Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 29 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El intento del Gobierno de Javier Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza federal en La Plata abrió una nueva grieta entre La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas en el Senado, en medio de una pulseada más amplia por el control de lugares estratégicos de la Justicia y con el telón de fondo de causas sensibles para la Casa Rosada, como $LIBRA.
La decisión oficial generó fuerte ruido político porque Michelli, actual secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de esa ciudad y ya contaba con dictamen de comisión. Sin embargo, el Gobierno pidió retirar su pliego luego de conocerse su vínculo familiar con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, cuñado de la postulante.
El dato no es menor. Alconada Mon viene investigando expedientes incómodos para el oficialismo, entre ellos la causa por la criptomoneda $LIBRA, el crecimiento patrimonial de funcionarios y denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en áreas sensibles del Estado. En el Senado, varios bloques dialoguistas consideran que retirar una candidatura judicial por el parentesco con un periodista crítico puede sentar un precedente institucional peligroso.
El problema para La Libertad Avanza es que el retiro del pliego debe ser tratado en el recinto. Sin apoyo de los bloques aliados, el oficialismo no tiene mayoría para imponer su criterio. Legisladores de la UCR, PRO, Primero los Salteños, Independencia, Frente de la Concordia, Provincias Unidas y Convicción Federal aún evalúan su postura, aunque varios ya hicieron saber que no acompañarían una marcha atrás sin fundamentos sólidos.
La resistencia no es sólo parlamentaria. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, expresó preocupación por la práctica de retirar pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo, especialmente cuando la candidatura obtuvo dictamen de comisión. La entidad advirtió que ese mecanismo debe aplicarse de manera restrictiva y con razones claras, para evitar arbitrariedades, abusos o sospechas de utilización política del sistema de selección judicial.
El caso Michelli expone una contradicción incómoda para el Gobierno. Mientras la Casa Rosada busca mostrarse como una fuerza que combate la vieja política, el retiro del pliego aparece ante sus críticos como una decisión motivada por enojo político antes que por objeciones técnicas a la postulante. La pregunta que circula en despachos legislativos es simple: si la candidata tenía antecedentes suficientes para ser enviada al Senado, qué cambió ahora, salvo su parentesco con un periodista incómodo para el poder.
La tensión se vuelve más sensible porque, en paralelo, el Gobierno decidió volver a mover pliegos judiciales que también habían generado ruido interno. Entre ellos aparecen Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para integrar la estratégica Cámara Federal en lo Penal Económico, un tribunal clave en causas vinculadas a contrabando, delitos tributarios, lavado, comercio exterior y expedientes con impacto económico.
Los nombres de Galván Greenway y Catania quedaron bajo observación por fallos o intervenciones vinculadas a expedientes que favorecieron al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. En el oficialismo hubo marchas y contramarchas sobre esos pliegos: primero se habló de frenarlos, luego de sostenerlos, y ahora el tema volvió a quedar atravesado por la interna libertaria y por el rol del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Ese contraste alimenta la sospecha política: se busca retirar el pliego de una candidata por ser cuñada de un periodista que investigó al Gobierno, mientras se intenta avanzar con magistrados cuestionados por su vínculo indirecto con causas sensibles para la conducción del fútbol argentino. Para sectores dialoguistas, esa asimetría debilita el discurso oficial de transparencia institucional.
El capítulo judicial tiene además una derivación más profunda: la relación entre el Gobierno, los tribunales federales y los servicios de inteligencia. En la causa $LIBRA, que golpea de lleno a la administración libertaria por el escándalo de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, el expediente tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, un magistrado históricamente señalado por sus vínculos en los pasillos de Comodoro Py.
