Por RR
Buenos Aires, 23 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La paradoja duele porque es demasiado evidente: Paraguay, un país sin mar, empieza a exportar langostino procesado al mundo, mientras la Argentina, con más de 5.000 kilómetros de costa, una de las pesquerías más valiosas del Atlántico Sur y materia prima de altísima calidad, sigue atrapada en impuestos, costos laborales, energía cara, conflictos sindicales y ausencia de una política productiva inteligente. Paraguay la vio y utiliza el langostino argentino para generar riqueza.
La empresa de capital español South Atlantic avanzó con una inversión de US$ 35 millones en Hohenau, departamento de Itapúa, para instalar una planta de procesamiento de langostinos. El dato central es que, claramente, no se trata de langostinos paraguayos. El producto sale del Mar Argentino, cruza la frontera en camiones refrigerados, se procesa en territorio paraguayo y luego se exporta a mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa.
La fotografía es brutal: la Argentina captura el recurso, pero otro país captura una parte creciente del valor agregado. La Argentina exporta materia prima; Paraguay exporta producto procesado, empaquetado y listo para góndola. La Argentina tiene el mar; Paraguay tiene las fábricas. Y en el comercio global moderno, muchas veces gana más quien transforma que quien simplemente extrae.
La planta de Hohenau fue presentada como una inversión capaz de procesar unas 24 toneladas diarias y generar alrededor de 500 empleos directos, con fuerte participación de mano de obra femenina. Para una ciudad del interior paraguayo, el proyecto representa desarrollo, empleo formal, divisas y encadenamiento productivo. Para la Patagonia argentina, en cambio, representa una señal de alarma que el sistema político parece no querer escuchar.
El fenómeno no se explica por casualidad ni por magia empresarial. Se explica por números. Paraguay ofrece energía barata, menor carga tributaria, régimen de maquila, costos laborales más competitivos y menor conflictividad. La Argentina, en cambio, combina presión fiscal, retenciones, costos energéticos elevados, litigiosidad laboral, trabas burocráticas y sindicatos con capacidad de paralizar plantas en plena temporada.
El resultado es obvio: la inversión va donde puede sobrevivir. Y cuando una empresa decide cruzar la frontera para procesar un producto argentino en un país sin litoral marítimo, el problema no es de los empresarios que buscan eficiencia. El problema es de un Estado argentino que no logra generar condiciones para que el valor agregado quede en casa.
El caso del langostino debería sacudir a la dirigencia nacional y provincial. Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires podrían estar generando más empleo industrial asociado a la pesca, más plantas modernas, más cámaras de frío, más tecnología, más exportaciones con marca y más trabajo privado. Pero en lugar de construir un ecosistema competitivo, la política parece resignada a discutir culpas mientras los camiones se llevan la materia prima hacia otro país. La política está enfocada en internas e insultos y escandalos de corrupción que lejos de generar confianza, dilapida la poca qué se había construido.
La pregunta cae por su propio peso: si el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, empezó a mostrar resultados en minería, gas y petróleo, ¿por qué no pensar en un esquema específico para pesca, acuicultura y producción local exportadora? Si el Gobierno entendió que Vaca Muerta, el litio, el oro y el cobre necesitan estabilidad fiscal, reglas claras y previsibilidad, también debería entender que el Atlántico Sur puede ser una plataforma exportadora de alimentos premium.
Un RIGI pesquero y acuícola podría apuntar a inversiones en plantas de procesamiento, puertos, astilleros, frío industrial, trazabilidad, certificaciones sanitarias, tecnología de empaque, acuicultura intensiva, criaderos, logística y exportación con valor agregado. No se trata de subsidiar ineficiencias, sino de bajar el costo argentino para que producir en la Patagonia o en el litoral vuelva a tener sentido económico. Tampoco se trata de bajar impuestos a una actividad y que el estado deje de percibirlos, esa industria no exiiste y todo lo que ingrese suma, no resta,
La Argentina no puede seguir regalando etapas de la cadena. Pescar y exportar congelado en bloque es apenas una parte del negocio. El mayor valor aparece cuando se pela, clasifica, cocina, empaqueta, certifica, marca y vende al consumidor final. Ese proceso genera empleo, tecnología, divisas y arraigo territorial. Cuando se hace afuera, todo eso también se va afuera.
El régimen paraguayo de maquila muestra una diferencia clave: reglas simples. Un tributo único, previsibilidad, orientación exportadora y menor fricción administrativa. Mientras tanto, en la Argentina, cualquier empresa que quiera agregar valor enfrenta una combinación de impuestos nacionales, provinciales, municipales, cargas laborales, costos financieros, controles, inspecciones y conflictividad que muchas veces vuelve inviable lo que productivamente sería lógico.
