desde el inicio generó interrogantes por el nivel de gasto involucrado.
La propiedad figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, quien la registró como única titular el 15 de noviembre de 2024, misma fecha en la que se formalizó un préstamo hipotecario de US$ 100.000 otorgado al matrimonio. Según declaró la escribana Adriana Nechevenko, ese crédito fue utilizado para cubrir parte de la compra del inmueble.
La combinación de compra, préstamo, refacciones millonarias y pagos en efectivo configura ahora un escenario más comprometido para el funcionario. La investigación ya no se limita a establecer la evolución patrimonial, sino que apunta a determinar el origen real de los fondos y si existieron maniobras destinadas a ocultarlos.
El fiscal Pollicita también analiza documentación vinculada a gastos del country, como expensas, tasas de ingreso y administración, en busca de inconsistencias adicionales.
Hasta el momento, Adorni sostiene que su patrimonio está declarado conforme a la Ley de Ética Pública y que todos sus gastos fueron solventados con fondos propios. Sin embargo, el testimonio del contratista introduce un elemento difícil de explicar: US$ 245.000 en efectivo en una operación privada.
En el plano político, el caso impacta directamente sobre uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar un discurso de transparencia y orden fiscal.
La causa continuará con nuevas medidas de prueba y podría ampliarse en las próximas semanas, en función de la documentación que logre reunir la Fiscalía y de la eventual incorporación de nuevas figuras penales.
