Washington, 23 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La administración de Donald Trump profundizó en los últimos días su estrategia de presión contra Cuba, en una ofensiva que combina sanciones, gestos judiciales, movimientos de inteligencia y un discurso político cada vez más orientado a forzar cambios de fondo en el régimen comunista de La Habana. Sin embargo, el tablero cubano presenta diferencias estructurales con el venezolano y, por ahora, no aparece como una réplica sencilla del escenario que terminó con la caída de Nicolás Maduro en enero.
La comparación con Venezuela resulta inevitable. En aquel caso, tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de manera interina. Ese esquema de sucesión, aunque atravesado por tensiones, ofrecía una figura claramente ubicada en la línea de reemplazo. En Cuba, en cambio, no existe una autoridad equivalente que pueda ordenar una transición rápida alrededor del presidente Miguel Díaz-Canel o del histórico exmandatario Raúl Castro.
La estructura de poder cubana, además, fue diseñada durante décadas para evitar la aparición de liderazgos alternativos. El Partido Comunista de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los organismos de seguridad interna operan como un bloque de control político, económico e ideológico mucho más cerrado que el venezolano. Ese dato complica cualquier cálculo de Washington: en La Habana no hay una oposición con el peso popular y la proyección internacional de María Corina Machado, ni una figura de recambio interno con legitimidad suficiente para absorber el poder sin fracturas.
En ese marco se inscribe la inusual visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana, donde mantuvo contactos con funcionarios de inteligencia cubanos y con Raúl Guillermo “Raulito” Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. El viaje alimentó versiones sobre posibles canales discretos de negociación, aunque el joven Castro no ocupa un cargo formal en el gobierno y, hasta ahora, no existen señales concretas de una ruptura familiar o política con el núcleo duro del régimen.
La imputación de Raúl Castro en Estados Unidos por cargos vinculados con hechos del pasado elevó todavía más la tensión. Para Washington, el movimiento judicial forma parte de una ofensiva destinada a acorralar a la conducción histórica cubana. Para La Habana, en cambio, se trata de una escalada política y de una señal de que la Casa Blanca busca llevar la presión al máximo nivel simbólico: ya no sólo contra funcionarios operativos, sino contra el apellido que representa la continuidad de la revolución comunista desde 1959.
El principal impulsor político de esta línea dura es Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los dirigentes republicanos que más ha insistido durante años con la necesidad de terminar con el régimen castrista. Para Rubio, un cambio profundo en Cuba tendría una dimensión estratégica, ideológica y también personal. Pero el costo de un fracaso sería alto: Estados Unidos ya enfrenta compromisos militares y presupuestarios de enorme magnitud, incluida la campaña contra Irán, y una crisis mal administrada en la isla podría derivar en una ola migratoria hacia Florida.
A diferencia de Venezuela, Cuba no ofrece un incentivo económico inmediato. No posee las enormes reservas petroleras venezolanas ni un sector energético capaz de atraer rápidamente a empresas estadounidenses. Su turismo, controlado en buena medida por el aparato estatal y militar, ya venía golpeado por problemas de infraestructura, falta de competitividad y escasez de servicios básicos. La crisis eléctrica, la falta de combustible y el deterioro general de la economía incrementan el malestar social, pero también elevan el riesgo de un colapso desordenado.
Otro punto clave es GAESA, el conglomerado militar que domina sectores centrales de la economía cubana: hoteles, puertos, supermercados, estaciones de servicio, remesas y entidades financieras. Su peso convierte cualquier transición en un problema mayor. No se trata sólo de cambiar autoridades políticas, sino de desmontar una red económica administrada por militares y sancionada por Estados Unidos. Esa realidad reduce el margen para un acuerdo rápido y ordenado.
También pesa el marco legal. La Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, condiciona el levantamiento del embargo estadounidense a reformas políticas concretas, entre ellas la instalación de un gobierno democrático y el avance hacia elecciones libres. Esa norma limita la capacidad de la Casa Blanca para repetir con Cuba una fórmula pragmática como la aplicada en Venezuela, donde Washington desplazó a Maduro sin resolver de inmediato todos los interrogantes institucionales del día después.
En paralelo, la administración Trump sostiene que la isla se ha convertido en una plataforma de influencia de Rusia y China en el Caribe, especialmente en materia de vigilancia, inteligencia electrónica y seguimiento de objetivos estadounidenses. Esa preocupación refuerza el argumento de seguridad nacional, aunque críticos de la política de presión advierten que un endurecimiento sin plan posterior podría empujar todavía más a La Habana hacia Moscú y Beijing.
La diferencia más sensible, sin embargo, está en el terreno militar. Las fuerzas cubanas aparecen más cohesionadas ideológicamente que las venezolanas y con mayor tradición de inteligencia, contrainteligencia y control interno. Además, agentes cubanos que operaban en Venezuela habrían observado de cerca la dinámica de la ofensiva estadounidense de enero, lo que podría haber servido como aprendizaje para anticipar métodos, tiempos y vulnerabilidades.
Por eso, aunque la presión de Trump sobre Cuba crece y la Casa Blanca parece decidida a debilitar al régimen comunista, el caso cubano no se presenta como una operación de repetición automática. La isla tiene menos recursos para negociar, pero también menos incentivos económicos para atraer una intervención de alto costo; tiene una sociedad exhausta, pero un aparato de seguridad compacto; tiene un régimen desgastado, pero no una alternativa opositora lista para tomar el mando.
En términos políticos, Cuba sigue siendo una pieza de enorme valor simbólico para el anticomunismo regional y para el electorado cubanoamericano de Florida. Pero en términos operativos, legales y estratégicos, el desafío es más complejo que el venezolano. La apuesta de Trump y Rubio puede aumentar la presión sobre La Habana, pero también abre una pregunta central: si el régimen cae o se quiebra, quién tendría capacidad real para ordenar el día después.
