Buenos Aires, 23 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Las peleas internas dentro del oficialismo volvieron a encender alarmas sobre la estabilidad política y económica del gobierno de Javier Milei, no tanto por la existencia natural de disputas de poder, sino por el riesgo de que esas tensiones terminen tapando un problema más profundo: la falta de reformas estructurales en áreas centrales como el sistema previsional, el esquema tributario, la coparticipación federal y la organización económica de largo plazo.
El analista político Sergio Berensztein planteó que las disputas internas son inherentes a cualquier experiencia de poder y pidió desdramatizar parte del ruido que se observa dentro de La Libertad Avanza. Según su mirada, no existe gobierno en la Argentina ni en el mundo donde no haya facciones, tensiones y competencia por influencia. Incluso, sostuvo que esas diferencias pueden ser útiles cuando permiten ampliar el espectro político, contener miradas distintas y construir una base electoral más amplia.
Sin embargo, el punto crítico de su análisis aparece cuando esas peleas dejan de ser expresión de vitalidad política y empiezan a funcionar como una cortina de humo. Para Berensztein, el Gobierno logra que la conversación pública se concentre en disputas menores o escándalos de coyuntura, mientras queda en segundo plano el debate de fondo: la Argentina todavía no avanzó sobre las reformas que necesita para estabilizarse en serio.
La frase elegida por el consultor fue contundente: el oficialismo consigue que se discuta “un córner” en lugar de debatir si realmente “hay juego”. En otras palabras, la interna ocupa el centro de la escena mientras el país sigue sin resolver su estructura impositiva, su sistema jubilatorio, su mercado laboral, la relación entre Nación y provincias y la capacidad de generar empleo privado formal.
La advertencia llega en un momento delicado para la Casa Rosada. El Gobierno intenta recuperar iniciativa legislativa con el envío de cuatro proyectos al Congreso: una nueva Ley de Ludopatía, el denominado Super RIGI, una Ley de Lobby y modificaciones al régimen de Etiquetado Frontal. El paquete busca mostrar actividad política y orientación promercado, pero está lejos de representar la gran reforma integral que Milei prometió durante la campaña.
El Super RIGI apunta a ampliar beneficios para inversiones, la Ley de Lobby procura regular la gestión de intereses ante funcionarios, la iniciativa sobre ludopatía busca ordenar el negocio de las apuestas y los cambios al etiquetado frontal intentan reducir exigencias regulatorias para empresas. Son medidas relevantes, pero no alcanzan para responder a la pregunta central que plantean economistas y analistas: dónde está la reforma tributaria, dónde está la reforma previsional y dónde está el rediseño profundo del Estado.
Berensztein fue especialmente duro sobre ese punto. Afirmó que el Gobierno “no hizo casi nada” de lo que había anunciado como transformación estructural y redujo los avances a una “reformita laboral”. También cuestionó la narrativa presidencial sobre miles de reformas ya implementadas. “No existen 15.000 leyes”, ironizó, al rechazar que una desregulación administrativa, como cambios en registros o trámites, pueda ser presentada como una reforma estructural de la economía.
El capítulo previsional aparece como el más sensible. La Argentina tiene una relación cada vez más desequilibrada entre trabajadores activos que aportan y beneficiarios que cobran haberes. La consecuencia es conocida: jubilaciones bajas, presión fiscal creciente y un sistema que depende de parches permanentes. Pero avanzar sobre una reforma seria implica costos políticos enormes, porque podría modificar edades, beneficios, fórmulas de actualización y condiciones de acceso.
Ese es el dilema que el oficialismo parece evitar de cara a 2027. Hacer una reforma previsional profunda puede ser necesario desde el punto de vista económico, pero puede resultar tóxico en términos electorales. No hacerla, en cambio, permite ganar tiempo, aunque agrava el problema. La administración Milei eligió hasta ahora administrar esa tensión antes que enfrentarla de lleno.
Algo similar ocurre con la reforma tributaria. El Gobierno denuncia, con razón, que la Argentina tiene una presión impositiva absurda, distorsiva y enemiga de la inversión. Pero reducir impuestos sin ordenar el gasto, sin rediseñar la coparticipación y sin acordar con las provincias puede convertirse en una promesa de campaña más que en una política aplicable. La motosierra fiscal estabilizó algunas variables, pero la transformación del sistema tributario sigue pendiente.
