Buenos Aires, 18 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Tribunal Oral Federal 7 continuará este martes con la ronda de declaraciones testimoniales en la denominada Causa Cuadernos, uno de los expedientes de corrupción más voluminosos y políticamente sensibles de la historia judicial argentina. Entre los citados aparece el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, convocado como testigo en el juicio oral donde se investiga el presunto pago sistemático de sobornos vinculados a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La audiencia forma parte del tramo testimonial del debate oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada por la acusación como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Gobierno Nacional entre 2003 y 2015. El proceso comenzó en noviembre de 2025 e involucra a 87 imputados, entre ellos ex funcionarios, empresarios y choferes vinculados al circuito investigado.
Según la acusación, la estructura habría operado como una maquinaria de recaudación ilegal montada alrededor de la obra pública, con pagos de empresarios a funcionarios a cambio de adjudicaciones, contratos o beneficios estatales. Cristina Kirchner enfrenta cargos como presunta jefa de una asociación ilícita y por hechos de cohecho pasivo, mientras que también son juzgados 19 ex funcionarios, dos choferes y 65 empresarios, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.
La presencia de Lavagna tiene peso político e institucional. El ex ministro fue una figura central de la economía argentina durante la salida de la crisis de 2001 y continuó en funciones durante el gobierno de Néstor Kirchner hasta 2005. Su testimonio puede aportar contexto sobre el funcionamiento del Estado en aquellos años, los mecanismos de gestión presupuestaria, la obra pública y las áreas donde, según la investigación, habría comenzado a consolidarse un sistema de recaudación ilegal que luego se habría extendido durante el ciclo kirchnerista.
La causa tiene como eje las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien se desempeñó como funcionario del área de Planificación Federal bajo la órbita de Julio De Vido. En esos cuadernos, Centeno registró recorridos, domicilios, nombres y supuestas entregas de dinero que, según la acusación, permitirían reconstruir un circuito de coimas pagadas por empresarios y recolectadas por funcionarios. La investigación periodística original fue impulsada por el diario La Nación, a partir del trabajo de Diego Cabot y otros periodistas.
El caso, sin embargo, también arrastra una fuerte controversia probatoria. Centeno entregó copias de los cuadernos, luego sostuvo que los originales habían sido quemados y más tarde esos originales reaparecieron. Ese recorrido abrió cuestionamientos de las defensas, que objetaron la autenticidad, la cadena de custodia, la autoría y las fechas de las anotaciones. El expediente incorporó peritajes sobre los documentos y el tema volvió a quedar bajo análisis durante el juicio oral.
Durante las últimas audiencias declararon los periodistas Diego Cabot y Candela Ini, cuyas presentaciones motivaron nuevos pedidos de incorporación de prueba y desistimientos de testigos. El TOF 7 mantiene pendientes esas resoluciones, mientras la fiscal general Fabiana León rechazó medidas reclamadas por las defensas al considerar que, en muchos casos, ya habían sido denegadas en etapas anteriores.
Además de Lavagna, también fueron convocados para esta ronda la ex diputada nacional Mariana Zuvic y el financista Leonardo Fariña, aunque la presencia de este último habría quedado cancelada luego de que la defensa de Oscar Centeno manifestara que no tenía interés en interrogarlo. La nómina de testigos continuará durante las próximas semanas con funcionarios, ex funcionarios, empresarios y personas mencionadas en distintas etapas de la investigación.
Para el jueves están previstos los testimonios de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi. La semana siguiente, si no se producen nuevas modificaciones en el cronograma, deberían comparecer Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos.
El jueves 28, en tanto, están previstos los testimonios de Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramón Micollucci. Ya para las primeras audiencias de junio aparecen en agenda Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo, Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.
El juicio tiene una dimensión institucional enorme porque vuelve a poner en debate el vínculo entre poder político, obra pública y empresarios durante los años de mayor concentración de poder del kirchnerismo. La acusación fiscal sostiene que los fondos ilegales habrían sido recolectados de compañías beneficiadas por contratos estatales y que el dinero habría tenido como destino final la cúspide del poder político. En noviembre de 2025, la fiscalía acusó a Cristina Kirchner de haber sido “destinataria final” de esos sobornos.
La defensa de Cristina Kirchner, por su parte, insiste en que se trata de una persecución judicial y política. Sus abogados cuestionaron la validez de los cuadernos, el régimen de imputados colaboradores y los testimonios de empresarios arrepentidos. La ex presidenta también denunció públicamente supuestas “prácticas mafiosas” y rechazó responder preguntas en el debate oral, una estrategia conocida en sus causas judiciales: denunciar lawfare, atacar al tribunal y evitar el intercambio directo sobre los hechos.
El kirchnerismo busca presentar el caso como una operación política, pero el expediente contiene un volumen de elementos que excede largamente una discusión discursiva. Hay cuadernos, peritajes, declaraciones de arrepentidos, empresarios imputados, ex funcionarios acusados y un circuito de obra pública que durante años funcionó bajo la conducción de áreas estratégicas del Estado. La magnitud del juicio explica por qué el proceso puede extenderse durante años y por qué cada audiencia tiene peso político, aunque avance con la lentitud habitual de los grandes expedientes federales.
La declaración de Lavagna también reabre una pregunta más amplia: cuánto sabía cada nivel del Estado sobre el funcionamiento real de la obra pública durante los primeros años del kirchnerismo. No se trata necesariamente de atribuirle responsabilidad penal al ex ministro, citado como testigo, sino de reconstruir el contexto político y administrativo de una época en la que el poder económico, la contratación estatal y la caja pública se mezclaban con una naturalidad que hoy la Justicia intenta revisar.
La causa también expone una verdad incómoda para la política argentina: durante años, buena parte del empresariado que ahora se presenta como víctima o testigo convivió con el sistema que denuncia. Muchos pagaron, otros callaron y varios recién hablaron cuando el expediente avanzó. Esa es una de las capas más sensibles del juicio: no sólo se investiga a funcionarios que habrían cobrado, sino también a empresarios que habrían aceptado alimentar el mecanismo para sostener negocios con el Estado.
El tramo testimonial será clave para ordenar responsabilidades, medir la consistencia de los relatos y determinar qué pruebas se incorporan definitivamente al debate. En causas de esta magnitud, la memoria de los testigos suele ser selectiva, la prudencia abunda y las respuestas se vuelven quirúrgicas. Pero aun así, cada declaración puede aportar un dato, una contradicción o una confirmación relevante.
La Causa Cuadernos vuelve así al centro de la escena judicial con un testigo de alto perfil y un cronograma cargado. El expediente que incomoda al kirchnerismo no se reduce a una libreta ni a una discusión técnica sobre manuscritos: pone bajo juicio una forma de ejercer el poder. Y si la Justicia logra avanzar con seriedad, sin atajos ni teatralizaciones, el proceso puede transformarse en una radiografía indispensable del sistema de corrupción que acompañó a la obra pública durante más de una década.
