Rosario, 26 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El narcotráfico, el lavado de dinero y las economías ilegales siguen marcando la agenda de seguridad en Rosario y en buena parte de Santa Fe, mientras el gobierno de Maximiliano Pullaro apuesta a una reforma procesal de alto impacto político, pero cuestionada por especialistas que advierten que el problema de fondo no está en la falta de leyes, sino en la escasa capacidad real del Estado provincial para golpear el corazón financiero del crimen organizado.
La administración santafesina exhibe como logro la baja de homicidios respecto de los picos de violencia de años anteriores. Sin embargo, los datos oficiales muestran que la provincia continúa atravesada por una estructura criminal persistente. En 2025 se contabilizaron 210 víctimas de homicidios en Santa Fe, de las cuales 115 correspondieron al departamento Rosario y 52 al departamento La Capital. Es decir, casi ocho de cada diez homicidios provinciales se concentraron en esos dos territorios. Además, cuatro de cada diez asesinatos en la provincia se produjeron en contextos de economías ilegales u organizaciones criminales.
El dato resulta central: la violencia bajó, pero la matriz criminal no desapareció. El propio informe del Observatorio de Seguridad Pública reconoce que una proporción significativa de los homicidios sigue vinculada a mercados ilegales. En términos políticos, eso significa que las bandas pueden haber reducido su exposición letal por presión policial, federal y penitenciaria, pero conservan capacidad económica, logística y territorial.
En el primer trimestre de 2026, el gobierno provincial informó 23 homicidios en el departamento Rosario, contra 38 en igual período de 2025 y 81 en 2023. La reducción es evidente y debe ser reconocida, pero no alcanza para cantar victoria: el crimen organizado no se mide sólo por muertos, sino también por dinero, protección, extorsión, corrupción, lavado, control barrial, armas y capacidad de regeneración.
Allí aparece el punto más débil de la política santafesina. Pullaro endurece el mensaje público, impulsa cambios procesales y busca mostrar autoridad frente al delito, pero los mercados ilegales que explican buena parte de la violencia siguen moviendo millones. Drogas, juego clandestino, armas, usura, extorsiones, negocios inmobiliarios, vehículos, comercios de fachada y circuitos financieros informales componen una economía criminal que no se desarma con anuncios ni con reformas pensadas para la tribuna.
El gobierno provincial creó en 2025 el Comité de Bloqueo Económico al Crimen Organizado (COBECO) como instancia de articulación dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad. El decreto oficial estableció que su misión es relevar y sistematizar información para contribuir al diseño de políticas destinadas a identificar y debilitar la capacidad económica del crimen organizado.
El problema es que, hasta ahora, esa herramienta aparece más como una señal institucional que como un sistema antilavado robusto, operativo y con resultados públicos contundentes. Para enfrentar mafias con abogados, contadores, testaferros, comercios pantalla y conexiones políticas, Santa Fe necesita mucho más que un comité: requiere inteligencia patrimonial, investigación financiera, coordinación real con UIF, AFIP/ARCA, registros públicos, fiscalías especializadas, municipios y justicia federal.
La crítica de fondo es que Pullaro todavía no toma el toro por las astas. Mientras el Gobierno discute reformas procesales, el dinero negro continúa circulando. Y si ese dinero no se corta, las organizaciones criminales siempre encuentran reemplazos: cae un tirador, aparece otro; se detiene un soldadito, surge un nuevo reclutado; se allana un búnker, se abre otro punto de venta.
El núcleo del problema no está sólo en la calle, sino en los escritorios. El crimen organizado no sobrevive únicamente por la violencia armada, sino por su capacidad de lavar ganancias y comprar protección. Sin decomiso efectivo, sin persecución patrimonial, sin trazabilidad de activos y sin control sobre los circuitos donde se reciclan fondos ilegales, la política de seguridad queda incompleta.
En ese marco, las reformas procesales impulsadas por el gobierno santafesino generaron un fuerte debate. La provincia sostiene que busca dar más herramientas a policías, fiscales y jueces frente al delito. En su comunicación oficial, presentó la reforma del Código Procesal Penal como la mayor modificación desde 2007, con el objetivo de agilizar procedimientos y fortalecer la respuesta estatal.
Pero distintos sectores jurídicos advirtieron que parte de esas medidas podría chocar con garantías constitucionales. Entre los puntos más cuestionados aparecen la ampliación de allanamientos sin orden judicial, la validación de prueba obtenida de manera irregular, el aumento de facultades fiscales sin control judicial suficiente y la habilitación de zonas de intervención policial con poderes excepcionales.