El deterioro del empleo y de los ingresos agrega presión. Berensztein advirtió que el ajuste es muy duro y que muchas personas pierden empleo formal o encuentran ocupaciones más precarias, sin seguridad social. Ese fenómeno golpea directamente sobre la legitimidad del plan económico: una parte de la sociedad puede aceptar sacrificios si percibe un horizonte de mejora, pero la tolerancia se reduce cuando el sacrificio se combina con internas, escándalos y promesas que no llegan.
En ese clima aparecen los casos que desgastan al Gobierno. El escándalo Libra, que involucró la promoción presidencial de un token cripto que luego se desplomó, y la crisis vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad, conocida como ANDIS, expusieron flancos delicados para una administración que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, la opacidad y los negociados de la política. La causa ANDIS se originó tras la filtración de audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, sobre un presunto sistema de recaudación de sobornos en compras de medicamentos, según reportes periodísticos.
El problema para Milei no es sólo judicial o administrativo. Es político. Cada episodio de ese tipo golpea la narrativa fundacional libertaria: la idea de que el nuevo poder venía a barrer con la casta y no a reproducir sus peores prácticas. Cuando a esos escándalos se suman peleas entre facciones internas, tensiones entre karinismo, caputismo, menemismo y aliados externos, la imagen que queda es la de un oficialismo más preocupado por controlar resortes de poder que por construir una arquitectura institucional duradera.
La reaparición de Mauricio Macri en Mendoza agregó otro elemento al tablero. El expresidente volvió a marcar diferencias con Milei, cuestionó su estilo de liderazgo y advirtió sobre las “fisuras internas” que pueden poner en riesgo el cambio. Aunque respaldó el rumbo general de reformas y la necesidad de ordenar la economía, dejó en claro que el PRO pretende seguir teniendo identidad propia y no quedar absorbido por La Libertad Avanza.
Esa tensión arrastra una conversación pendiente desde el balotaje de 2023. En aquel momento, Macri y Milei exploraron una integración política más profunda, pero el acuerdo nunca terminó de institucionalizarse. El resultado fue una relación ambigua: cooperación parlamentaria, coincidencias ideológicas parciales, desconfianzas personales y competencia por el liderazgo del espacio no peronista.
Berensztein ubicó al PRO como uno de los tres grandes espacios que siguen teniendo peso dentro del sistema político, junto con el oficialismo libertario y el peronismo. Su lectura es que el mapa partidario argentino aún no terminó de reordenarse y que 2027 dependerá, en buena medida, de cómo se configuren esas alianzas. La pregunta es si La Libertad Avanza logrará convertirse en una fuerza nacional estable o si terminará dependiendo de acuerdos inestables con sectores del macrismo y gobernadores.
El peronismo, mientras tanto, observa. Todavía no resolvió su liderazgo ni su oferta electoral, pero sabe que el desgaste económico, la precarización laboral y las internas libertarias pueden devolverle competitividad si logra ordenar su propia crisis. El Gobierno apuesta a que el recuerdo del fracaso kirchnerista siga funcionando como barrera de contención. Pero esa barrera puede debilitarse si la gestión libertaria no muestra resultados concretos en empleo, consumo, seguridad jurídica e inversión.
La advertencia de fondo es que la estabilidad política no se sostiene sólo con equilibrio fiscal ni con discursos épicos. También requiere conducción, coalición, gestión, reformas bien diseñadas y capacidad para evitar que las peleas internas se transformen en parálisis. El Gobierno puede convivir con facciones, pero no puede permitir que las facciones sustituyan al plan.
Para un proyecto que llegó al poder prometiendo una revolución liberal, el riesgo no es únicamente perder elecciones. El riesgo es quedarse a mitad de camino: ajustar sin reformar, confrontar sin construir, desregular sin ordenar y acumular internas mientras la economía real espera señales de largo plazo.
Milei todavía conserva una base política intensa y un capital simbólico fuerte entre quienes creen que su Gobierno representa la última oportunidad de romper con décadas de decadencia. Pero ese capital no es infinito. Las reformas de fondo no pueden ser eternamente reemplazadas por anuncios, batallas culturales o peleas en redes sociales.
La conclusión que deja el análisis de Berensztein es incómoda pero necesaria: las internas son normales, incluso pueden ser útiles, pero se vuelven peligrosas cuando tapan la falta de decisiones estructurales. Y en la Argentina, donde cada demora se paga con inflación, deuda, pobreza o más precariedad, discutir sólo la interna del poder puede ser una forma elegante de no discutir el fracaso de fondo.
