Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 5 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó una denuncia penal contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, luego de que el legislador expusiera en el Congreso detalles sobre la vida privada de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y apunta a determinar si el diputado accedió a información sensible mediante acciones ilegales de inteligencia o a través de terceros vinculados a estructuras estatales.
La denuncia lleva la firma del subsecretario legal Diego Goldman y de la directora de Asuntos Jurídicos Mariana Venesio, funcionarios de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva. En el escrito se advierte sobre la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, que prohíbe expresamente realizar tareas de inteligencia interna sobre personas por razones políticas, privadas o ajenas a la seguridad nacional.
El hecho que disparó la presentación ocurrió durante el informe de gestión que Adorni brindó el pasado 29 de abril ante el Congreso de la Nación. Allí, Tailhade se refirió a supuestos movimientos personales de Angeletti, habló del uso de custodia oficial y mencionó presuntos viajes privados, entre ellos uno a Madrid junto a madres del colegio de sus hijos.
Para el Gobierno, el punto más grave no fue solo el contenido político de la acusación, sino el nivel de detalle exhibido por el diputado sobre rutinas familiares, movimientos, custodia y traslados de la esposa de uno de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Según la denuncia, resulta “significativamente preocupante” que un legislador exponga públicamente datos privados del cónyuge de un alto funcionario, y aún más grave que afirme conocer con precisión cuestiones vinculadas a la logística de seguridad del jefe de Gabinete y su familia.
En ese contexto, según pudo saber Total News Agency (TNA), no debería llamar la atención que Tailhade pudiera estar en condiciones de obtener información sensible: el actual diputado fue director de Contrainteligencia durante gobiernos kirchneristas y mantuvo vínculos con estructuras de inteligencia. Además, fuentes consultadas por TNA señalaron que durante su paso por ese universo habría promovido o influido en el nombramiento de agentes que continuaron cumpliendo funciones dentro de la actual SIDE tras la asunción del Presidente Milei.
Otro dato que suma ruido político es que, según fuentes del peronimo, Tailhade, aun con su habitual perfil de “desconfianza y reserva”, suele frecuentar en sus momentos de ocio, entre el consumo de de algún tragao y otras cosas, a dirigentes peronistas de San Miguel vinculados a sectores policiales molestos con la actual conducción del Ministerio de Seguridad. Esa red de contactos, de confirmarse su influencia en la circulación de información sensible, podría convertirse en un nuevo punto de interés para la Justicia, especialmente si la investigación busca determinar si existieron terceros, agentes activos federales o de la provincia, ex agentes o estructuras paralelas en la obtención de datos sobre la familia de Adorni.
La causa no solo debería apunta a saber qué dijo Tailhade, sino cómo lo supo. Para el Gobierno, el nivel de detalle sobre movimientos privados, custodia y actividades personales de la esposa de Adorni excede la discusión política. El asunto obliga a revisar si detrás hubo una red informal de información, alimentada por antiguos vínculos de inteligencia, contactos territoriales y sectores de seguridad enfrentados con la actual conducción oficial.
De acuerdo con esas mismas fuentes, algunos de esos agentes tendrían domicilio en San Miguel y zonas aledañas, mientras que otros estarían radicados en el oeste del conurbano bonaerense, incluyendo áreas como Ramos Mejía. No se trata de un dato menor: Tailhade es un dirigente con fuerte recorrido político en la zona de San Miguel y Malvinas Argentinas, donde construyó parte de su armado territorial.
El antecedente cobra relevancia porque el ex funcionario de inteligencia no es un legislador ajeno al mundo de los servicios. Su trayectoria incluye paso por organismos vinculados a la inteligencia estatal, perfil de operador judicial del kirchnerismo y participación activa en denuncias contra jueces, fiscales, dirigentes opositores y funcionarios de distintos gobiernos.
Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, en su momento apuntó contra el diputado Tahilade por el espionaje ilegal a su celular y por la difusión de sus chats en una serie de sitios web.
El Ministerio de Seguridad pidió que la Justicia investigue cómo obtuvo Tailhade la información, si existieron terceros involucrados, si participaron agentes o ex agentes de inteligencia y si se utilizaron recursos del Estado para monitorear o recolectar datos sobre la familia de Adorni.
La causa se abre en medio de otro frente judicial sensible para el jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a partir de compras inmobiliarias, viajes, refacciones en el country Indio Cuá y pagos en efectivo en dólares que también podrían derivar en una investigación por evasión fiscal.
Sin embargo, para el Gobierno, una cosa no debería borrar la otra: las explicaciones patrimoniales de Adorni deberán tramitar por un carril, mientras que la posible obtención ilegal de información privada sobre su esposa y su custodia deberá ser investigada en otro expediente.
La denuncia contra Tailhade coloca nuevamente bajo debate el rol de los servicios de inteligencia, las conexiones políticas heredadas de gestiones anteriores y la utilización de información reservada en la disputa pública. En especial, cuando se trata de datos sobre seguridad, movimientos familiares y rutinas privadas de funcionarios de primer nivel.
La Justicia deberá ahora determinar si las afirmaciones del diputado fueron producto de fuentes políticas, datos públicos o tareas ilegales de inteligencia. Pero el dato político ya está instalado: el Gobierno acusa a uno de los principales operadores judiciales del kirchnerismo de haber cruzado una línea sensible en plena ofensiva parlamentaria contra Manuel Adorni.
