La Paz, 27 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anula las restricciones vigentes para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de una escalada de protestas, bloqueos de rutas y desabastecimiento que ya golpea a La Paz, El Alto, Oruro y otras zonas del país. La decisión deja al presidente Rodrigo Paz con una herramienta política y legal de mayor alcance para enfrentar una crisis que entró en su cuarta semana consecutiva.
La norma fue aprobada con más de dos tercios de los votos y abroga la Ley 1341, conocida como Ley Copa, vigente desde octubre de 2020. Esa legislación establecía condiciones, plazos y controles para la aplicación de estados de excepción y fijaba límites al uso de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflictividad interna. Con su eliminación, el Gobierno queda en condiciones de ampliar la participación militar en el control territorial, aunque la promulgación presidencial y una eventual declaración formal de estado de excepción siguen siendo pasos posteriores.
La votación se produjo en un escenario de fuerte tensión social. Los bloqueos de carreteras alcanzaron cerca de 150 puntos en todo el territorio boliviano, según reportes locales, y afectaron la circulación de alimentos, combustibles, insumos médicos y mercadería básica. La situación es especialmente delicada en el eje La Paz-El Alto, donde el aislamiento de rutas complicó el abastecimiento y elevó la presión sobre el Ejecutivo.
El conflicto es encabezado por sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas, indígenas, mineras, fabriles y juntas vecinales, algunas de ellas fogoneadas por el profugo ex Presidente, Evo Morales. Las protestas exigen medidas económicas urgentes y, en algunos sectores, directamente la renuncia de Rodrigo Paz, a quien responsabilizan por la crisis social, la escasez de dólares, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida.
El Gobierno boliviano sostiene que enfrenta un intento de desestabilización institucional y ya llevó su denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese marco, Paz anunció cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico Social para intentar abrir canales de negociación, aunque descartó dialogar con sectores que exigen su salida del poder.
La crisis escaló en los últimos días con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En La Paz, la policía antidisturbios chocó con grupos que intentaron bloquear el acceso al aeropuerto internacional desde El Alto, una medida que habría profundizado el aislamiento de la capital administrativa. Las autoridades usaron gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes avanzaran hacia zonas sensibles del poder político.
El cuadro económico agrava la tensión. Bolivia atraviesa una combinación peligrosa de escasez de divisas, falta de combustible, inflación elevada y caída de la actividad. Reportes internacionales señalaron una contracción proyectada del producto y un aumento de precios que golpea con fuerza a los sectores populares. En ese contexto, los bloqueos funcionan como herramienta de presión política, pero también profundizan el desabastecimiento que dicen denunciar.
La habilitación legislativa para una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas genera, al mismo tiempo, respaldo y preocupación. Para el oficialismo y sectores que reclaman recuperar la libre circulación, la medida puede ser necesaria para despejar rutas, garantizar corredores humanitarios y restablecer el abastecimiento. Para grupos opositores y organizaciones de izquierda, en cambio, la derogación de la Ley 1341 abre la puerta a una respuesta militarizada frente a la protesta social.
La Ley 1341 había sido sancionada en 2020, tras la crisis política de 2019, con el objetivo de poner límites a los estados de excepción y evitar abusos en el uso de la fuerza pública. Su eliminación, por eso, no es un trámite menor: toca una fibra sensible de la historia reciente boliviana, marcada por ciclos de movilización social, intervención militar, caída de gobiernos y disputas por la legitimidad del poder.
El debate también expone una contradicción de fondo. Bolivia necesita recuperar el orden y la circulación, pero cualquier operativo mal ejecutado puede disparar una crisis mayor. Si las Fuerzas Armadas intervienen y se producen muertos o heridos graves, Paz enfrentará una presión política todavía más fuerte. Si no interviene, los bloqueos pueden seguir expandiéndose y terminar paralizando al país.
La comunidad internacional observa con preocupación. Estados Unidos y la Unión Europea pidieron una salida pacífica y diálogo, mientras que el Gobierno boliviano acusó a actores externos de alentar la inestabilidad. La tensión diplomática llegó incluso a la relación con Colombia, después de que La Paz expulsara a la embajadora colombiana Elizabeth García por considerar que declaraciones del presidente Gustavo Petro constituían una intromisión en asuntos internos.
En paralelo, Chile envió ayuda humanitaria a Bolivia ante el desabastecimiento en La Paz, con cajas de alimentos transportadas en un avión militar. El gesto mostró que la crisis boliviana ya desbordó la agenda interna y empieza a preocupar a los países vecinos, tanto por el impacto humanitario como por el riesgo de una desestabilización prolongada.
Para Rodrigo Paz, el dilema es complejo. Debe mostrar autoridad sin alimentar la imagen de represión. Debe recuperar rutas sin convertir a los bloqueadores en mártires. Debe evitar que el país quede paralizado, pero también necesita abrir una respuesta económica creíble para sectores que sienten que la crisis les cayó encima sin amortiguadores.
La sombra de Evo Morales también sobrevuela el conflicto. El Gobierno ha insinuado que sectores ligados al expresidente y a organizaciones cocaleras tendrían participación en la ofensiva política y social contra Paz. Esa lectura convierte los bloqueos no sólo en una protesta económica, sino en una disputa por el poder y por el control de la calle, un terreno donde el evismo históricamente mostró capacidad de movilización.
La aprobación legislativa marca un punto de inflexión. Hasta ahora, el Gobierno intentaba combinar policía, diálogo, corredores humanitarios y denuncia internacional. Con la derogación de la Ley Copa, el Ejecutivo queda más cerca de una respuesta de fuerza si considera agotadas las vías políticas. El costo de esa decisión, sin embargo, puede ser alto.
Bolivia vuelve a quedar atrapada entre dos riesgos: la parálisis por bloqueos o la militarización del conflicto. En el medio, millones de ciudadanos enfrentan falta de alimentos, combustibles, medicamentos y transporte. La pregunta ya no es sólo si Paz podrá despejar las rutas, sino si podrá hacerlo sin incendiar todavía más un país que conoce demasiado bien los efectos de la crisis permanente.