En ese tablero vuelve a aparecer el nombre de Antonio Stiuso, el sinuoso y controvertido ex agente de la SIDE echado del organismo, señalado en distintas versiones políticas y judiciales como un operador con influencia en zonas sensibles de la Justicia federal. Ese poder de fuego no habría nacido de la nada: se habría construido durante años a partir de su intervención, desde los pliegues de la inteligencia estatal, en causas por narcotráfico de origen dudoso y finales llamativamente convenientes, así como en expedientes vinculados a la ex AFIP, hoy ARCA, bajo la órbita actual de Andrés Vázquez,(investigado por evasión y lavado) en la justicia con derivaciones sobre grandes empresas. Según lecturas publicadas en medios nacionales, Stiuso mantendría además canales de interlocución con Santiago Caputo, el asesor presidencial que conserva una fuerte ascendencia sobre áreas de inteligencia y sobre buena parte de la estrategia política del oficialismo.
Esa presunta conexión entre Caputo, Stiuso y sectores de Comodoro Py aparece como una pieza relevante para entender la preocupación dentro del Gobierno por la causa $LIBRA. El expediente, en manos de Martínez de Giorgi, puede convertirse en un problema judicial de alto impacto para el Presidente y para su hermana, Karina Milei, justo cuando la administración libertaria intenta ordenar su frente legislativo y mostrar gobernabilidad.
La figura de Stiuso vuelve así a quedar asociada a los sótanos del poder judicial y de inteligencia. Echado de la ex SIDE, pero nunca del todo ausente de los circuitos, el ex espía aparece en distintas versiones como un actor con llegada a jueces, fiscales, operadores y viejas terminales del sistema y tambien en el exterior, donde, actualmente, agencias de EEUU, lo observan con recelo. Muchos recuerdan a Stiuso dentro del marco del asesinato del ex fiscal Alberto Nisman, a quien durante ese fatidico fin de semana no le atendio el telefono en infinitas oportunidades, por que lo que en sede judicial adujo que habia vajado el volumen del teléfono, algo curioso en un espia.
El problema para Milei es que ese universo no encaja cómodamente con la narrativa libertaria de ruptura con la casta. El Gobierno promete terminar con privilegios, discrecionalidad y pactos de poder, pero al mismo tiempo queda envuelto en decisiones judiciales difíciles de explicar: el veto a Michelli, la tensión por los pliegos de Galván Greenway y Catania, la incidencia de Mahiques, los movimientos en Comodoro Py y la sombra persistente de operadores de inteligencia.
El Senado será ahora el primer campo de batalla. Si los bloques dialoguistas rechazan o bloquean el retiro del pliego de Michelli, el Gobierno sufrirá un traspié político en un terreno especialmente delicado. Si, en cambio, logra imponer su criterio, quedará instalado el precedente de que una candidatura judicial puede caer no por objeciones profesionales, sino por el vínculo familiar con un periodista que incomodó al poder.
Esa es la preocupación central de parte de la oposición y del mundo jurídico. La independencia judicial no se defiende sólo evitando presiones sobre jueces en ejercicio. También se protege cuando los concursos, pliegos y acuerdos se manejan con criterios institucionales, no como premios, castigos o señales de alineamiento político.
La situación también revela tensiones dentro del propio oficialismo. Karina Milei, Santiago Caputo, Juan Bautista Mahiques y distintos sectores de La Libertad Avanza mantienen miradas cruzadas sobre el armado judicial, las alianzas parlamentarias y los riesgos que enfrenta el Gobierno en tribunales. La causa $LIBRA opera como punto de presión, mientras el caso Adorni, los cuestionamientos patrimoniales y los informes sobre transparencia agregan ruido a la agenda institucional.
En el fondo, el veto a Michelli es mucho más que una discusión por un pliego. Es una postal del modo en que el poder político intenta ordenar la Justicia en función de sus urgencias. Y también una señal de alarma para periodistas, jueces y legisladores: investigar al poder no debería convertirse en un costo para familiares o terceros sin responsabilidad en esas investigaciones.
El Gobierno todavía puede corregir el rumbo y explicar con fundamentos técnicos por qué pretende retirar la candidatura. Pero si la única razón verificable sigue siendo el parentesco con Alconada Mon, el episodio quedará como un gesto de castigo político. Y en un país con instituciones frágiles, ese tipo de gestos no sólo erosiona la confianza en la Justicia: también confirma que la batalla por los tribunales sigue siendo una de las zonas más opacas del poder argentino.
