Buenos Aires, 7 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La Justicia federal dio un paso clave en una nueva causa por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos: el fiscal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por el uso de una tarjeta corporativa con la que se habrían realizado gastos personales en el país y en el exterior.
La investigación alcanza no solo a Reidel, sino también a miembros del directorio, síndicos de la empresa estatal y a todos aquellos que hayan utilizado las extensiones de la tarjeta bajo análisis. El expediente quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
Los delitos bajo sospecha
La imputación incluye posibles figuras penales de alto impacto:
- administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
- malversación de caudales públicos
- negociaciones incompatibles con la función pública
- incumplimiento de los deberes de funcionario público
Como primeras medidas, el fiscal solicitó al banco emisor el detalle completo de todas las operaciones realizadas con la tarjeta, incluyendo la identificación de cada usuario y su vínculo con la empresa.
Gastos bajo la lupa: discotecas, peluquerías y compras en el exterior
El expediente se apoya en un informe de 58 páginas que documenta consumos realizados con la tarjeta corporativa, donde se mezclan gastos vinculados a la actividad nuclear con otros claramente ajenos a la función pública.
Entre los consumos detectados figuran:
- pagos en discotecas en Madrid
- servicios de playa en Valencia
- gastos en peluquerías, perfumerías y locales comerciales
- compras en free shops
- consumos en restaurantes, hoteles y tiendas de ropa
Uno de los rubros más reiterados es el de compras en aeropuertos bajo el concepto “Duty Free”, con 45 operaciones que suman cerca de US$ 5.957 y más de $1,1 millones.
También aparecen pagos en locales como “Pub El Pirata”, donde se registraron consumos por US$ 765, y en comercios de indumentaria como Primark, además de múltiples gastos en supermercados y servicios personales.
Viajes y hoteles de alto nivel
El detalle de los movimientos incluye gastos en hoteles de distintas partes del mundo, como:
- Hotel Mayorazgo y Meliá Castilla, en Madrid
- Facade Hotel Amsterdam
- Hotel Du Parc Baden, en Suiza
- St. Regis Hotel, en Singapur
- Gale Miami Hotel
- Windsor Leme Hotel, en Río de Janeiro
- Vienna Marriott y Meliá Vienna, en Austria
Estos registros coinciden con viajes internacionales realizados durante la gestión de Reidel, incluyendo encuentros vinculados al sector nuclear, aunque la Justicia busca determinar qué parte de esos gastos corresponde a actividades oficiales y cuál podría encuadrarse como uso indebido de fondos públicos.
La defensa de Reidel
Tras la difusión de los gastos, Reidel negó haber utilizado la tarjeta corporativa para fines personales y reclamó que se investigue “hasta el último peso”.
“Mis resúmenes no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, ni servicios de playa, ni free shop ni nada”, sostuvo el exfuncionario, en un intento por despegarse de las irregularidades detectadas.
Origen de la causa y contexto político
La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien ingresó al Congreso por La Libertad Avanza pero actualmente se encuentra distanciada del oficialismo y se convirtió en una de sus voces más críticas.
El caso se suma a otros episodios recientes que involucran el manejo de recursos públicos y que impactan en el clima político del Gobierno, en un momento donde la transparencia y la credibilidad institucional aparecen como variables sensibles.
Cambios en la empresa
Tras el escándalo, el actual titular de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, dispuso la eliminación del uso de tarjetas corporativas para viajes, en un intento por evitar nuevas controversias y ordenar los mecanismos de control interno.
Un expediente que puede escalar
La causa recién comienza, pero el volumen de documentación y la diversidad de gastos bajo análisis anticipan un proceso judicial complejo.
La clave estará en determinar quiénes utilizaron efectivamente la tarjeta, con qué autorización y si esos consumos se ajustan a las funciones propias de la empresa estatal.
En ese punto, la investigación podría derivar en responsabilidades penales concretas o, en su defecto, en un caso testigo sobre el uso —y abuso— de herramientas corporativas dentro del Estado.