La pregunta incómoda es si esa reforma apunta al verdadero centro del problema o si terminará saturando el sistema penal con casos menores, mientras los empresarios del crimen organizado siguen protegidos detrás de estructuras legales, testaferros y contactos. Perseguir “perejiles” puede generar estadísticas rápidas, pero no desarma una economía criminal que se reproduce en barrios, cárceles, cuevas financieras, estudios contables y negocios formalmente lícitos.
Rosario conoce demasiado bien esa dinámica. Durante años, la ciudad vio cómo bandas fragmentadas, clanes familiares y estructuras criminales combinaron narcotráfico, sicariato, extorsiones, amenazas a comercios, ataques a escuelas, balaceras contra estaciones de servicio, intimidaciones a funcionarios y vínculos con sectores policiales o penitenciarios. La violencia fue el síntoma. El dinero fue el motor.
Por eso, el enfoque exclusivamente punitivo resulta insuficiente. La provincia necesita profesionalizar de verdad la Policía de Investigaciones (PDI), dotarla de recursos técnicos, capacidad digital, análisis financiero y formación específica en delitos complejos. Hoy, buena parte de la persecución penal sigue funcionando con herramientas tradicionales frente a organizaciones que operan con celulares encriptados, billeteras virtuales, sociedades pantalla, inmuebles, autos de alta gama y redes de protección.
También falta un sistema provincial antilavado con dientes. Rosario avanzó en 2022 con la ordenanza 10.370, que creó un sistema de control económico-financiero para prevenir el lavado de activos de origen delictivo en el ámbito municipal. Pero el esfuerzo local no puede reemplazar la ausencia de una política provincial integral. El lavado no respeta límites municipales y las organizaciones criminales saben aprovechar esos vacíos.
Otro agujero es la corrupción. Sin un sistema provincial anticorrupción eficaz, con canales de denuncia protegidos, auditorías serias, control patrimonial de funcionarios, prevención de conflictos de interés y sanciones reales, el combate al crimen organizado queda rengo. Donde hay narcotráfico consolidado, siempre hay algún nivel de complicidad, omisión, miedo o captura institucional.
La protección de víctimas y testigos también sigue siendo una deuda. En territorios dominados por bandas, declarar contra una organización criminal puede equivaler a una condena social o física si el Estado no garantiza resguardo. Sin protección efectiva, la investigación penal se debilita, los vecinos callan y los jefes criminales recuperan control.
El gobierno de Pullaro tiene razón en una cosa: Santa Fe necesitaba orden, presencia estatal y una política más firme frente al delito. La baja de homicidios respecto de 2023 no es menor y responde también a la coordinación con fuerzas federales, al endurecimiento del control carcelario y al despliegue del Plan Bandera, que sumó efectivos nacionales en el territorio.
Pero la discusión de fondo va más allá de los patrulleros y los anuncios. La provincia no podrá resolver su crisis criminal si no ataca el flujo económico que alimenta a las bandas. El crimen organizado no se derrota sólo con detenciones: se lo debilita cuando pierde dinero, bienes, protección política, capacidad logística y legitimidad territorial.
En ese punto, Pullaro enfrenta su verdadero examen. Puede seguir endureciendo el discurso y avanzar con reformas que generen impacto mediático, o puede encarar una política profunda contra el lavado, la corrupción, las redes patrimoniales y los beneficiarios reales del negocio criminal. Lo primero ordena titulares. Lo segundo toca intereses.
La provincia más golpeada por la violencia narco no necesita cortinas de humo ni reformas de efecto rápido. Necesita inteligencia criminal seria, autonomía fiscal, policías investigativas profesionales, jueces con respaldo, decomisos efectivos y una decisión política sostenida para ir contra quienes financian, protegen y reciclan el dinero de las mafias.
El desafío es claro: si Santa Fe no corta la economía del crimen, Rosario seguirá atrapada en ciclos de baja y rebrote de violencia. Hoy puede haber menos homicidios que en los peores años, pero mientras el lavado siga respirando y los mercados ilegales conserven rentabilidad, la amenaza continuará latente.
La pregunta que incomoda al poder provincial es simple: ¿se animará Pullaro a enfrentar al corazón económico de las mafias o seguirá administrando la estadística mientras el crimen organizado conserva sus cajas?