La dirigencia sindical también debería tomar nota. Defender empleo no puede consistir en convertir cada planta en un campo de batalla. Cuando los paros, bloqueos y rigideces terminan empujando inversiones a otro país, el resultado no es más protección para el trabajador argentino, sino menos trabajo argentino. El empleo no se defiende destruyendo la competitividad de quien lo genera.
La desidia oficial es todavía más grave porque la Argentina tiene ventajas naturales extraordinarias. Tiene costa, puertos, recurso pesquero, experiencia exportadora, plantas existentes, técnicos, universidades, conocimiento marítimo y una marca internacional asociada a alimentos de calidad. Lo que falta es una política consistente que conecte esos activos con inversión, estabilidad normativa y apertura de mercados.
Otra
A esa agenda debería sumarse la acuicultura. La Argentina no puede depender sólo de la captura salvaje. El mundo demanda cada vez más proteínas acuáticas producidas bajo sistemas controlados, trazables y sostenibles. Allí aparece una oportunidad concreta: asociarse con Taiwán, un socio con experiencia técnica en piscicultura, cría de especies de agua dulce, manejo de laboratorios, producción de larvas y transferencia de tecnología.
Taiwán trabaja desde hace años en proyectos de acuicultura en países aliados, incluido Paraguay, y posee experiencia en la cría del camarón gigante de Malasia, conocido científicamente como Macrobrachium rosenbergii. Se trata de un crustáceo de agua dulce, de alto valor comercial, con demanda en mercados asiáticos y posibilidades de desarrollo en sistemas controlados. En ejemplares grandes puede alcanzar pesos muy significativos, y su producción requiere conocimiento técnico, manejo sanitario, genética, alimentación adecuada y control ambiental.
La Argentina podría aprovechar esa experiencia taiwanesa para impulsar polos de piscicultura y carcinicultura de agua dulce en regiones con disponibilidad hídrica, clima adecuado o capacidad de sistemas intensivos bajo ambiente controlado. Provincias del NEA, del NOA y áreas con infraestructura agroindustrial podrían convertirse en plataformas para producir camarones, peces y otros productos acuáticos destinados al mercado interno y la exportación.
No se trata de improvisar ni de introducir especies sin estudios. Cualquier proyecto de este tipo debe contemplar bioseguridad, impacto ambiental, controles sanitarios y adaptación climática. Pero justamente por eso hace falta un Estado que piense, planifique y convoque a los que saben. Taiwán tiene técnicos, tecnología y experiencia. La Argentina tiene territorio, agua, mercado, necesidad de divisas y productores capaces de reconvertirse si existen reglas claras.
El problema es que, hasta ahora, el país parece reaccionar tarde. Mientras Paraguay atrae plantas para procesar langostino argentino, la Argentina sigue discutiendo cómo sostener un sistema que expulsa valor. Mientras el mundo demanda alimentos con trazabilidad, el país se conforma con vender materia prima. Mientras otros ordenan impuestos y logística, la política argentina se entretiene en discursos y parches.
La oportunidad está servida. Un programa serio para pesca, acuicultura y valor agregado podría combinar beneficios fiscales, estabilidad de largo plazo, reducción de retenciones para productos industrializados, créditos para frío y tecnología, acuerdos sanitarios internacionales, capacitación laboral, incentivos a puertos patagónicos y cooperación con países como Taiwán, Japón y Corea del Sur.
El RIGI demostró que cuando la Argentina ofrece previsibilidad, aparecen proyectos. Lo hizo en minería, gas y petróleo. La pregunta es por qué esa lógica no puede aplicarse también al mar, a los ríos, a los criaderos y a la producción de alimentos exportables. El país necesita dólares, empleo privado y desarrollo regional. La pesca y la acuicultura pueden aportar las tres cosas.
El caso Hohenau debería funcionar como cachetazo. No es razonable que el langostino argentino viaje cientos de kilómetros para que el valor agregado quede en un país sin mar. No es razonable que la industria local pierda empleo por costos que el propio Estado genera. No es razonable que provincias con puertos, trabajadores y tradición pesquera vean cómo la renta se muda por falta de competitividad.
La Argentina tiene el recurso, pero eso ya no alcanza. En el mundo actual, la riqueza no está solamente en tener mar, tierra, gas, litio o petróleo. Está en tener un sistema capaz de convertir recursos en productos, productos en exportaciones y exportaciones en empleo formal.
Paraguay entendió la cuenta. La Argentina todavía la discute.
